Una ley inútil: Por qué no mejoró la atención de la salud mental de los argentinos

En una década, la atención de la salud mental de los argentinos no mejoró. Y eso que, en ese tiempo, se sancionó una ley, se designaron siete directores nacionales en el área específica y se asignó un presupuesto insuficiente.

Es que la norma aprobada en 2010 no dio los resultados esperados, según coincidieron la semana pasada profesionales, familiares, pacientes y funcionarios en jornadas que convocó el Senado. Los reclamos incluyen las dificultades para las internaciones y la falta de acceso a los tratamientos oportunos y de prevención de situaciones tan extremas como intentos de suicidio o crisis sin posibilidad de contención a tiempo.

Y la pandemia, a la vez, aumentó el malestar psicológico en la población. El año pasado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pronosticó: “Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica”. En noviembre, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó sobre un aumento de los síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida, con una deuda en el proceso de duelo de los que perdieron seres queridos.

Hace un mes y medio, el Gobierno anunció que duplicó el presupuesto de salud mental de $3700 a $7700 millones al presentar la Estrategia Nacional de Salud Mental. Eso es una décima parte de lo que indica la ley. ¿Cuáles serán las prioridades a cubrir con esos fondos? Desde el Ministerio de Salud, se limitaron a remitir a las generalidades de la estrategia federal.

El anuncio se traduce en el 1,3% de unos $567.300 millones destinados en el presupuesto nacional a la salud de los argentinos, de acuerdo con el monitoreo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En las provincias, la inversión no llega al 2% de sus fondos para Salud, según estima un exfuncionario que lo relevó en los últimos años.

“El incumplimiento de la asignación presupuestaria que establece la ley a nivel nacional y de las provincias desde 2010 evidencia que la salud mental no ocupa un lugar prioritario en la agenda de los gobiernos y la falta de voluntad de los decisores para diseñar políticas públicas que prioricen este tema”, sostiene Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ. “La falta de recursos -continúa- es una barrera para avanzar en la sustitución del sistema de atención con hospitales psiquiátricos por uno de salud mental comunitario [como indica la ley], en el que todos los centros de atención primaria y hospitales generales brinden asistencia y existan dispositivos intermedios como hospitales de día, viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria y ambulatoria, cooperativas de trabajo, entre otros, que aseguren una atención continua, integral y de calidad, y que promuevan la inclusión social.”

Para Hugo Cohen, exasesor subregional en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y colaborador del Equipo Regional de Intervención en Desastres y Salud Mental, el estado de situación no es muy distinto al de 2010 y, enseguida, se refiere al bajo presupuesto. “Esto ya habla de que no ha habido decisión política de aplicar la norma. Hace poco, se anunció un refuerzo presupuestario, pero no queda claro a qué se destinará y todo apunta a que va a reforzar el manicomio, cuando el problema no es solo la ineficacia o ineficiencia del hospital psiquiátrico –dice–. Los sistemas del mundo basados en ese modelo demostraron que reduce el acceso a la consulta, el tratamiento y la rehabilitación. Eso impide desarrollar los servicios de proximidad y la evidencia indica que cuanto más cerca del domicilio está el servicio, mejor es el pronóstico y la evolución.”

¿Cuántos necesitan atención? En el primer informe de gestión del jefe de Gabinete al Senado, no hubo precisiones. “Los grupos etarios más vulnerables identificados [a partir de la pandemia] son los niños, los adolescentes y las personas mayores”, respondió Juan Manzur por escrito. En una línea gratuita, según indicó, “se atendieron a 4757 personas entre marzo de 2020 y noviembre de 2021″, aunque se habilitó en agosto de 2020. Los teléfonos de asistencia por distrito aparecen en la página oficial del Gobierno.

¿Acaso las compras de psicofármacos describirían la demanda por lo menos en el sector público? Rastrearlas es imposible en el Estado y con un sistema atomizado, descentralizado y sin transparencia como el argentino. Se tuvo en cuenta, entonces, el programa nacional Remediar, que provee drogas esenciales a más de 8100 centros de atención primaria en el país. ¿Qué se compra? Dos antidepresivos (sertralina y escitalopram), un antiparkinsoniano (biperideno), dos antipsicóticos (haloperidol y risperidona) y un ansiolítico (diazepam). Ya estaba previsto hacerlo en 2019, pero el cambio de Gobierno y la aparición del nuevo coronavirus lo demoraron.

