Cristina Kirchner entró en una tregua con la oposición y prepara su ofensiva legislativa para fin de año

Después de casi cinco meses de tensión, con acusaciones cruzadas, impugnaciones ante la Justicia y una virtual ruptura de relaciones, el Senado vivió la semana pasada una sesión en la que el Frente de Todos, liderado por Cristina Kirchner, y Juntos por el Cambio mostraron que, aún con fuertes diferencias políticas e ideológicas, se puede legislar sin discursos altisonantes ni descalificaciones personales.

Sin embargo, todo indica que los gestos de distensión de los últimos días son la calma que antecedente a la tormenta, y que más pronto que tarde Cristina Kirchner volverá a la carga con la agenda de temas que la llevó a colisionar de frente con la oposición y que convirtió al recinto de la Cámara alta en un campo de batalla político casi en continuado desde junio último.

Por lo pronto, la vicepresidenta ya bajó la orden de que el Senado sesione todas las semanas hasta fin de noviembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias.

Cristina Kirchner no solo busca mostrar una Cámara alta en funcionamiento para contrastarla con la parálisis legislativa del último año del gobierno de Juntos por el Cambio. También pretende administrar la agenda legislativa del Senado de cara a las dos próximas grandes batallas que aparecen en el horizonte cercano del oficialismo: el Presupuesto 2021 y el impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

Mientras espera la llegada de esos temas, ambos por ser discutidos en la Cámara de Diputados, y de algún otro proyecto que podría salir a la superficie antes del fin del año parlamentario, la vicepresidenta ha decidido poner en pausa su agenda legislativa personal, centrada en todos aquellos dirigentes y funcionarios, sobre todos los judiciales, a los que acusa de haber participado del "lawfare" en su contra.

Así, la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal, que preside el senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), detuvo su ofensiva contra el procurador general interino Eduardo Casal y no se reúne desde el 25 de agosto.

Como para que tenga en claro que no hay olvido ni perdón, hace diez días el nombre del jefe provisorio de los fiscales volvió a convertirse en objeto de una cuestión de privilegio, impulsada por Dalmacio Mera (Catamarca). Con un discurso confuso y desordenado, el catamarqueño llevó a Cristina Kirchner a extrañar los filosos e hiperbólicos ataques de Doñate contra Casal.

La ofensiva sobre el procurador interino se paró, en parte, por la falta de recursos para atacar al funcionario. Los últimos testimonios recogidos por la Bicameral, como el del fiscal de Tierra del Fuego Adrián García Lois, avergonzaron hasta a los propios legisladores kirchneristas por la endeblez de sus denuncias.

Pero la principal causa del freno al ataque a Casal son las complicaciones planteadas en otro de los frentes abiertos por Cristina Kirchner: el de los jueces desplazados.

La aceptación por parte de la Corte del per saltum planteado por los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli contra el rechazo de los traslados que votó el Frente de Todos en el Senado encendió luces de alarma en el tablero de comando de la vicepresidenta.

El caso Farah

La decisión del máximo tribunal terminó convirtiéndose en una carambola que, tras impactar en el caso Casal, también dio de lleno en otra de las jugadas que preparaba el oficialismo: el regreso de Eduardo Farah a la Cámara Federal, el mismo tribunal del que pretenden echar a Bruglia y Bertuzzi.

En este caso, la mayoría oficialista de la Comisión de Acuerdos tenía previsto avanzar hace tres semanas con la firma de un dictamen, también de rechazo a su traslado. A diferencia de sus colegas desplazados, Farah implora que le nieguen el acuerdo a su pase a un juzgado federal de San Martín. Como la vicepresidenta, dice haber sido víctima de los ataques del macrismo y que por esa razón pidió salir de la Cámara Federal.

A estas claras señales políticas, que han servido para distender el clima político en la Cámara alta, se han sumado algunos gestos que se tradujeron en los cambios que vivió el recinto en la última sesión.

Para permitir el ingreso de más senadores al recinto, una de las concesiones otorgadas a Juntos por el Cambio, la vicepresidenta ordenó desplazar el muro de pantallas que había instalado en el recinto y que mantenía inutilizado casi dos tercios del hemiciclo. El corrimiento permitió liberar dos nuevas hileras de bancas.

La oposición cree que la paz en el Senado terminará pronto. En el Instituto Patria ya preparan la estrategia legislativa hasta fin de año y no descartan incluir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una carta atractiva para un Gobierno que necesita desviar el foco de la crisis económica.

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