La JEP abre tres macrocasos más para los crímenes de las FARC, la fuerza pública y contra pueblos indígenas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el tribunal especial que investiga el conflicto armado, ha anunciado este viernes la próxima apertura de otros tres macrocasos, relacionados con los delitos de las desaparecidas FARC, los vínculos de la fuerza pública con grupos paramilitares y los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas.
Estos tres macrocasos se suman a los otros siete que ya están abiertos en la JEP, a saber: secuestro, situación en Nariño, 'falsos positivos', situación del Uraba, situación en el norte de Cauca y sur del Valle, victimización de Unión Patriótica (UP) y reclutamiento de menores.
En dos de estos nuevos casos se investigará y juzgará los crímenes y violaciones cometidos tanto por la desaparecida guerrilla de las FARC, como por los cometidos por la fuerza pública en colaboración con los grupos paramilitares.
El presidente de la JEP, el juez Eduardo Cifuentes, ha explicado que, en lo que respecta a las FARC, se investigarán crímenes asociados a medios y métodos ilícitos de guerra, especialmente ataques indiscriminados a las poblaciones, control social, violencia sexual, homicidios, masacres, desapariciones forzadas y crímenes no amnistiables cometidos por redes urbanas de esta guerrilla.
De acuerdo con las cifras que maneja la JEP, las FARC serían responsables de 9.763 desapariciones forzadas entre 1980 y 2016; de 36.491 homicidios entre 1964 y 2016; de 399 masacres entre 1955 y 2013; de 52.911 desplazamientos forzados entre 1980 y 2016; y de 3.335 delitos de índole sexual.
Cifuentes ha comunicado además que desde el partido Comunes, la formación surgida tras la desaparición de las FARC en los acuerdos de paz de La Habana, ya se ha interpuesto un recurso para frenar la apertura de este macrocaso, informa el diario colombiano 'El Espectador'.
En lo que respecta a la fuerza pública, el objetivo es esclarecer crímenes de guerra y de lesa humanidad en las regiones de Antioquia, Magdalena, Cesar, Montes de María y Guaviare, cometidos tanto por funcionarios públicos como en colaboración con grupos paramilitares.
"Hablamos de más de 43.000 hechos delictivos de la fuerza pública entre 1985 y 2010, de los cuales 10.368 con paramilitares", ha destacado Cifuentes, que señala el periodo entre 1994 y 2006 como el de mayor concentración de crímenes.
"El desplazamiento forzado es el hecho delictivo que tiene mayor volumen en esta materia. Le siguen homicidios, desaparición forzada y 'falsos positivos'", explica Cifuentes, que cifra en 234 los agentes de la Policía y el Ejército implicados de delitos y crímenes sexuales.
En cuanto al macrocaso relacionado con las poblaciones indígenas, no solo se investigarán los crímenes cometidos contra estas comunidades, sino también la destrucción de sus ecosistemas y formas de vida. Según las primeras pesquisas de la JEP, entre 1970 y 2016 se han contabilizado más de un millón de víctimas, aunque el 90 por ciento de los crímenes se cometieron entre 1996 y 2016.
Así, se investigará la persecución de líderes y autoridades indígenas, en especial en regiones de Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Buenaventura, Valle del Cauca, Amazonas y Orinoquía.
La apertura de estos tres nuevos macrocasos se llevará a cabo una vez finalicen las reuniones con las principales agrupaciones de víctimas, previsiblemente para finales de marzo. Por ahora, las causas abiertas por la JEP con mayor recorrido han sido las relacionadas con los secuestros de las FARC y los 'falsos positivos', aunque, tras cuatro de su puesta en marcha, todavía no hay sanciones en firme.
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