Tras el martes negro, el Gobierno enfría a la ley ómnibus, no activa aún un plebiscito y apuesta al ajuste fiscal de Caputo

Habían pasado las 22 del martes y, todavía en el Congreso, un grupo de libertarios (legisladores, funcionarios y asesores) que acababa de ejecutar la dramática decisión de retroceder con la ley Bases apuraba un bocado a modo de cena. Con los ecos de la sesión frustrada -y Javier Milei muy lejos y con amplia diferencia horaria-, los colaboradores oficiales trazaban los pasos a seguir. También esbozaban una flamante narrativa oficial para acompañar la nueva etapa que inaugurará el Gobierno tras la derrota legislativa, con los puentes detonados con la oposición dialoguista y con los gobernadores .

Calificadas fuentes del Gobierno señalaron que el oficialismo no retomrá el debate de la ley Bases en comisiones, luego de que el tratamiento volviera a foja cero por decisión de La Libertad Avanza, que decidió patear el tablero cuando vio que su iniciativa se desgajaba en la votación de los artículos en particular. Ayer por la noche, en esa cena, no se habló nada sobre fechas ni se mencionó una prórroga de las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada hoy dieron por cerrada la discusión parlamentaria. “Cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse, eso indica la experiencia”, reconoció esta mañana un colaborador oficial.

Mientras tanto, desde Israel, Milei tuiteó y acusó de “traidores”, sin distinciones, a quienes no acompañaron el proyecto. Además, dijo que “la Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país”. Quienes trataron con el Presidente en las últimas horas señalaron que estaba “muy enojado” si bien “sabía que esto podía pasar”. Y aseguraron que fue el jefe de Estado quien, desde allá, pidió levantar la ley.

Uno de los representantes del Gobierno que participó activamente de las negociaciones comentó: “Tal vez en algunas semanas o en un par de meses los gobernadores se persuadan de que el país necesita la ley”. Dio a entender que la intención de la Casa Rosada es retomar con la discusión de la ley más adelante sólo si los consensos “fluyen” y que el Gobierno no se embarcará otra vez en una carnicería de tire y afloje como hizo en las últimas semanas.

Cerca de Milei, en tanto, desestimaban avanzar por la vía del plebiscito, aún cuando el Presidente anoche les dio “like” a mensajes en la red social “X” que alentaban esta idea. En LN+, anoche, tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como el portavoz, Manuel Adorni, señalaron que el jefe de Estado podría echar mano de “todos los recursos constitucionales” para avanzar con su plan. “Milei, si tiene que llamar a plebiscito, lo hará”, dijo Francos.

Lo cierto es que , al menos hasta hoy, el camino de la consulta popular -que pondría otra vez a prueba el respaldo ciudadano a una gestión libertaria que viene de obtener el 56% en el balotaje- no se activó . “No lo veo, con la gestión económica podemos avanzar igual”, dijo a LA NACION un encumbrado colaborador de la Casa Rosada. Habrá que ver qué espíritu trae el Presidente de su viaje y si decide embarcarse con el artículo 40º de la Constitución.

La otra herramienta que el Gobierno tiene sobre la mesa es la de avanzar con algunas reformas por decreto. “Sí, punto por punto, vamos a ver cómo vamos a avanzamos con las herramientas constitucionales que tenemos”, dijo el portavoz Manuel Adorni en la conferencia de prensa consultado sobre esa posibilidad. En una charla en Israel, Milei hoy dijo que Federico Sturzenegger trabaja en nuevos decretos de modernización del Estado y en desregulaciones que se conocerán en las próximas semanas.

El argumento que dan en los pasillos oficiales para sacar el pie del acelerador de la ley ómnibus (alguna vez Milei pretendió que se debatiera de forma expeditiva, incluso los fines de semana) es que “el contenido de la ley apuntaba a resolver el largo plazo”, pero que el Gobierno tiene a mano otras herramientas para avanzar con el ajuste fiscal sin depender del contenido del proyecto ómnibus.

“Vamos a seguir gobernando de la manera que lo venimos haciendo, los problemas de corto plazo, de hecho, los estamos resolviendo sin ley. La ley era para resolver el largo plazo, para atraer inversiones y darle una señal al mundo de que nos abrimos al sector privado”, dijo a LA NACION un importante ladero presidencial. Y agregó: “Queremos que salga nuestra ley. Un proyecto adulterado no lo queremos”.

Así, discursivamente, después del revés de la votación, anoche el oficialismo se replegó en la intransigencia como el primer día, antes de que se iniciaran las interminables negociaciones con los bloques amigables de Diputados.

