Concentración este martes en el Muelle de la Sal contra el "vertido tóxico" de la mina de Aznalcóllar en el río
Avisan de "graves deficiencias" en los informes de la empresa y de "insuficiencia" en los estudios de la Junta
SEVILLA, 4 Jun. 2024 (Europa Press) -
Greenpeace y Ecologistas en Acción han convocado para las 19,00 horas de este martes una concentración en el Muelle de la Sal, de nuevo para mostrar su rechazo al vertido "tóxico" al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera.
Luis Berraquero e Isidoro Albarreal han comparecido este martes en nombre de las citadas asociaciones ecologistas, para informar de esta convocatoria similar a la ya celebrada el pasado 25 de abril en el mismo enclave, bajo la premisa de que el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, "entre otros metales contaminantes"; considerando que "no se ha aprendido nada" de la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Y mientras el Gobierno andaluz del PP defiende que la actuación cumple todos los parámetros medioambientales, negando dicho "vertido tóxico"; y la empresa dice prever "una estación depuradora de agua de última generación y una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto"; los ecologistas avisan de que "a pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos".
Cadmio, cobre, plomo y selenio al río
Se trata, según los cálculos de los ecologistas, de arsénico (2.709,12 kilos), cadmio (677,28 kilos), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg) mercurio (23,90 kg), níquel (5.577,60 Kg), plomo (796,80 kg), selenio (796,80 kg) y zinc (26.294,40 kg).
"En ese tramo del río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona podría ser significativa", vienen avisando los ecologistas.
En ese sentido, mientras el vertido solicitado cuenta ya con informe de admisibilidad pero la Junta de Andalucía no ha emitido aún la autorización ambiental unificada necesaria para el asunto ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dictado sus correspondientes permisos, los portavoces de los grupos ecologistas han explicado que han avisado a las administraciones de "las graves deficiencias de los estudios realizados por la empresa Minera Los Frailes respecto a la modelización y las consecuencias del vertido", así como de la "insuficiencia de los informes sectoriales realizados por los servicios" de la Junta de Andalucía.
Reunión con sanz
Además, han anunciado que hay prevista una reunión con el alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, el lunes de la próxima semana, para trasladarle personalmente el asunto y preguntarle "sobre el informe que el Ayuntamiento tiene que realizar, a través de su Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad de Sevilla"; después de que el Gobierno local haya manifestado que la competencia municipal sobre el asunto se limita al informe urbanístico de la tubería del vertido.
La empresa, de su lado, defiende que ha incrementado la inversión prevista, para que su actividad sea "plenamente respetuosa y compatible con el mantenimiento de la calidad del agua del Guadalquivir", asegurando que va a "resolver definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera" a manos de Boliden-Apirsa.
Los grupos ecologistas, en cualquier caso, van a celebrar esta nueva protesta con el respaldo de otros "80 colectivos" y entidades, ante el gran "daño" que el vertido implicaría en el Bajo Guadalquivir como zona de especial conservación (ZEC).
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