Reparación económica: piden que se pague $6.600.000 a cada una de las víctimas de la “secta yogui”
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de hasta 40 años de prisión para los sospechosos, que son juzgados por explotar sexualmente y laboralmente a los fieles en su sede, que funcionaba en un hotel céntrico de Mar del Plata; la fiscalía consideró que debían recibir ese resarcimiento por el “daño moral” sufrido por las acciones atribuidas a los acusados de haberlos explotado sexual y laboralmente en condiciones de servidumbre
LA NACION
En el alegato donde pidió penas de entre 17 y 40 años de cárcel para los responsables de la secta yogui acusados de reducir a la servidumbre, adulterarles la identidad y explotar sexual y laboralmente a más de 30 personas, el Ministerio Público Fiscal solicitó que cada una de las víctimas reciba una “reparación económica” de 6,6 millones de pesos.
El “líder espiritual” del grupo era Eduardo Nicosia. Si no hubiera fallecido en enero de 2021, posiblemente hubiese tenido que responder por todos aquellos delitos, algunos, especialmente aberrantes. Por ejemplo: tuvo 14 hijos con seis víctimas; algunos de ellos, nacidos del vientre de sus propias hijas. Todos ellos le decían “papá”, aunque al menos uno figuró inscripto como hijo de otro miembro de la secta.
Obligaba a las mujeres captadas a tener relaciones con hombres del grupo que él mismo señalaba, como parte de un “aprendizaje sexual”. Tenía, en rigor, “un completo control sobre las vidas y las acciones de las personas participantes de su ministerio, a quienes compelía a desprenderse de sus bienes o pertenencias” en favor de los líderes del grupo criminal, que funcionaba con la fachada de una congregación de yoga y una cooperativa de trabajo, según sostuvo, durante el juicio, el auxiliar fiscal Carlos Fioriti.
La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, a cargo del fiscal Fabián Céliz, y con la asistencia de Fioriti, solicitó penas de 40, 27 y 17 años de prisión para Silvia Cristina Capossiello, Sinecio de Jesús Coronado Acurero y Luis Antonio Fanesi, respectivamente. La acción penal contra Nicosia y contra Fernando Ezequiel Velázquez se extinguió por el fallecimiento de ambos.
“Para reparar el daño provocado a las víctimas, la fiscalía solicitó una reparación económica de 6.600.000 de pesos a cada una por el daño moral sufrido. Para ello, se requirió el decomiso del inmueble situado en diagonal Alberdi 2561, donde está el Hotel City, escenario de gran parte de los hechos”, explicó el Ministerio Público de la Nación en su portal institucional fiscales.gob.ar.
La fiscalía también solicitó librar oficios para informar el estado y saldo de cuentas bancarias encontradas en el Banco de Nueva York y en el JP Morgan. También pidió el decomiso de dos departamentos situados en la ciudad de Buenos Aires, dos motorhome Mercedes Benz, un auto Alfa Romeo y dinero de cuentas corrientes en pesos y en dólares abiertas en el Banco Provincia.
El juicio, a cargo de los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli, comenzó el 13 de septiembre pasado y durante las audiencias declararon 30 víctimas.
Los sospechosos, según la citada publicación, fueron acusados de haber sido parte de una organización con rasgos de secta y bajo la apariencia de un ministerio de yoga que captó y acogió a personas en situaciones de vulnerabilidad con el fin de reducirlas a la servidumbre y lograr su explotación económica, sexual y laboral.
Los hechos habrían ocurrido al menos desde principios de 1970 en Mar del Plata; en Moreno y en la ciudad de Buenos Aires. A partir de 2005 y hasta julio de 2018, según la acusación, tuvieron lugar en el hotel City, en el centro marplatense.
“La idea de los integrantes de esta organización criminal era pasar desapercibidos, que nadie notara nada extraño y que nadie sospechara que allí se estaban cometiendo los delitos más aberrantes. Por eso, era necesario cubrir todos los flancos e inventar familias ficticias”, dijo Fioriti al comenzar la audiencia donde el Ministerio Público pidió las penas de prisión.
En el debate, la Fiscalía General cuenta con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic). En su alegato, el auxiliar fiscal Fioriti explicó que se tuvo en cuenta la gran cantidad de víctimas, los daños psicológicos sufridos y la falta de arrepentimiento de los imputados.
Al referirse al delito de adulteración de identidad, el auxiliar fiscal afirmó: “Recordemos que los niños nacidos en esta secta, desde los primeros años de vida, sabían que su verdadero padre era Nicosia, es más, le decían papá. También ha quedado probado que Nicosia, fruto de las relaciones sexuales que mantuvo con distintas mujeres del grupo, tuvo 14 hijos, dos de ellos con sus hijas biológicas. A uno de ellos lo inscribieron como si fuese hijo de otros miembros de la congregación, alterando y adulterando partidas de nacimiento. Esto es lo que ha surgido de este debate”.
La fiscalía explicó que la prueba expuesta durante el juicio permitió concluir que Capossiello, pareja de Nicosia y madre biológica de dos de las víctimas, “a sabiendas de esa falsedad no solo consintió la ilegalidad, sino que formó parte de la ejecución de las falsedades”.
Sobre los delitos de abuso sexual, Fioriti afirmó: “Estos abusos sexuales fueron cometidos en perjuicio de sus propias hijas que, al momento de comenzar a ser abusadas, eran menores de edad. Estamos en presencia de un delito continuo. Las víctimas de su niñez fueron abusadas sexualmente de manera reiterada, constante y permanente”.
En el alegato de la fiscalía se recordó el testimonio de una de las víctimas, identificada como M.C. Y. C., que afirmó que los abusos comenzaron cuando tenía 6 o 7 años y que llegó a tomar 15 pastillas de un ansiolítico “porque no quería despertar”.
“El conocimiento de los abusos de Capossiello resulta innegable. Los facilitó en innumerables oportunidades. Habiendo tomado conocimiento de aberrantes hechos, no hizo nada para evitarlos”, afirmó el auxiliar fiscal.
Las personas que caían dentro de esta abyecta red tenían características especiales: jóvenes, con adversas circunstancias familiares, bajos recursos económicos, escaso recorrido educativo formal; eran convencidos de realizar un aporte a la organización —la cooperativa de trabajo era la excusa formal— y terminaban reducidas a la servidumbre, explotadas económica y laboralmente y, algunas de ellas, también sometidas sexualmente, según la acusación fiscal.
Todo ocurría dentro del City Hotel: las víctimas vivían bajo el mismo techo que sus victimarios: no iban a la escuela, no se relacionaban con nadie de afuera, eran vigilados a través de videocámaras y si salían, lo hacían en grupo. No podían ejercer su voluntad.
Según la fiscalía, el líder de la organización “se apropiaba de los bienes de las nuevas víctimas que captaba y quienes trabajaban en el hotel lo hacían a cambio de un valor simbólico de dinero, el alojamiento y la comida, o les hacía creer que era comunitario el trabajo, cuando solamente él se beneficiaba”.
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