Se cumplen 70 años de la dictadura de Paraguay, y muchos ven su legado en el Partido Colorado
ASUNCIÓN (AP) — Fue una de las primeras acciones tomadas por los paraguayos en un desafío público a su derrocado dictador Alfredo Stroessner, un caudillo militar que implementó un régimen de terror durante 35 años en el que mató a cientos de personas y encarceló a miles más.
En un clamor de inconformidad, una multitud se aglomeró alrededor del recién elegido alcalde socialista de Asunción, la capital de Paraguay, para derribar una estatua de bronce en honor del general Stroessner, el dictador de mayor duración en Latinoamérica, dos años después de que fuera derrocado en 1989.
Cuando el pesado metal finalmente se desplomó en medio de vítores, los enormes pies de bronce de Stroessner permanecieron firmes sobre el pedestal. Los residentes bromearon que sigue siendo un símbolo involuntario de su arraigada presencia en Asunción. El jueves se cumplen 70 años de que se hizo del poder en un golpe de Estado en 1954 y aseguró el dominio prácticamente ininterrumpido de su Partido Colorado, de tendencia conservadora.
“En este sentido, Stroessner, su huevo no fue roto. Sin embargo ese huevo, éste germinó y sigue”, dijo Emilio Barreto, de 84 años, hijo de un sindicalista. Barreto estuvo entre casi 20.000 paraguayos que se calcula fueron torturados y encarcelados sin cargos durante el gobierno de Stroessner. “Hoy, entonces, (hemos tenido) 35 años de gobierno, más 35 años de supuesta democracia”.
Los que presionaron para que hubiera un proceso de democratización tras la caída de Stroessner dijeron que querían creer que su país está mejorando, que sus instituciones cívicas se están fortaleciendo. Pero ahora los activistas dicen que ven cada vez más una tendencia en la dirección opuesta.
En un inusual estallido de indignación pública el jueves, cientos de manifestantes marcharon por el centro de Asunción, alzando sus puños y coreando: “Nunca más, dictadura”.
“Lo que se está presenciando en este momento... es un cercenamiento de determinadas libertades civiles”, dijo Hugo Valiente de Amnistía Internacional en Paraguay, mencionando una serie de medidas gubernamentales recientes que dijo están "generando una normativa que restrinja la libertad de asociación”.
Un portavoz gubernamental y miembros del Partido Colorado no respondieron a preguntas que les envió The Associated Press.
Las inquietudes sobre un retroceso en la democracia le dieron cierto sentido de urgencia al 70mo aniversario, en el que también se cumple un año de la inauguración del gobierno del presidente Santiago Peña.
Al frente de la protesta del jueves se encontraba la pequeña pero apasionada oposición de Paraguay, incluida Kattya González, una senadora de centro-izquierda y elocuente crítica gubernamental que fue expulsada en forma sumaria del Senado en febrero.
Había reunido la tercera mayor cantidad de votos en los comicios legislativos del año pasado. Pero en una votación que según grupos defensores de los derechos humanos infringió el debido proceso, fue expulsada por aliados del expresidente Horacio Cartes, un poderoso magnate de los cigarrillos al que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sancionó por corrupción y que sigue siendo presidente del Partido Colorado.
“Tenemos una serie de trampas que hacen... que realmente la voluntad popular no se vea reflejada en los organismos de representación”, señaló González. “Ese es el motivo por el cual hoy salimos a las calles”.
El gobierno ha adjudicado la expulsión de González a la voluntad del Congreso, donde el Partido Colorado tiene mayoría. En junio, el partido retiró a un legislador de sus filas, el cual también había hablado abiertamente en contra de la presunta corrupción de Cartes.
La semana pasada, Paraguay incluso exigió que Estados Unidos agilizara la partida de su embajador después de que la Casa Blanca impuso sanciones a una compañía tabacalera de la que dijo había pagado millones de dólares a Cartes.
Cartes rechaza las acusaciones.
Cuando el Senado de Paraguay se apresuró el mes pasado a aprobar un controvertido proyecto de ley que amplía los poderes gubernamentales para auditar a organizaciones sin fines de lucro, Carlos Filizzola, exalcalde de Asunción, expresó su preocupación al respecto y recordó el triunfo simbólico de 1991.
“Recordamos... por legalidad y simbolismo contra lo que fue la dictadura, (que) derribamos la estatua de Stroessner”, declaró Filizzola.
El gobierno dijo que el proyecto de ley pretende impulsar el escrutinio de las finanzas de las organizaciones no gubernamentales para combatir el lavado de dinero. Los críticos dicen que emula las así llamadas medidas de transparencia para los organismos sin fines de lucro implementadas en diversos países, incluidos Rusia y Venezuela, que generan escalofríos en la sociedad civil. Naciones Unidas apeló a la cámara baja de Paraguay para que lo rechace.
Los expertos alegan que el pasado sigue presente en Paraguay debido a que el gobierno no ha enfrentado el legado de Stroessner, en cuyo gobierno se arraigaron los elevados niveles de distribución inequitativa de la propiedad de la tierra y el pequeño país sudamericano se convirtió en un centro de contrabando.
Su influencia perdurable nunca fue más obvia que en 2018, cuando Paraguay eligió al entonces presidente Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado de Stroessner, que fue uno de los portadores del féretro del dictador en su funeral en 2006.
“Hay esa identificación de partido político con el Estado y eso es lo que hace tan especial el régimen político paraguayo. O sea, somos el único país del continente que nunca tuvo un gobierno progresista”, dijo la historiadora Milda Rivarola.
El partido opositor izquierdista de Paraguay sólo ejerció el poder en una ocasión —de 2008 a 2012— antes de que su presidente fuera sometido a un juicio político.
En Paraguay “hasta ahora no había una política en ese sentido de derechos humanos, de esclarecimiento. No hay política de memoria”, dijo Rogelio Goiburú, que supervisa las labores para recuperar los restos de las víctimas para el Ministerio de Justicia y cuyo padre desapareció en la dictadura.
Las iniciativas para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad han sido mucho más amplias en la vecina Argentina, donde las cortes han declarado culpables a cientos de oficiales militares por delitos de la era de la dictadura, y equipos forenses han identificado a 800 víctimas.
Pero en Paraguay no ha habido juicios a los líderes de la junta militar. Las escuelas públicas —muchas de ellas aún decoradas con placas en las que se honra a Stroessner— evitan mencionar esa dictadura del siglo XX en las lecciones de historia.
Sólo se han identificado los restos de cuatro víctimas con ayuda de investigadores argentinos. Goiburú dijo que la comisión del Ministerio de Justicia carece de presupuesto y de apoyo del Estado.
“Y es necesario rescatar eso para que no perdamos la memoria, para que eso no vuelva a ocurrir. Por eso el lema de la Comisión de Verdad y Justicia a nivel guaraní significa ‘para que nunca más suceda lo mismo’ que en la Argentina; nunca más”, dijo Goiburú en un parque a la orilla de un río en el centro de Asunción. En 1991, Filizzola la nombró Plaza de los Desaparecidos.
“Por eso mismo hay que seguir”, agregó Goiburú.
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