Trabajadoras sexuales: “Sin regulación, somos más vulnerables”

Camino al colegio de su hija, con la cabeza apoyada en la ventana del colectivo, repasa su vida. La casa de Formosa, sus amigas de la escuela y la residencia universitaria en la que vivió cuando llegó a Buenos Aires para estudiar periodismo. Un bocinazo la devuelve bruscamente a la realidad. Se acuerda de que tiene que pagar el alquiler, las expensas y el disfraz para el taller de teatro de su hija. Nina León tiene 32 años y hace más de dos que es trabajadora sexual. Su separación fue el disparador de muchos cambios y este fue uno de ellos: se le presentó como "una oportunidad para tener mejores ingresos" que en los empleos administrativos o periodísticos que le ofrecían.

Nina es parte del incalculable número de trabajadoras sexuales independientes del país que nunca fueron censadas ni están registradas porque el Estado no las reconoce como tales. Para lograr hacerse oír y cuidarse entre ellas, unas 6500 mujeres y chicas trans están afiliadas a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), con el fin de reclamar juntas por su derecho a elegir libremente esta actividad, pero estiman que hay un universo mucho más amplio.

Aunque muchas entran a este oficio como una salida de la pobreza, también hay otras de clase media o estudiantes universitarias que lo ven como una opción laboral independiente y rentable. "Llegué al trabajo sexual por necesidad económica y porque no quería estar doce horas fuera de mi casa y que otra persona criara a mi hija", asegura Nina, que se acomoda para poder pasar todo el tiempo posible con ella. "Mi único miedo –añade– era el rechazo social que iba a tener que enfrentar frente a mi familia y amigos".

Nina sostiene con firmeza que, como otras miles de mujeres, ella eligió lo que hace por múltiples razones personales y sin que nadie la explote u obligue. Su militancia en organizaciones feministas la había contactado con otras mujeres que ya ejercían esta actividad. Ella empezó a trabajar el 3 de junio de 2017, el mismo día de la marcha de #NiUnaMenos a la que había asistido con las trabajadoras sexuales que la ayudaron a sacarse las inseguridades. Hoy cuenta que puede vivir "cómoda" en un departamento que comparte con su hija de 4 años, los días que le toca estar con ella y que, gracias al respiro económico que logró, tiene tiempo para escribir, algo que siempre amó hacer. Hace unos días presentó su primer libro de poemas.

Llegué al trabajo sexual por necesidad económica y porque no quería estar doce horas fuera de mi casa. Mi único miedo era el rechazo social que iba a tener que enfrentar frente a mi familia y amigos

A los seis meses de tener su primer cliente, decidió contárselo a su familia. Estaba segura de su decisión, pero la recepción fue ambigua. A su madre le costó mucho aceptarlo, pero luego se convirtió en un gran apoyo. Sus hermanos no le hablaron por mucho tiempo y el entorno de amigas se le fue achicando. "Pero sumé nuevas, que hoy me ayudan a cuidar a mi hija", destaca Nina.

Aunque ella tuvo la suerte de que los padres de la escuela y los directivos supieran de su actividad profesional sin juzgarla, eso no suele ser lo habitual: la mayoría de las trabajadoras sexuales sufren discriminación al momento de tener que responder a la pregunta "¿y vos qué hacés?" en una reunión de padres o ante sus amigos y familiares, que en muchos casos las niegan o dejan de hablarles. El resultado es que muchas suelen ocultarlo, se acostumbran a trabajar en la clandestinidad, temen el estigma social, la vergüenza o el miedo a que les saquen sus hijos.

Por eso, reclaman como punto principal un monotributo que las reconozca como trabajadoras y les permita acceder al derecho a la salud y a una jubilación. "Nosotras no podemos pedir un crédito ni demostrar nuestros ingresos como cualquier ciudadano. La falta de reconocimiento y regulación de nuestra actividad, lejos de avanzar contra la trata, nos hace mucho más vulnerables frente a las diferentes formas de opresión y violencia institucional", afirma Nina.

