Legislatura porteña: una reforma judicial enfrenta a los jueces y al kirchnerismo con Juntos por el Cambio

Con los jueces nacionales en alerta máxima ante lo que interpretan como un avance sobre su jurisdicción, la Legislatura porteña tiene previsto tratar hoy un proyecto de ley que permite que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad intervenga como máximo tribunal de apelación de las causas civiles, laborales, comerciales, incluso penales, que tramitan ante la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires.

De prosperar la iniciativa, si un juez comercial dicta un fallo, lo revisaría la Cámara Comercial y el tribunal superior ya no sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino, primero, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Recién luego se involucraría la Corte nacional.

El kirchnerismo ya denunció que esta ley es a medida de la causa del Correo de la familia Macri, para que la Justicia porteña, mas cercana a Pro, dicte un fallo que los favorezca. Pero lo cierto es que la defensa de los Macri ya intentó acudir ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para apartar a la fiscal Gabriela Boquín del caso del Correo, pero la Cámara Comercial lo desconoció. Pueden intentarlo de nuevo, con otros incidentes de esta causa, si se aprueba esta ley.

“Esta ley tiene nombre y es Correo. Es un gesto, es darle una herramienta más a Mauricio Macri por parte de los legisladores oficialistas para que pueda dilatar esta causa. El Tribunal Superior de Justicia ya aceptó la competencia y la Cámara de la Justicia Nacional ya desconoció sus fallos, con lo que todo quedará en manos de la Corte”, dijo a LA NACION la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira.

Esta reforma trae controversia porque implica que mediante una ley local se reformulen disposiciones de los códigos procesales nacionales que regulan las causas civiles, comerciales, penales o laborales, por ejemplo. Además, implica una especie de traspaso encubierto de la Justicia Nacional a la Ciudad, por lo que los jueces nacionales se pusieron en alerta para frenar la ley que pueda surgir de la sesión de este jueves. Por eso es que los jueces nacionales de las tres listas que integran la Asociación de Magistrados y Funcionarios se opusieron tajantes, con un comunicado, en contra del proyecto.

La iniciativa es impulsada por los bloques de Juntos por el Cambio en la Legislatura que hoy tienen previsto aprobar esta norma, pues tienen los votos necesarios para hacerlo, explicó a LA NACION Martín Ocampo, legislador porteño y exministro de Justicia de la Ciudad.

Ocampo defendió la ley porque dijo que es de autonomía de la Ciudad, que defiende los derechos de los porteños a litigar ante la Justicia local, que es un acto reparativo y que le da a los porteños la misma cantidad de instancias que tienen en las provincias para defender sus derechos.

Gastón Blanchetiere, legislador del partido Confianza Pública y miembro del bloque Vamos Juntos, le dijo a LA NACION que el Superior Tribunal de Justicia a lo sumo puede habilitar un recurso extraordinario, pero “no puede dar vuelta un decreto de quiebra, del Correo por ejemplo, excepto que sea dictado violando preceptos constitucionales”. Y agregó: “No implica una tercera instancia”.

La oposición, en cambio, sostiene que se trata de tener un “control político” de determinadas causas judiciales. Neira dijo que el oficialismo porteño busca tener un “control político-jurídico sobre determinadas causas”. Y señaló que es “vergonzoso” poner a la Legislatura a hacer este gesto para Macri.

La diputada Lucía Cámpora, del Frente de Todos, advirtió: “Intentan institucionalizar un mecanismo para que las causas terminen en los tribunales amigos del oficialismo de la Ciudad. Y sabemos cómo se compone el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tiene hasta funcionarios del gobierno de Mauricio Macri”.

“Esta ley abre la puerta a un conflicto judicial. El problema práctico surgirá cuando el Tribunal Supremo de la Ciudad le ordene a la Cámara que se revoque una medida y la Cámara diga ‘no tengo por qué hacerte caso’”, explicó Neira.

El proyecto que llegará al recinto se titula “Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales”. Sin embargo, uno de sus artículos modifica la Ley 402, de “procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”. Se establece que los recursos ordinarios de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad puedan proceder “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal”.

¿Puede la defensa de los Macri intentar que algún incidente, como la quiebra por ejemplo, de la causa del Correo sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad? Pueden intentarlo cuando se apruebe esta ley, pero haciendo algún planteo constitucional, y el tribunal a lo sumo podría abrirle el recurso para que intervenga la Corte. La Justicia Nacional por ahora ya bloqueó esta posibilidad y el tema lo tiene la Corte. El Procurador Eduardo Casal dictaminó contra los deseos de los Macri.

El precedente Levinas

De hecho, hay otros precedentes de la Justicia porteña que están en manos de la Corte. El leading case para saber hasta dónde llegan las facultades la Justicia Nacional y las de la Ciudad, es el caso del periodista Gabriel Levinas, ante la falta de una ley o convenio específico que haya regulado la transferencia judicial al ámbito local, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

La familia del artista León Ferrari litigó contra Levinas. La Justicia civil lo condenó a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari. La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010. Contra ese fallo, Levinas dedujo recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que pertenece a la Justicia local. La Cámara Civil -Justicia Nacional con asiento territorial en la ciudad- hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. Hasta que el caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que -antes de decidir- le pidió opinión al procurador Casal. La Procuración opinó contra el deseo de Levinas y de los legisladores de Juntos por el Cambio.

El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional. La reforma constitucional de 1994 -que reconoce la autonomía porteña- estableció la creación de una Justicia local en la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias. Pero no se concretó aún la transferencia total de la Justicia Nacional (que ya existía asentada en el territorio porteño) a la órbita local. Es más, los jueces nacionales se resisten a ese traspaso.

A falta de una ley o convenio específico y la demora de mas de 26 años desde la reforma constitucional, la Corte mediante su jurisprudencia fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires no es federal, sino que versa sobre la interpretación y aplicación del derecho común, cuyo conocimiento corresponde a la ciudad de Buenos Aires.

Pero quienes se oponen a que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revise los fallos de la Justicia Nacional sostienen que la Justicia porteña no tiene potestad para revisar las sentencias de la Cámara Nacional en lo Civil, que solo pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia. Hay convenios y leyes de transferencia parcial, que no alcanzan a la Justicia laboral, civil o comercial.

La Corte avanzó tímidamente con varios fallos con el aval a la Justicia local. Eel último de ellos es el fallo Bazán, de 2019, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tiene potestad para intervenir en conflictos de competencia entre jueces no federales radicados en la Capital Federal.

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