El gobierno de Milei reconoció el reclamo de la Ciudad por la coparticipación y buscará un camino para cumplir el fallo de la Corte

El jefe de gobierno, Jorge Macri, inició hoy una negociación compleja con la administración de Javier Milei con el objetivo de lograr la restitución de fondos coparticipables para financiar la Policía porteña y destrabar el conflicto por una deuda de $350.000 millones.

El alcalde quedó satisfecho tras reunirse esta tarde con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el Palacio de Hacienda. Es que el funcionario nacional reconoció el reclamo de la Ciudad y se comprometió a buscar un camino para cumplir el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2022, cuando Alberto Fernández estaba al frente del Ejecutivo. Sin embargo, el resultado fue el arranque de un largo proceso: Caputo admitió la voluntad de pagar, pero resta saber cuándo se ejecutará y qué esquema se instrumentará.

Mientras avanzan con el plan de shock de ajuste para reducir el gasto público e intentan sortear las trabas judiciales y políticas a las reformas para desregular la economía, Milei y Caputo repiten como un mantra que “no hay plata” en las arcas públicas. De hecho, anunciaron la reducción al “mínimo” de las transferencias discrecionales a las provincias como parte del paquete para reducir el déficit fiscal.

Jorge Macri llegó a la primera cumbre con la expectativa de que Milei comience a depositar el 2,95% de los recursos que fijó el máximo tribunal en su medida cautelar. Además, la Ciudad pretende que el Estado nacional asuma la deuda de 350 mil millones de pesos que se acumuló desde hace un año debido a la decisión de Fernández de no acatar la orden judicial. Y se retiró del primer round de la negociación con un modesto triunfo político.

En un mensaje que publicó a través de las redes sociales, Jorge Macri consideró que el diálogo entre la Ciudad y la Nación reflejaba un “cambio de época”. Y cargó sus tintas contra el kirchnerismo por “ignorar” e “incumplir” la sentencia de la Corte. “Ambas partes, la Ciudad y la Nación, buscamos en el diálogo llevar adelante nuestra vocación de lograr consensos y acordar en aquellos puntos que son mejoras para los vecinos”, sostuvo.

Apenas concluyó el encuentro en el Palacio de Hacienda, los voceros de Caputo y Jorge Macri confirmaron que la gestión de Milei “no desconoció la situación legal existente”. Además, anunciaron la conformación de una mesa de trabajo, que estará integrada por representantes de equipos técnicos de ambas administraciones y tendrá la tarea de analizar los números y consensuar un esquema financiero que permita a la Nación cumplir con el fallo e incrementar el reparto de fondos para solventar la Policía porteña. “Vamos a buscar la manera, en este contexto de grave situación fiscal del país, de vehiculizar que se cumpla el fallo y se pase del 1,4% de coparticipación al 2,95%”, explicó una fuente porteña al tanto de las tratativas.

Tanto Caputo como Jorge Macri calificaron de “buena” la primera reunión para desactivar el conflicto y evitar que la Corte intervenga y dicte una sentencia definitiva. De esta forma, le enviaron señales al máximo tribunal de que intentarán encontrar una salida política y una solución consensuada. Era justamente lo que esperaban los jueces antes de que iniciara la feria. A fines de noviembre, después de que Milei se impusiera en el balotaje, la Corte rechazó las excusaciones y recusaciones que presentó Fernández contra los jueces antes de dejar el poder. Y quedó en condiciones de resolver la cuestión de fondo en la causa y los pedidos de embargo que presentó la Ciudad en los últimos meses.

No obstante, en los Tribunales apostaban a que, con el recambio de autoridades en la Nación y la Ciudad, se restituya el diálogo entre ambas jurisdicciones para lograr un acuerdo. Es más: la Corte podrían volver a convocar a las partes a una audiencia.

El ministro de Economía de Milei estuvo escoltado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la subsecretaria de Relaciones con las provincias, Valeria Sánchez; y el asesor Diego Aduriz. En un comunicado escueto, Caputo dijo que su cartera “se comprometió a interiorizarse en los detalles técnicos” del reclamo del gobierno porteño.

