A ocho años de la tragedia de Beara dan por probado el pago de coimas a policías

Ocho años después de la tragedia de Beara, donde murieron dos mujeres durante una fiesta en ese boliche de Palermo por la caída de un entrepiso habilitado de forma irregular, el fiscal porteño Andrés Madrea dio forma final al círculo de responsables del hecho al encontrar las evidencias del cobro de coimas por parte de policías de la zona.

Los excomisarios de la seccional 25» Rodolfo Cabezas y Luis Acosta, el subcomisario Julio González y el sargento Gustavo Flaminio fueron procesados el viernes pasado por homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves, y cohecho pasivo, según la resolución de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo a la que tuvo acceso LA NACION.

En su investigación del trágico suceso del 10 de septiembre de 2010, el fiscal Madrea logró comprobar, mediante el entrecruzamiento de los registros de llamadas entre aquellos policías y los integrantes de El Viejo Sabio, la sociedad que explotaba Beara (Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Ronaldo Fliess, Iván Andrés Fliess y el encargado Agustín De Grazia), que desde septiembre de 2007 hasta dos días antes del hecho, hubo cientos de conversaciones entre todos ellos actores, incluso durante la madrugada.

"Se reconstruyó de manera íntegra la secuencia ininterrumpida de comunicaciones de reporte de los pagos recaudados específicamente, mes a mes, entre septiembre de 2007 y septiembre de 2010, entre el sargento Flaminio y el comisario Cabezas, que continuó luego bajo el mando del nuevo jefe, el comisario Acosta, los cuales, como contraprestación, jamás intervinieron para frenar la continuidad del uso irregular y con exceso periódico de personas del local Beara", explicó una alta fuente judicial.

De la investigación se desprende un dato más. El celular, tipo Nextel, que utilizaba Flaminio no estaba a su nombre; el equipo y la línea pertenecían al encargado del local bailable Río Cabaña, que es investigado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en una causa de trata de personas.

En esa causa, un testigo de identidad reserva y uno de los procesados declararon que Cabezas enviaba cada vez a un oficial diferente a cobrar un pago mensual de 5000 pesos. El último, en diciembre de 2009.

En la primera parte de la investigación, el fiscal Madrea había secuestrado discos rígidos de las computadoras que había en la sede de El Viejo Sabio; en planillas de Excel y documentos de Word encontró referencias a los pagos de coimas, unos US$30.000, para conseguir todos los permisos de habilitación necesarios para que pudiera funcionar el local. Incluso esa misma cifra se contemplaba en los planes para la apertura del local aledaño a Beara, Caramel, que llegó a funcionar.

En su primera declaración ante la Justicia, Yun había dicho que no tenía relación alguna con Flaminio, que ni siquiera lo conocía. Sin embargo en los registros figuran 40 llamadas entre ellos desde 2007 hasta 2010, incluso horas antes del derrumbe del entrepiso de Beara.

Las charlas continuaron después de 2009, cuando el sargento salió de la comisaría 25». Al entrecruzar los datos con el registro de inspecciones a Caramel se descubrió, además, que Yun intentó comunicarse con Flaminio el 4 y el 11 de julio de 2010 cuando el local fue revisado e incluso clausurado por la Ciudad.

Los otros miembros de El Viejo Sabio también mantuvieron charlas periódicas con Flaminio, quien además era el jefe de la brigada de la comisaría y, por lo tanto, encargado de llevar adelante las inspecciones, según consta en el expediente judicial. Incluso, los empresarios tenían registrados en sus celulares los otros números del suboficial.

En los allanamientos se dio, además, con los planos originales del entrepiso que, al caer, provocó las muertes de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20. Un peritaje posterior realizado por expertos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires consideró que era imposible que la construcción soportara el peso que había afirmado, durante la obra, el maestro mayor de obras Gustavo Amarú.

Otras causas

La explicación de cómo podría haber logrado el visto bueno de la Dirección de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad se encuentra en otros de los procesados en esta causa: los gestores Matías Pantarotto y Leandro Camani.

Surge de una investigación que llevó adelante el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla que el empresario Fabián Rodríguez -el fallecido exmarido de la actriz y vedette Nazarena Vélez- grabó una serie de conversaciones en donde Camani se adjudicaba haber sido el artífice de la habilitación ilegal de Beara.

Uno de los mencionados en esas escuchas es el aún inspector de la Ciudad Carlos Gabriel Mustapich, que al momento de lo de Beara ya contaba con un antecedente: fue quien habilitó la pileta de All Boys en donde en 2001 murió Florencia Moller Rombolá, de 9 años.

Por ese caso Mustapich fue condenado a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por "falsedad ideológica de documentos". A fines del año pasado esa pena quedó firme.

La causa también tuvo tinte político. El jefe de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) durante ese tiempo en la gestión de Mauricio Macri fue Martín Farrel, a quien el hoy presidente intentó nominar para ocupar uno de los juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario creados después de la tragedia. Como consecuencia del suceso, y aun a pesar de la insistencia del entonces alcalde porteño, no se logró el consenso necesario en la Legislatura.