Dorador retira su candidatura a la Presidencia de la Convención Constitucional tras ocho rondas de votación
La Convención Constitucional celebra una jornada de votación que se prolonga hasta la madrugada por la falta de consenso
MADRID, 5 Ene. 2022 (Europa Press) -
La candidata de Movimientos Sociales Constituyentes, Cristina Dorador, se ha retirado de la carrera a la Presidencia de la Convención Constitucional de Chile después de no haber obtenido la mayoría necesaria para la conformación de una nueva Mesa de Diálogo tras ocho rondas de votación.
Pese a que Dorador era una de las preferidas, a lo largo de la jornada, que ha concluido durante la madrugada en Chile, ha decidido apartarse del proceso de selección al considerar que su figura "no genera consenso".
Dorador ha liderado las votaciones durante gran parte de la jornada, quedándose incluso a seis votos de vencer. Sin embargo, en las últimas horas ha visto como su candidatura ha ido perdiendo fuelle, explica el diario local 'La Tercera'.
"Es difícil ser independiente en política. Hoy estuvimos muy cerca de lograr la Presidencia. Mi convicción es que los Movimientos Sociales deben tener ese lugar", ha señalado la candidata.
En vistas de la celebración de una novena ronda de votaciones, Dorador ha apuntado también que espera que su "paso al costado" sirva para "destrabar" la elección. Los Movimientos Sociales Constituyentes buscan ahora otra alternativa que los represente de cara a la elección.
Este martes Chile se ha enfrentado a la elección de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, pues el reglamento estipula renovarla a los seis meses. La elección de los nuevos líderes de la Convención requiere el voto a favor de la mayoría absoluta de los convencionales del pleno, algo que no se ha dado.
Dorador buscaba ser el reemplazo de Elisa Loncón al frente de la Convención, quien además este martes ha criticado la "poca colaboración" del Gobierno de Sebastián Piñera, "sobre todo en los primeros meses".
La redacción de la nueva Constitución en Chile vendrá a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo el régimen de Augusto Pinochet, que sigue siendo para muchos herencia de la dictadura militar y un texto que legitima la poca implicación del Estado a la hora de ofrecer los servicios más básicos a la ciudadanía.
El documento promueve un modelo socioeconómico neoliberal en uno de los países latinoamericanos con mayor desigualdad --posee el PIB per cápita más alto de la región--. Esta situación ha servido de carburante para la indignación y las protestas contra el Gobierno.
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