Esta postura regulacionista se contrapone con la del Estado argentino, que se declaró abolicionista en 1957, cuando adhirió al convenio contra la trata de la ONU. El abolicionismo no persigue ni penaliza a las mujeres que se prostituyen, sino que condena a quienes las explotan. Carolina Barone, quien hasta esta semana era coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, explica: "No podemos considerar libres las decisiones tomadas en condición de vulnerabilidad y de necesidad. Las personas en situación de prostitución son mujeres pobres. La sociedad es desigual y esto la hace más desigual. La política pública es prevenir y generar otra opción de vida. Estamos en defensa de la persona en situación de prostitución y nuestra lucha es contra el sistema prostituyente".

Las trabajadoras sexuales coinciden en que una de las principales consecuencias está relacionada con la violencia institucional: "Estamos hartas de lidiar con la policía, no con los clientes. Yo trabajo en internet y no me expongo en la calle por miedo a la policía, para no pagarle coima o que me roben", denuncia Nina, que publicita su trabajo en las redes sociales tradicionales y en páginas gratuitas. Con sus clientes se encuentra en hoteles alojamiento o en las casas de los que ya conoce.

Otro aspecto relacionado con el "blanqueo de esta profesión" tiene que ver con lograr más protección frente a los hechos de violencia. Su seguridad ya no solo dependería de ellas, sino que el Estado tendría otro rol. "En internet tenemos redes de autocuidado y grupos de WhatsApp donde avisamos con quién nos vamos y adónde. Estamos expuestas por ser mujeres, no por ser putas, salvo las compañeras travestis, por su condición de género", asegura Nina. Sin embargo, muchas de quienes ejercen este trabajo aceptan que las expone más que otras actividades, ya que se da en un ámbito de intimidad en el que es difícil defenderse si algún cliente ejerce violencia contra ellas.

A mayor marginalidad, más mercado paralelo. Hay una mirada muy moral con respecto a la sexualidad de las mujeres. La trata se fomenta con lugares ocultos, con complicidad de los tres poderes

Un reclamo resistido

En julio de 2018, la Ammar presentó un proyecto de ley que puntualiza todas estas demandas. Agustina Iglesias Skulj, abogada e integrante del equipo legal de la organización, participó de su redacción y explica que esta norma pide que "las provincias deroguen sus códigos contravencionales que castigan y encarcelan a las mujeres que ejercen la prostitución. También, que se reformulen los artículos de la ley de trata de 2012, que criminaliza la oferta de trabajo en diversas formas y confunden organizaciones criminales de trata con las cooperativas de mujeres, que se organizan para trabajar protegidas entre sí".

Marcelo Colombo, fiscal general de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), confirma que llevaron esta discusión a las cámaras legislativas de las provincias para que deroguen las contravenciones. "Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que no persigan a las mujeres", señala el fiscal.

Hace 25 años, Laura Meza quedó cesante como enfermera del Hospital Álvarez y encontró una salida laboral como trabajadora sexual. En ese tiempo, nunca imaginó el cambio cultural que la sociedad argentina atravesaría. Hoy, a sus 52 años, se anima a definirse como "puta feminista", y en la última Marcha del Orgullo desfiló junto a Lucía, su hija de 26 años, que hace muy poco se recibió de contadora. "Mis hijas vivieron mucha violencia y discriminación en su etapa escolar y universitaria. Sin embargo, como trabajadora sexual, pude pagar sus estudios, y hoy hacen lo que ellas eligieron", recuerda Laura. Para ella, lo más importante es que las chicas no se avergüenzan de su madre ni de la actividad que eligió para criarlas.