En la práctica, en el Gobierno apuestan a pilotear la crisis gracias a los dólares de la cosecha gruesa mientras profundizan las medidas de ajuste y siguen recuperando las reservas del Banco Central. “La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. No dramaticemos lo de hoy”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, otro de los artífices del portazo oficial, que tuvo su primer capítulo cuando se retiró del proyecto el capítulo fiscal.

La discusión de los fondos a las provincias, aseguran en la Casa Rosada, también quedó en suspenso. “De eso, nada”, soltó ayer un colaborador oficial visiblemente ofuscado. En la Casa Rosada pretendían habilitar esa negociación con los gobernadores recién con la ley en la mano, pero esa promesa a futuro no terminó de persuadir a los mandatarios provinciales.

De hecho, según fuentes oficiales, hoy estaba prevista una reunión de Luis Caputo con el gobernador santafecino Maximiliano Pullaro, que el Gobierno suspendió. Las provincias tildadas de “traidoras” por la Casa Rosada son -además de Santa Fe- Córdoba, Salta, Jujuy y Neuquen.

De la confianza a la nada

Si bien todavía hay acusaciones cruzadas por lo que pasó ayer, al final del día quedó en evidencia que se impuso el ala más ideológica del gabinete, que prefirió la nada a obtener una ley a medias.

De la reunión que el martes a la mañana tuvo Francos con los jefes de los bloques dialoguistas hubo dos versiones, solo coincidentes en el hecho de que el meollo del asunto estaba en los fondos que reclaman las provincias por la merma de la coparticipación que provocó la reforma del impuesto a las Ganancias durante la campaña presidencial. En Juntos por el Cambio deslizaron que los titulares de las bancadas transmitieron que iban a retirar de la ley el artículo referido al impuesto PAIS y postergar la discusión de ese impuesto para abordarla junto al resto de la cuestión fiscal pendiente con las provincias.

En el Gobierno aseguraron que eso no se acordó y que en cambio sólo se pautó que el Gobierno le transmitiría a los gobernadores “certezas por la cuestión de los fondos”. Un actor clave presente en esa conversación fue el asesor presidencial, Santiago Caputo, que sin embargo buscó pasar desapercibido en los corrillos parlamentarios y no fue mencionado en la Casa Rosada como parte de la tropa de negociadores de esta semana.

Tras la reunión matutina en el Congreso, el ministro de Economíamantuvo conversaciones con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y con Pullaro. Francos hizo lo propio con otros gobernadores de menor peso territorial. “Parecía que los consensos estaban”, dijo un funcionario que evidentemente pecó de voluntarista.

Cuando arrancó la sesión, Francos -que dedicó parte de su agenda del día a otros temas, como la cuestión de los incendios en la Patagonia y un encuentro con ejecutivos de Flybondi- siguió el debate desde su despacho. Santiago Caputo hizo lo propio desde el salón de las Mujeres del primer piso de la Casa Rosada, donde trabaja el equipo de redes sociales de Milei. En el Congreso estaba el vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, otro de los actores clave de Balcarce 50, que seguía el detalle fino de los cambios en la ley.

Pasadas las 18, la votación en particular de la ley era un drama para el Gobierno. Buena parte de los bloques de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, donde abrevan siete gobernadores, rechazaban importantes artículos de las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo.

Se acercaba peligrosamente el capítulo de las privatizaciones y Santiago Caputo, principal representante de Milei en Buenos Aires, se trasladó raudamente desde la Casa Rosada hasta el Congreso. Junto con Rolandi, intervinieron cuando en la sesión se pidió un cuarto intermedio. La decisión oficial se consumó en ese tramo de la tarde. Apenas la sesión se reanudó, el jefe del bloque oficialista, Oscar Zago, pidió que el proyecto volviera a comisión.

“Cuando vimos que lo que era importante no estaba saliendo, todo dejó de tener sentido. Lo importante eran las delegaciones, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo de hidrocarburos”, apuntó un colaborador oficial.

Con toda la trama de negociaciones en foja cero, parte de la cúpula del Gobierno (con Milei a la distancia) redefinió el discurso oficial y apuntó que la ley no es “urgente” como se había dicho en un principio. Además, decidieron difundir una lista de quienes “traicionaron a sus votantes”, con los apellidos de los diputados que votaron en contra de algunos artículos. En la lista incluyeron a la excandidata a gobernadora de La Libertad Avanza, Carolina Píparo.

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