La ex fábrica de muebles de 1923 y estilo neocolonial, enclavada en un pintoresco barrio porteño, que podría tener un nuevo destino
Un fallo judicial frenó el proyecto que lleva adelante una empresa en el inmueble que posee protección estructural; las diferencias en la interpretación de la regulación vigente provoca una tensión entre vecinos proteccionistas, el gobierno porteño y el desarrollador
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LA NACION
El timbre funciona, pero no atiende nadie. Solo dos perros mestizos ladran del otro lado de la reja verde donde están pegadas las fajas de clausura. Hay que recurrir a la vieja usanza, aplaudir para tener suerte, pero solo los perros siguen ladrando, uno amistoso, el otro más picante, mostrando los dientes. En la galería hay señales de movimiento, una escoba, un trapo de piso y la puerta entreabierta, con una luz prendida en la planta alta de esa casa histórica de la calle Freire 3050, donde funcionaba la ex fábrica de muebles Barthel que hoy está atravesada por un conflicto de intereses que frena un proyecto inmobiliario.
Los perros siguen ladrando dentro del inmueble, pero se calman y se van mansos a buscar un poco de sombra en un día de calor agobiante. Parecen ser los únicos moradores del conjunto edilicio de estilo neocolonial construido en 1923 y destinado a la fabricación de muebles de la empresa fundada en 1891 en Dresden, Alemania. Fue Rudolph Barthel, hijo de los fundadores, quien trasladó la producción a Buenos Aires junto a su esposa, Gertud Götz.
La historia romántica de la fundación y radicación en la Argentina contrasta hoy con la realidad de lo que quedó de aquella fábrica cuyo cartel aún pueden verse en la fachada amarilla: Barthel Muebles, dice en letras cursiva de madera incrustadas en las paredes con algunos trazos que se van despejando. La fábrica, ya cerrada, afrontaba un proceso de sustitución parcial a través de un proyecto privado, pero una medida cautelar impulsada por grupos vecinales que defienden el patrimonio porteño frenó el proyecto hasta que el caso termine de estudiarse y se resuelva la cuestión de fondo.
La semana pasada la Sala de Feria del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires ratificó la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo y rechazó la apelación del Gobierno porteño y la empresa Jorne SA, a cargo del emprendimiento. El fallo del magistrado había ordenado suspender la demolición y los trabajos constructivos en el inmueble que posee una protección estructural avalada por una Ley específica aprobada en 2014.
“La Ley es de cuando la fábrica aún estaba en funcionamiento, le dio protección estructural que permite realizar algunas modificaciones interiores, pero no demoler ni aumentar la superficie en altura”, explica la arquitecta Dora Young, quien como asesora redactó el dictamen técnico del recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad. “El permiso de obra, a pesar de la ley de protección, se lo otorga el Gobierno por una disposición. Es lo que se viene repitiendo hace ya muchos años. Un caso emblemático fue Palacio Roccatagliata”, agrega.
Roccatagliata, en Belgrano, y la ex fábrica Barthel, en Coghlan, parecen estar unidas por el mismo hilo rojo y un conflicto similar dominado por los procesos de sustitución de los inmuebles patrimoniales e históricos, el fino equilibrio que debe promover la legislación y los intereses cruzados de los conservadores versus el interés del desarrollo inmobiliario privado.
Características
El fallo judicial ordenó detener las obras hasta que se resuelva la disputa legal porque si en el “mientras tanto” se avanza con la demolición de algunos sectores, el daño sería irreparable. Para la Ciudad y Jorne SA es cuestión de tiempo para que la Justicia dictamine a favor del proyecto que, según fuentes de ambas partes, se ajusta a la reglamentación vigente y que el proyecto “es una muy buena intervención de recuperación de patrimonio”.