La Casa Rosada debe hacer equilibrio ante el conflicto porteño porque Milei requiere recolectar votos para conseguir el aval del Congreso a la ley ómnibus y varios gobernadores, como Axel Kicillof, reclaman por el reparto de recursos coparticipables.

En sintonía con el pronunciamiento de Caputo, Jorge Macri celebró que la gestión de Milei haya reconocido el “derecho” que tiene la Ciudad de que se aumenten los fondos que recibe para solventar la Policía Porteña. Pese a que contrastó esa actitud con la postura intransigente que mantuvo la gestión del Frente de Todos, fue cauto respecto de las chances de que la Casa Rosada ejecute el pago en el corto plazo. “Esperamos que se pueda cumplir con el fallo de la Corte, entendiendo las limitaciones que el Gobierno nacional tiene hoy: las de un país que lo han dejado en una situación muy débil”, puntualizó.

El jefe de gobierno llegó al Palacio de Hacienda acompañado por un scrum de colaboradores: concurrieron Néstor Grindetti, ministro coordinador; el titular de la cartera de Hacienda, Gustavo Arengo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Guillermo Romero. “No se desconoció nuestro reclamo y estamos muy tranquilos. Hay que darles el tiempo para analizarlo”, comentó Grindetti una vez concluido el encuentro.

Jorge Macri reclama que Milei cumpla con la medida cautelar que dictó el máximo tribunal del país a favor de la Ciudad, cuando Fernández estaba en el poder. En ese fallo, la Corte dispuso que, hasta que resuelva la cuestión de fondo en la causa por la quita de fondos de un punto que activó Fernández, en 2020, el Estado Nacional debía pagarle a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable. El gobierno del Frente de Todos no solo recusó a los jueces por el fallo, sino que optó por no acatar la sentencia.

Por lo tanto, Fernández siguió depositando en las arcas de la Ciudad el 1,4% de los fondos coparticipables. Ese era el porcentaje que había sido fijado a través de la ley 27.606, que fue sancionada en el Congreso con el impulso del kirchnerismo en pleno conflicto político por la poda inconsulta.

Tras su asunción, Milei mantuvo el esquema de reparto de fondos coparticipables que heredó de Fernández. Dicho de otro modo: hasta ahora le transfirió el 1,4% al Ejecutivo porteño y no, el 2,95%. Por la diferencia entre el monto que pagó el Estado Nacional desde diciembre pasado y la cifra que había establecido la Corte se acumuló una deuda de alrededor de 350 mil millones de pesos.

“El gobierno nacional no desconoce nuestro reclamo y estamos muy tranquilos con el concepto. Se habló de la deuda y el flujo de lo que viene. Ahora hay que trabajar”, dijo Grindetti apenas salió de la reunión.

El jefe de Gabinete porteño aseguró que la Ciudad le dará “tiempo” a la administración de Milei para que cumpla con el reclamo y analice los números. A su vez, celebró la predisposición de ambas partes de buscar un acuerdo y coordinar el trabajo. Fuentes del Ejecutivo porteño deslizan que tienen en cuenta la situación de crisis económica y financiera que atraviesa el Estado nacional.

Tres claves del conflicto

• La disputa se originó después de que Fernández recortara los fondos de la Ciudad con el argumento de que Macri le había transferido un excedente de coparticipación a Larreta cuando traspasó la Policía Federal a la órbita del gobierno porteño, en 2016. En ese momento, Macri subió el coeficiente de la Capital del 1,4% al 3,75%. Luego, se redujo al 3,5% con el pacto fiscal de 2017.
• El 10 de septiembre de 2020, Fernández le quitó por decreto un 1,18%. Después lo redujo al 1,14% cuando el kirchnerismo aprobó por ley un nuevo esquema de financiamiento de la Policía porteña. En esa normativa, Fernández añadió que, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, la Nación le transferiría una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional.
• Larreta recurrió a la Corte. El 21 de diciembre de 2022, los jueces, por unanimidad, dictaron una medida cautelar a favor de la Ciudad. Ordenaron que Fernández le transfiera el 2,95% hasta resolver la cuestión de fondo. La Capital aporta a la masa coparticipable entre el 22% y el 25% del total y ahora percibe el 1,4%.