Aysa conectó 21 canillas de agua potable en un barrio popular tras un reclamo judicial
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LA NACION
Durante los últimos diez años, los vecinos del Barrio 15 de diciembre, en Bernal Oeste, recurrieron a conexiones clandestinas y a perforaciones en la napa contaminada para beber e higienizarse. Fue una década de problemas estomacales y enfermedades hídricas para todas las familias, mientras, aseguran, las súplicas y reclamos a Aysa para tener agua apta para el consumo humano caían en saco roto. Hoy exhiben con orgullo las 21 canillas comunitarias colocadas por la empresa después de que interpusieran un recurso de amparo colectivo ante la Justicia.
“Antes vivíamos con cólicos y malestares en forma permanente, por culpa del agua que tomábamos. Tenía que hacer magia para cocinar sano porque enseguida la comida nos caía mal”, explica Ana, una vecina de 44 años.
Con 9 hijos y 16 nietos, Ana sueña con tener agua suficiente para llenar un lavarropas o un calefón en invierno. De tanto ir a buscar agua a la casa de sus vecinos y cargarla, tiene problemas de columna. Ahora tiene una canilla comunitaria a una cuadra de su casa y, aunque implique seguir cargando agua, está muy lejos de la queja: “Esta canilla nos cambió la vida, es agua pura”, exclama agradecida. Es que la pureza del agua es algo que siempre faltó en este barrio de calles de tierra, con gran presencia de la comunidad paraguaya, y enmarcado por los arroyos San Francisco y Las Piedras, fuertemente contaminados.
En el caso del San Francisco, los habitantes del barrio aseguran que es frecuente que el agua cambie de color producto de los vertidos clandestinos. Entre ellos circulan imágenes que parecen intervenidas con Photoshop. Allí puede verse el curso de agua color rojo, turquesa, naranja o verde, en lugar del tradicional negro, producto de años de contaminación. Quienes viven sobre uno de sus márgenes aseguran que hay noches en las que no pueden cenar por el fuerte olor a podrido que emana de allí.
El 15 de diciembre es uno de los más de 4000 barrios populares del país que integran el Registro Nacional de Barrios Populares. En él viven unas 350 familias. El agua de su napa superficial no puede ingerirse ni aún hervida. Así le dijeron los médicos a Claudia Gómez, una mujer de 38 años y madre de 9 hijos. “En mi familia, todos tuvimos problemas de salud por el agua. Hace poco yo quedé en observación por vómitos y diarrea con sangre. Me dijeron que era por el agua contaminada. La otra, hervida y todo, nos traía problemas”, recuerda.
Acceso a la Justicia
Para acceder a este derecho humano básico, los vecinos debieron, primero, ejercer otro, también elemental: el acceso a un servicio jurídico que los acompañara a llevar su reclamo ante la Justicia. A mediados del año último, cuando comenzó a funcionar en la parroquia de la zona un servicio jurídico comunitario, un grupo de vecinos se acercó a ver al abogado Emiliano Villar y le plantearon la problemática que venían sufriendo.
En lo que podría convertirse en una estrategia a emular por otros barrios populares, ese grupo de vecinos, acompañados por el párroco Eduardo de la Serna y con el patrocinio legal de Villar, interpuso un recurso de amparo colectivo en los tribunales de Quilmes. En él solicitan la construcción de la obra estructural que les permita tener acceso a una red domiciliaria de agua potable y cloacas. También denuncian por la contaminación de las napas y del arroyo San Francisco al frigorífico AMT Sud S.A., exfrigorífico Penta, cuyos terrenos son linderos al barrio.
Mientras se resuelve el amparo colectivo, en forma paralela, se inició una causa penal contra el frigorífico, por una posible infracción de la ley de Residuos Peligrosos. La firma utiliza un terreno lindero al barrio para el tratamiento de sus desechos mediante un sistema de piletones. Los vecinos piden que la Justicia investigue lo que ellos aseguran: que el tratamiento es nulo y que los residuos terminan contaminando el suelo del terreno hasta llegar al arroyo San Francisco. LA NACION se comunicó con los titulares del frigorífico, pero, hasta el momento, no se pronunciaron al respecto.