De acuerdo con la antropóloga e investigadora del Conicet Cecilia Varela, el trabajo sexual puede tener las mismas marcas de explotación, desigualdad y género que cualquier otro. "Sucede lo mismo en el trabajo doméstico y no parecen muy interesados en rescatar y proveer alternativas laborales a esas mujeres", explica. Para esta investigadora, la diferencia fundamental radica en que se trata de la esfera de la sexualidad y eso toca los planos personales e ideológicos de la sociedad. A partir de un trabajo de investigación sobre los resultados de la ley de trata, 26.842, Varela entrevistó a decenas de estas trabajadoras durante dos años. Su conclusión fue que "no hay falsa conciencia de la explotación de parte de las mujeres que eligen ser trabajadoras sexuales, como plantea el abolicionismo. Hay una racionalidad y una lógica en su decisión que no tienen que ver solo con ganar más dinero, sino también con que es una actividad compaginable con la maternidad".

Georgina Orellana es parte de la Ammar desde 2009 y hoy, con 33 años, es su secretaria general. "Cuando empezamos, fuimos las primeras que denunciamos las coimas y la violencia institucional", recuerda. Ella comenzó a trabajar de niñera, luego de terminar el secundario, en un barrio popular del conurbano. Sus ingresos eran muy bajos y no le alcanzaban para nada. "El trabajo sexual es una forma de economía sustentable para las mujeres que venimos de los sectores populares, disponemos de nuestro cuerpo para generar dinero", explica Orellana. También afirma que son muchas las que se acercan a afiliarse y pedir asesoramiento para trabajar solas, sin ningún proxeneta. En su caso, solo interrumpió la actividad cuando tuvo a su hijo.

Está convencida de que regular esta actividad disminuirá sustancialmente el negocio de la trata, pone como ejemplo los casos de Alemania u Holanda y pide que se las escuche a la hora de redactar las leyes. "A mayor marginalidad, más mercado paralelo. Hay una mirada muy moral con respecto a la sexualidad de las mujeres. La trata se fomenta con lugares ocultos, con complicidad de los tres poderes, y no combatiendo la formalidad de nuestro trabajo", afirma Orellana.

La postura abolicionista y la lucha contra la trata de personas

Hace 20 años, María –nombre ficticio para proteger su identidad– terminó el secundario en Salta y fue a estudiar a la Universidad de Tucumán. Tenía un plan de vida que había empezado a delinear, pero una noche una organización de trata la drogó y la secuestró en un bar. Su vida cambió para siempre. "Me tuvieron guardada en varios lugares, me dejaban encerrada por días, sin agua ni comida, me pegaban, me drogaban, me violaban. Ya no tengo registro del orden cronológico de los hechos, pero eso duró mucho tiempo. Me decían que nadie me estaba buscando, que no me querían y con eso me quebraron", relata esta víctima de trata, que estuvo casi dos décadas secuestrada.

"Yo decidí sobrevivir ganándome la confianza de ellos", recuerda. "Mi educación hacía la diferencia con las otras chicas y me ponían a controlar el bar o el casino. Llegó un momento en que empecé a sentirlos como mi familia. Ellos me decían que eran los únicos que me iban a cuidar y lograron que no me sintiera víctima de nada", detalla. Tanto es así que en 2012, cuando la rescataron, llegó a pelearse con el juez porque defendía a sus captores. Iba a visitarlos a la cárcel, pedía por ellos. "Fueron 17 años, toda una vida; me lavaron tanto la cabeza que hoy todavía los extraño. Cada tanto, tengo que volver a ordenar todo lo que me hicieron para entender dónde estoy parada", explica.

Hoy, María trabaja estampando remeras con su hijo mayor, de 18 años, al que cuidó su familia. Con su hija de 9 años vive una realidad muy diferente y disfruta de su maternidad en una forma mucho más sana. Sigue en tratamiento terapéutico para poder disfrutar de la vida que soñó, sin fantasmas ni miedos que la paralicen. No cree en el regulacionismo porque considera que convierte al proxeneta en empresario.

