Marcha atrás: el oficialismo eliminó del Presupuesto el pago de un 15% extra en los planes especiales de la medicina privada, pero la oposición desconfía

Ante las críticas opositoras y la fuerte presión de las empresas de medicina prepaga y obras sociales, el oficialismo dio marcha atrás y eliminó del dictamen de presupuesto 2023 el polémico artículo que propuso el diputado sindicalista Sergio Palazzo por el cual se las obligaba a tributar el 15% sobre el monto adicional que pagan sus afiliados por los planes especiales de adhesión voluntaria. Sin embargo, el Frente de Todos mantuvo en el texto otro artículo que permite que las prepagas y las obras sociales puedan gravar estos mismos planes especiales o complementarias.

La oposición está en alerta y anticipó su rechazo. No bien recibieron el dictamen del presupuesto, esta tarde, observaron que la propuesta de Palazzo había sido eliminada del texto. Pero advirtieron que un nuevo artículo del texto -el 129- mantiene todavía abierta la posibilidad de que estos planes complementarios o superadores que ofrecen las empresas de medicina prepaga y obras sociales puedan ser gravados y que esos aportes sean derivados al Fondo Solidario de Redistribución, tal como pretendía Palazzo. Consultados por LA NACION, fuentes oficiales inmejorables explicaron que se trata de un error involuntario a la hora de compilar los artículos del dictamen final y que finalmente el artículo 129 (que iba atado al artículo propuesto por Palazzo) también será eliminado en una separata (una suerte de “fe de erratas”) del dictamen. La sesión está prevista para el martes próximo.

El propio ministro de Economía, Sergio Massa, muy activo en la definición de la letra chica del dictamen, reclamó ayer que la propuesta de Palazzo no figure en la redacción final del presupuesto. Germán Martínez, jefe del bloque, actuó en consecuencia, lo que desató malestar en la cúpula de la CGT, que respaldó la iniciativa del bancario. La preocupación sindical es por el déficit que tienen las prestadoras médicas que están a su cargo.

El texto del artículo propuesto por Palazzo establecía lo siguiente: “Todo cobro adicional percibido de las obras sociales comprendidas en el artículo 1° de la ley 23.660 que exceda el aporte y/o contribución fijada en el artículo 16 de la ley 23.660 deberá tributar un 15% adicional destinado al Fondo Solidario de Redistribución. Exceptúese de lo previsto en este artículo a los mayores aportes que tengan origen en las convenciones colectivas de trabajo y los acuerdos paritarios que tengan por objeto contribución extraordinaria específica a la obra social de la actividad”.

“Asimismo -añadía- todo cobro percibido por las empresas de medicina prepaga correspondiente a beneficiarios del sistema de obras sociales realizado tanto por el beneficiario como su empleador cuyo objeto sea complementar el costo deberá abonar un 15% adicional destinado al Fondo Solidario de Redistribución. Para dar cumplimiento a este artículo los sujetos comprendidos en el artículo de la ley 26682 serán los agentes de retención de los aportes aludidos debiendo transferir los mismos al Fondo”.

La inclusión del artículo en el proyecto de presupuesto 2023 desató el inmediato rechazo de Juntos por el Cambio, que advirtió que se trataba de un “golpe a la clase media” ante una eventual suba de las cuotas de la medicina privada. Palazzo relativizó esta posibilidad. “No debería ser así porque es un costo que deberían absorber las empresas de medicina prepaga y las obras sociales”, enfatizó.

Un “fondo sanitario” que genera sospechas

Las suspicacias opositoras en torno al dictamen elaborado por el oficialismo están a la orden del día. Por caso, desde Juntos por el Cambio advirtieron también sobre la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud, de un “Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio” cuyo único objeto será “centralizar el financiamiento, la cobertura y la compra en forma completa de la tecnología sanitaria para las patologías de mayor impacto financiero durante 36 meses”. Los alcances de este fondo se aplicarán tanto a los beneficiarios del Sistema nacional del Seguro de Salud (leyes 23.660 y 23.661), del sistema previsto por la ley 26.682 como de aquellos cubiertos por el sistema público nacional.

La diputada Graciela Ocaña alertó sobre los riesgos de este artículo “No se puede dejar que quienes no compraron de manera adecuada y certera las vacunas contra el Covid pretendan ahora concentrar la atención de las enfermedades más graves, como las discapacidades y las enfermedades oncológicas. Esto huele a un ‘negocio’ entre algunos laboratorios y funcionarios del Gobierno”, advirtió.