A un pedido de acceso a la información pública, la cartera sanitaria señaló que, desde 2014, la única licitación es de este año. En el portal Compr.AR figura preadjudicada por $36,8 millones para 5,4 millones de unidades de esos seis remedios.

LA NACION pudo verificar, además, que en septiembre de 2021 se habían cerrado dos licitaciones. No aparecen en el sitio de compras oficiales y se hicieron con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esas compulsas fueron por 2.215.650 comprimidos, algo menos que la mitad de la compra para este año, en la que un antidepresivo y un ansiolítico superan en cada caso el millón de dosis.

En muchas provincias, la única cobertura termina siendo a través del Remediar. “Los medicamentos de salud mental se envían en botiquines separados de manera bimestral. La distribución es a los establecimientos de salud de las jurisdicciones. Llegan a lugares con supervisión farmacéutica y compromiso de rendición digital de stock mensual”, indicaron desde el ministerio.

En debate

En la jornada que organizaron en el Senado la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y el senador Mario Fiad (UCR), dos madres describieron con crudeza el dolor en las familias. Dos profesionales -un psiquiatra y un psicólogo- se cruzaron sobre la forma en que se sancionó la ley y, también, dijeron verdades. “No se hizo ningún estudio epidemiológico serio para censar y determinar la afectación de la salud mental en la población argentina”, afirmó Ángel Barraco, que asesoró en la redacción de la norma.

Campagnoli presentó en octubre pasado un proyecto de modificación. “Esta ley no dio los resultados que planteaba”, sostiene.

Luciano Grasso ocupó la Dirección Nacional de Salud Mental durante la gestión del exministro Adolfo Rubinstein. Opina que hay dos problemas históricos que se incrementaron estos dos años: el sistema sanitario pudo adecuar su capacidad de respuesta al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero menos con los padecimientos mentales “en una clara subestimación que terminó por aumentar la brecha ya existente”, sostiene.

“La mayoría no tiene dónde acudir porque los centros de atención primaria y las guardias no cuentan con profesionales para atender esas consultas -describe-. La ley intenta dar respuesta a esto. El problema es que no se implementó.”

Entre 2018 y 2019, hizo el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental y un primer estudio de costos que coordinó Sonia Tarragona, actual jefa de Gabinete del ministerio.

Había 12.035 personas internadas en 162 instituciones en el país. Una de cada cuatro eran públicas y concentraban el 52% de las internaciones. La hospitalización promedio era de ocho años, con casos de hasta 40.

El otro estudio, del mismo año, indicó que atender a un paciente durante un mes en un neuropsiquiátrico costaba $71.427 y en el sistema de salud general, $70.103. También se estimó que la inversión en una transición progresiva hacia la atención comunitaria en cinco años, “se recuperaría luego de dos años, una vez finalizada la transición”.

Paradoja “dramática”

Cohen coincide en que plantear la modificación de la ley “es absurdo porque nunca se aplicó”. Describe una paradoja “dramática”: los estudios sobre la carga de enfermedad demuestran que los trastornos mentales (25%) más las lesiones (10%) son un tercio de los problemas de salud pública. “Pero los presupuestos son escasísimos y lo que hay se destina a los manicomios, con lo que un 80% de las personas que requieren atención no reciben nada –agrega–. El reclamo de las familias es absolutamente justo porque efectivamente no hay seguimiento, ni equipos móviles ni casas de medio camino o de día, educación a familiares y grupos de ayuda, que es lo que plantea la ley y respalda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que nos comprometimos como país a cumplir.”

Grasso afirma que no hay evidencia de que las crisis, los intentos de suicidio, las intoxicaciones por alcohol o drogas o la descompensación psicótica, entre otras urgencias, no se pueda atender en una guardia o un centro de atención primaria.

“Solemos decir que, en salud mental, más importante que los 10 días de internación es lo que se haga los 355 días restantes del año para mantener a esa persona en la comunidad, volver a estudiar, trabajar, atender a sus hijos -agrega Cohen-. Hay que apoyarla en su entorno y cuanto más cerca del domicilio, mejor.”

*Esta producción forma parte de una investigación regional, liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta). Red Palta está integrada por: La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, LA NACION de Argentina, PODER de México, OjoConMiPisto de Guatemala y La Bot de Chile.

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