Esto es dar oportunidades y por eso levantamos la bandera del abolicionismo, porque es el único sistema que defiende los derechos humanos de las mujeres

Es muy escéptica de cualquier sistema antitrata y cree que las organizaciones siempre encontrarán las formas de burlarlo. Por eso, sostiene que es el Estado el que tiene que darles más herramientas y recursos a las mujeres, para que no vean en la prostitución una salida laboral. "Muchas sienten que no sirven para otra cosa y cuando se les ofrece salir de esto creen que no valen nada, se avergüenzan de sí mismas", afirma, segura de su postura.

Coordinadora de rescate y acompañamiento a víctimas de trata de personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Zayda Gatti tampoco duda: "No son libres y muchas te lo dicen llorando porque sienten vergüenza. En la prostitución hay una cosificación, hay un hombre que ‘alquila’ y una mujer que debe hacer lo que él quiere", asegura. "Si la mujer no cumple con el servicio pactado –añade–, se ejerce violencia verbal y física. La lógica del mercado es perversa y pagan extra si quieren hacerlo sin preservativos, obligando a las víctimas a exponerse a enfermedades o embarazos no deseados".

Graciela Collantes fue una de las fundadoras de Ammar, en 1995, pero se separó de la organización cuando decidieron reconocerse como trabajadoras sexuales con derechos. "Nuestra lucha en común fue hacer frente a las coimas, a la violencia de los proxenetas y de la policía, pero no estábamos de acuerdo en considerarnos trabajadoras sexuales. No queremos permitir que el Estado sea reglamentarista porque la prostitución no te lleva a ningún lado. Todo lo que inculcamos, de salir de ese lugar, de estudiar, de mejorar tu vida, sería contradictorio si la regulamos como un trabajo", plantea esta extrabajadora sexual, que fue víctima de trata desde los 18 hasta los 34 años. Hoy, con 50, tiene título de periodista y se siente orgullosa de haberse abierto del mundo de la prostitución.

Junto a las afiliadas que la acompañaron, Collantes fundó la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (Amadh), que congrega a víctimas de la prostitución, la explotación sexual y la trata. "Queremos incidir dentro del Estado con políticas públicas de inclusión, darles posibilidades a las mujeres para que no elijan la prostitución como salida laboral", explica. En Buenos Aires, tienen un centro educativo al que ingresaron más de 400 mujeres y también cuentan con un centro de formación laboral.

"Esto es dar oportunidades y por eso levantamos la bandera del abolicionismo, porque es el único sistema que defiende los derechos humanos de las mujeres", concluye.

SISTEMAS LEGALES SOBRE EL TRABAJO SEXUAL

• Reglamentarismo: Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Uruguay. Este sistema es partidario de normativizar, reglamentar y legitimar el trabajo sexual como la prestación de un servicio (la implementación de zonas rojas, la utilización de libretas sanitarias y revisaciones periódicas para el control de infecciones de transmisión sexual) y prever seguridad social (jubilación y salud) para las trabajadoras sexuales.
• Abolicionismo: Argentina y toda Latinoamérica (excepto Uruguay). Este sistema no penaliza a las trabajadoras sexuales sino a quienes las exploten o esclavicen para ejercer la prostitución.
• Neo-abolicionismo: Suecia, Francia, Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte. El denominado "modelo nórdico" se inició en Suecia en 1999. Tiene como principales características la sanción a toda persona que demande servicios sexuales, la asistencia integral por parte del Estado a las mujeres en situación de prostitución, el desarrollo continuo de campañas masivas de sensibilización dirigidas a hombres y mujeres y la capacitación permanente a policías y funcionarios públicos.
• Prohibicionismo: Estados Unidos (excepto el Estado de Nevada). Hay persecución penal de la prostitución. La política en materia de prostitución se centra en la acción represiva ante cualquier oferta sexual, pública o privada, que implique una retribución monetaria a cambio. El Estado prohíbe y castiga con la cárcel, multas o medidas reeducadoras a quien la ejerce, organiza o promueve.

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