Sin control. Hay casi 7000 presos en prisión domiciliaria, pero sin tobillera electrónica

El 5 del actual, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Cinturón Sur capturaron en el barrio porteño de Balvanera a un sospechoso de varios delitos. Los uniformados estaban tras sus pasos después de recibir el pedido de captura emitido por un tribunal federal de San Martín. Ese hombre estaba procesado en dos causas por narcotráfico y había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Estaba en el lugar fijado como hogar solo con la promesa de no salir de esa casa. No tenía ninguna forma de monitoreo externo. Y no cumplió su palabra, claro. La Justicia se enteró de que el detenido en su domicilio se había convertido en un prófugo solo por la denuncia de la expareja de ese hombre, que fue amenazada y atacada por la persona que, supuestamente, estaba presa. No se trata de un caso aislado, de la excepción en una regla que beneficia a procesados y condenados frente a la falta de alojamiento en penales.

Y el riesgo de esa medida no es menor. Es que hay casi 7000 presos que cumplen la detención en sus casas sin ninguna clase de control estatal. Las tobilleras electrónicas, están disponibles en otros expedientes, no en los que tratan a esos detenidos fuera de la mirada oficial. Uno de esos beneficiados, por ejemplo, mató el año pasado a la psicóloga María Rosa Daglio, en Belgrano al 300, en Ramos Mejía. Alejandro Miguel Ochoa es un motochorro que se dedicaba a asaltar mujeres que caminaban solas. Subía su moto a la vereda y las atacaba por la espalda. Eso había hecho en Mar del Plata. Y lo atraparon. Sin embargo, obtuvo la prisión domiciliaria y salió del penal de Batán sin tobillera electrónica. Antes de ser grabado por una cámara de seguridad durante el homicidio de Daglio, ningún sistema de control había detectado su traslado al conurbano.

El informe estadístico 2022 de la Procuración Peniteniciaria de la Nación señala a 11.827 presos que cumplen la medida de restricción de la libertad en sus domicilios. De ese grupo, 6913 no cuentan con tobilleras electrónicas para el control más efectivo del cumplimiento de la medida judicial.

El uso de la prisión domiciliaria tiene un peso propio dentro de las cifras de detenidos, ya que representa a un 10 por ciento de los 118.849 personas privadas de su libertad que, al menos a comienzos del años pasado, cumplían arrestos en sus casas, en comisarías o en cárceles del sistema penal federal y de los servicios penitenciarios y policías provinciales.

Un problema en comisarías

Alojados en seccionales policías y alcaldías hay 12.077 personas, una cantidad similar a la cantidad de presos bajo arresto domiciliario. Las dos variantes tienen efecto en la seguridad pública. Por un lado están los casos de aquellos que no abandonan el delito mientras cumplen, supuestamente, el arresto en sus casas. Un caso de esas características ocurrió el año pasado en Parque Patricios, donde la Policía de la Ciudad interceptó a un vehículo y encontró que los dos hombres que estaban a bordo portaban una pistola 9mm y un kilo de cocaína. Podría haber tratado de un episodio más de narcomenudeo, pero uno de esos detenidos estaba con arresto domiciliario por otra causa de venta de drogas. Y solo tenía permiso de salir del lugar de detención para llevar a su hijo a la escuela. Esos casos se repiten.

Por otro lado, el alojamiento de detenidos en comisarías provoca la disminución de efectivos en las calles en tareas de prevención del delito, ya que miles de uniformados pasan a ser encargados de calabozos repletos. Ese informe estadístico de la Procuración Penitenciaria Nacional establece que de los 12.077 presos que están alojados en seccionales, 4445 están bajo el cuidado de policías bonaerenses.

No solo la reasignación de policías en tareas para las que no están formados y su ausencia en los puestos callejeros de prevención del delito es uno de los problemas generados por el uso de calabozos en comisarías para compensar la falta de plazas penitenciarias, sino que los propios presos pueden ser, en ese caso, perjudicados. “Hay que destacar, además y especialmente desde un organismo de control que el aumento de personas encarceladas en espacios policiales-comisarías y alcaidías- implica un agravamiento de las condiciones de detención gravísimo”, se indicó en el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

La tendencia en aumento del uso de las comisarías como centros de se mantiene en permanente ascenso desde 2013, cuando 5418 personas estaban alojadas en dependencias policiales. Durante la pandemia se profundizó esa situación, ya que el Servicio Penitenciario Federal se negó a aceptar personas capturadas en la ciudad de Buenos Aires, por lo que tuvieron que abrirse nuevamente alcaldías porteñas y calabozos en las seccionales, pese a las quejas de las autoridades porteñas.

Unas 800 personas esperan en las seccionales porteñas que se libere un lugar en penales federales. Mientras tanto, más de 2000 policías porteños quedan fuera del servicio de protección ciudadana, ya que deben encargarse de la custodia de los detenidos.

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