Uno de los gremios estatales que participó de las reuniones de transición aseguró que habrá despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos gremios con peso en la administración pública, pronostica un fin de año conflictivo. En su plenario con dirigentes de todo el país, se informó que de las reuniones de transición en las que avanzan los equipos de la gestión saliente (la de Alberto Fernández) y la entrante (la de Javier Milei) se conversó sobre un “fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos ministerios y organismos nacionales”. Por esta razón, ATE activó medidas de fuerza preventivas, que comenzaron hoy con una huelga en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que se extenderá hasta el miércoles.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, y Daniel Catalano, el jefe estatal de la seccional porteña, advirtieron que el próximo gobierno tiene previsto avanzar con despidos, un plan de retiros voluntarios y anticipo de jubilaciones. Lo aseguraron en base a información recolectada por delegados de distintas áreas del Poder Ejecutivo que participaron en las negociaciones de transición que se generaron la semana pasada entre miembros de La Libertad Avanza y Unión por la Patria.

“Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo gobierno contempla el despido de miles de estatales, es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. A los economistas que están llegando al Gobierno les interesa solo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión”, señaló Aguiar, quien reemplazó hace un mes en la jefatura del gremio a Hugo Godoy, ahora a cargo de la CTA Autónoma.

“La reforma del Estado viene con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Hay que prepararse para la etapa que viene y evitar la mayor cantidad de despidos. No podemos prever lo que va a pasar el 11 de diciembre, sabemos que se viene una situación de caos”, alertó Catalano en declaraciones a Radio Provincia. Catalano, que es admirador del chavismo venezolano, se define como un militante “del campo nacional y popular”, pero en el fondo es ultrakirchnerista. Lo dejó en claro cuando con su tropa sindical intentó replegar a un grupo de manifestantes que activaron en octubre de 2020 un reclamo frente al departamento de Cristina Kirchner, en el barrio de la Recoleta. Ahora, se prepara para lo que él llama “la resistencia”. Lo explicó así: “Esperamos que el gobierno no tenga violencia institucional ni política porque vamos a defender los puestos de trabajo desde la masividad y eso es lo que estamos construyendo. Vamos a transitar una etapa de resistencia”.

En la administración pública nacional hay unos 135.000 empleados de los cuales más de la mitad están nonbrados en planta permanente o transitoria y gozan de estabilidad. El resto está con contratos bajo la resolución 48, como se conoce en la jerga estatal. En este universo no se contabilizan a las fuerzas de seguridad, que también dependen de la administración pública nacional. “Hay unos 64.000 empleados estatales que están en peligro. Hubo un incumplimiento de la gestión actual en la regularización de muchas personas y ahora somos rehenes de una transición de la que nadie se quiere hacer cargo”, dijo Aguiar a LA NACION. ATE se disputa la representación de los estatales con UPCN, que tiene más peso en el sector y que está a cargo de Andrés Rodríguez, número tres de la CGT.

Una de las reuniones de transición que hubo la semana pasada fue en el Ministerio de Trabajo, donde Raquel “Kelly” Olmos recibió a Omar Yasin, Gustavo Morón y Horacio Pitrau, los tres hombres fuertes provenientes de Pro que se harán cargo de la cartera laboral. Yasin, que será el secretario de Trabajo y responderá a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, le aseguró a Olmos que no tenían previsto recortes de personal en el área, según reconstruyó LA NACION a partir de testigos del encuentro.

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