Extorsión a comerciantes: condenaron a Los Recaudadores, una banda de policías que no tenía límites para pedir coimas

Una banda formada por al menos 12 efectivos de la policía bonaerense llegó a recaudar US$ 100.000 mensuales por coimas que le cobraron a puesteros de la feria La Salada, agencias de automóviles, hoteles alojamiento, talleres mecánicos y fábricas de la zona de Lomas de Zamora.

En las últimas horas el Tribunal Oral N° 7, de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Elisa López Moyano, Roberto Alfredo Conti y Santiago Daniel Márquez, impuso penas de entre 7 y 5 años de cárcel para los efectivos que se desempeñaban en las Delegaciones Departamentales de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús y en la comisaría de Ingeniero Budge.

Al dictar la sentencia, los magistrados consideraron que los policías formaban parte de una asociación ilícita que se dedicaba a exigir coimas comerciantes que instalaban sus puestos en la feria La Salada o tenían locales en el distrito, a cambio de no armar causas penales en su contra o de liberar camiones con mercaderías que secuestraban en controles.

“No había límites. Todo era válido con el objetivo de recaudar dinero”. Con esta frase, tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora describieron, hace cuatro años, los métodos que aplicaba una banda de policías bonaerenses que extorsionaba a comerciantes.

Los jueces condenaron a siete años de prisión al capitán Carlos Daniel “El Dibu” Gómez y a los comisarios Marcelo Maurino, Esteban Lofeudo, Ubaldo Fuenzalida y Rodolfo Moran. Además, los magistrados impusieron la pena de seis años de cárcel para los policías Alberto Damián Tévez, Cristobal González y Bruno Shporluk. Mientras que Roberto “El Tigrillo” Romero y José María Mattos fueron condenados a cinco años y medio de cárcel. En tanto que, Rubén Cañete y Eduardo Moya recibieron una condena de cinco años de prisión.

“En el listado de las actividades ilícitas desarrolladas, la recaudación de sumas dinerarias de manera ilegal representa la ultrafinalidad primordial, y ello se lleva adelante tanto por medio de sus cobradores, como así también puede serlo a cambio de permitir el estacionamiento en la vía pública por medio de otros integrantes, bajo la modalidad comúnmente denominada “trapitos”, o bien, para permitir la actividad comercial en las ferias por parte de los puesteros. Reciben el dinero abonado por los comerciantes sin habilitación para funcionar, o para permitirles a estos vender determinados productos en el lugar libremente. Siendo el extenso complejo y/o predio que conforman las ferias que se conocen como La Salada”, expresaron los integrantes del Tribunal Oral N° 7, en los fundamentos de la sentencia, de 161 páginas.

Los policías habían sido detenidos en junio de 2018. Después de pasar casi cuatro años presos fueron beneficiados con excarcelaciones. Según fuentes judiciales, los que recibieron las penas más altas podrían volver a prisión cuando la sentencia quede firme.

“Policías en actividad, junto a un civil que se hacía pasar por policía, fabricaban procedimientos y negociaban el resultado de las inspecciones que hacían. Si los dueños o los encargados de los comercios eran reticentes a entregar el dinero exigido, les montaban una vigilancia en la puerta, los seguían en vehículos particulares, sacaban fotografías y proferían amenazas. El asedio era tal que uno de los testigos que declararon con reserva de identidad manifestó que tuvo que interponer una acción de habeas corpus”, se explicó en el fallo dictado en diciembre de 2018, cuando una sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora confirmó los procesamientos contra los policías acusados.

La investigación que terminó con las condenas contra los efectivos de la policía bonaerense había sido iniciada por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, a partir de un desprendimiento del expediente por la causa contra Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”.

“Estamos hablando de una banda delictiva muy particular. En primer lugar, por la calidad de sus integrantes, muchos de ellos funcionarios policiales de distintos rangos, otros exonerados de la fuerza y civiles que actuaban en connivencia y con la protección de los policías involucrados”, expresaron los camaristas Carlos Miguel Navascues, Alejandro Guillermo Rolón y Miguel Alberdi, al confirmar los procesamientos de los policías hace cuatro años.

Durante la investigación encarada por el representante del Ministerio Público de Lomas de Zamora, se determinó que la organización delictiva recurría a los servicios de civiles para que juntaran el dinero para ellos. Tan importantes eran los montos que recaudaban que, en el ámbito de la feria La Salada los acusados cobraban coimas a una parte de los 12.000 puesteros se instalaban en el predio y en el espacio público.

Para los jueces del Tribunal Oral N° 7, los uniformados utilizaron recursos humanos y móviles policiales como si fueran parte de una agencia de seguridad privada. Mandaban al personal y los patrulleros a recorrer zonas comerciales en las que ellos cobraban coimas a cambio de protección.

“Se ha logrado establecer que esta estructura asimismo se vale o emplea móviles policiales y también personal policial de la provincia de Buenos Aires en funciones jurisdiccionales, bajo una modalidad compatible con los servicios que brindan las empresas de seguridad privada. Por ejemplo, disponían el lugar donde se apostaran los móviles policiales o los agentes policiales en servicio activo a quienes denominan ‘caminantes’, mientras que, otras veces éstos incluso pueden tratarse de civiles”, describieron los magistrados en los fundamentos de la sentencia.

En algunos de los mensajes de los acusados, que fueron incorporados en el expediente, los policías imputados revelaron su preocupación por la presencia de efectivos de civil de Asuntos Internos de la policía bonaerense o Gendarmería, en inmediaciones del predio de La Salada, a quienes mencionaban, respectivamente, como “la gente de negro” y los “bichos verdes”.

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