Maite es una de las vecinas que tiene su casa en el mismo terreno en el que se ubican los piletones, disimulados por vegetación muy alta. La pequeña casa que habita desde hace tres meses con Luis, su pareja, y sus 5 hijos de entre 10 años y 4 meses, tiene un fondo en el que los pastizales se ven a simple vista.
“Estábamos en proceso de colocar unas chapas entre el patio y los pastizales porque llegan ratas del tamaño de un gato y me da miedo por los chicos. Pero justo llovió y la parte de los pastizales se llenó de un agua podrida que tomó parte de mi patio. Ahora nos da miedo trabajar ahí porque no parece terreno sólido, hay líquido abajo y no queremos hundirnos”, expresa la mujer, de 31 años, con preocupación quien, al despedirse, también agradece la canilla que ahora tiene a media cuadra.
Fuertes contrastes
La Argentina real exhibe importantes contrastes en materia de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento. Según el libro Vivir sin Baño, que recoge la actividad de Módulo Sanitario en el país, si bien en la Ciudad el 99,6% tiene el servicio de agua cubierto, en los municipios que la rodean la cobertura llega al 70%. Y aquí también hay diferencias: en algunos municipios como Ezeiza, Ituzaingó o Malvinas Argentinas no llega al 18%.
La brecha se amplía si miramos la red cloacal. Mientras el 98,7% de la Ciudad cuentan con cobertura, en el Conurbano alcanza a cerca de un tercio (38%), con municipios que están por debajo del 10%. La publicación cita un informe de la Plataforma del Agua, elaborado por diversas organizaciones y dirigido por la Universidad de Quilmes, en el que se sostiene que cerca de 2.000.000 de personas debe obtener agua de una canilla comunitaria.
En el barrio 15 de diciembre, nadie pierde de vista que las canillas son una solución transitoria. Fue establecida por la Justicia hasta que se resuelva el reclamo de fondo, que es la construcción de la obra estructural para que las familias tengan en sus domicilios agua y servicio de cloaca.
A través de un comunicado, Aysa estimó que en un plazo de tres meses se estarán iniciando las obras en el barrio. “Realizamos una serie de trámites y autorizaciones en la municipalidad para poder trabajar en el interior del barrio, ya que la empresa no tiene jurisdicción dentro de los barrios populares para poder intervenir de manera autónoma. A partir de este año, comenzamos un programa para construir las redes internas. Empezamos con 600 proyectos en barrios de los 1100 que hay dentro de la concesión”, explicaron.
Sin embargo, hasta el momento, Villar sostiene que la empresa ha venido apelando la decisión judicial. “La empresa tiene miedo de que esta experiencia se multiplique. Por eso, construye este doble discurso: por un lado, apelar, apelar, y apelar, y, por el otro, empezar a cumplir la medida cautelar de manera progresiva para no quedar en off side cuando venga la ratificación. Lo que no están cumpliendo nada es el vaciamiento de los pozos y cámaras sépticas, también estipulado en la medida cautelar”, detalla.
Así y todo, el abogado mira el vaso medio lleno. Está convencido de que, de no haber sido por la iniciativa de estos vecinos, en el barrio todo seguiría igual. “El acceso a la Justicia es un límite casi infranqueable para las personas que sufren pobreza crítica. Primero, porque las defensorías oficiales están colapsadas y segundo, porque contratar un abogado es caro. Pero cuando la Justicia llega a los barrios populares, pasan cosas como esta”, concluye Villar, señalando una de las 21 canillas de agua potable que comenzaron a devolverle algo de dignidad perdida a los vecinos del barrio, mientras la disputa legal continúa.
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