La ex fábrica Barthel está situada en un predio que reúne la casa de estilo neocolonial con su galería, un jardín con frondosa vegetación y árboles añosos, galpones –uno de los cuales tiene la fecha de construcción estampada en el frente, 1925– y otros espacios de almacenamiento. En el portón verde de entrada de vehículos un cartel de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro indica que la obra tiene un permiso otorgado y un código QR permite ver los detalles generales. Una enredadera verde cae sobre las rejas y el cartel de madera en letras cursivas, mezclándose con una Santa Rita florecida que nace en el patio de la ex mueblería y cae sobre la vereda.
Yuyos, árboles, arbustos, basuras, tejas, cubiertas pueden verse en el patio interno atravesado por una calle de adoquines que va desde el portón principal hasta los galpones traseros. Ese patio y el espacio que ocupan hoy lo galpones serán piezas fundamentales en el proyecto privado.
Como elementos de valor se destacan la composición volumétrica, el techo a dos aguas con tejas coloniales, la ornamentación en fachada, las columnas salomónicas que acompañan las aberturas de primer piso, las carpinterías de vidrio repartido, la galería que conduce al acceso y la herrería de aberturas y barandas. Las construcciones traseras son de carácter industrial y no poseen elementos de valor patrimonial, según explican desde la ciudad. Dentro de esos talleres había secciones de carpintería, lustres y tapicería donde trabajaban diseñadores, maestros ebanistas y aprendices.
Fuentes de la Gerencia de Patrimonio, que depende de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), explicaron que la protección especial edilicia para este caso “protege el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su volumen”.
En el caso de la ex fábrica no se trata de un solo edificio sino de un conjunto edilicio-ambiental. “Por lo tanto, la generalidad de los edificios no compone la protección, sino que debe ser determinada con las facultades de la autoridad de aplicación que aplica la norma al caso concreto”, argumentan desde la DGIUR.
“La norma protege estructuralmente los edificios que no aumentan volumen y otros elementos de la parcela, pero no toda la parcela. Las modificaciones que se proyectan, incluyendo la demolición parcial de los volúmenes sin valor que serán sustituidos por nuevas piezas, no alteran la forma de articulación y ocupación del espacio, conservándose la pisada original del conjunto”, afirman.
Es decir, la protección estructural, según la ciudad, no abarca a todo el conjunto edilicio, sino a un sector que debe mantenerse inalterable, que no se puede intervenir. Se trata de la casona con su galería que, según confirmaron desde Jorne S.A., será puesta en valor por un estudio especializado en recuperación patrimonial.
Proyecto
Bajo estos parámetros la constructora propone la rehabilitación de las construcciones con identidad patrimonial y el jardín central, la conservación de la arboleda y la distribución tipológica original. “A los pabellones que no poseen valor arquitectónico se propone reemplazarlos por nuevas construcciones dentro de la altura máxima y plano límite admitidos para la Sustentabilidad de Altura Baja 2 (+11,60m y +14,60m respectivamente). También se propone la construcción de dos nuevos volúmenes en un sector del jardín sin especies arbóreas”, detallan en la DGIUR.
Si el fallo judicial permite el avance de la obra el nuevo destino del conjunto edilicio será de vivienda colectiva y estudios profesionales integrándose a la casona con protección estructural “en una recuperación patrimonial con usos que no impactan de manera negativa en el inmueble, toda vez que permite conservar las características principales del bien y su valor ambiental”.
Fuentes vinculadas a Jorne S.A. defienden este argumento y sostienen que el proyecto se ajusta a las disposiciones regulatorias vigentes. “El predio se compró en diciembre de 2022 ya con la reglamentación del Gobierno de la Ciudad sobre lo que se podía hacer”, explican desde la empresa.
“Nos interesó integrar la recuperación del patrimonio, con una escala barrial, de cuatro pisos. No hacemos torres, no invadimos altura, contratamos un estudio especializado en recuperación patrimonial, rescatamos la casa, el jardín y las plantas históricas se conservan. El proyecto se hizo con mucha conciencia”, afirman.
Jorne S.A. espera que la Justicia les otorgue el aval para avanzar con el proyecto. Aunque la lucha de intereses podría sumar nuevos episodios.
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