Alerta empresaria por la intención del Gobierno de subir la presión fiscal al sector privado

Algunas iniciativas que incluía el proyecto de presupuesto 2022 -que finalmente naufragó en el Congreso-, la suba de alícuotas de Bienes Personales y, ahora, el pacto fiscal que impulsa el Gobierno hacen sonar las alarmas en las empresas.

Para los hombres de negocios, la carga tributaria sobre el sector privado es muy alta en la Argentina y desincentiva la inversión, el crecimiento y la generación de empleo; la mayor presión fiscal, indicaron, alienta la informalidad. Por otro lado, sostuvieron además que la posibilidad de incrementar Ingresos Brutos (un impuesto al que consideran muy distorsivo por ser en cascada) es una muy mala señal. Esta es una puerta abre el pacto entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores.

Los directivos de las principales cámaras empresarias concuerdan con la necesidad de reducir el déficit fiscal, pero creen que el costo no puede cargarse al sector privado, sino que se requiere combatir la evasión y bajar el elevado gasto público.

“Es muy negativo para nuestro país; una mala señal”, dijo a LA NACION, Jaime Campos, presidente de la Asociación Argentina Empresaria (AEA) sobre el pacto fiscal que firmarán el Gobierno y mandatarios provinciales, y que permite subas en Ingresos Brutos y abre la posibilidad a la creación de un impuesto a la herencia. “El espíritu de los consensos fiscales es el de reducir gradualmente los impuestos, particularmente los muy distorsivos, como Ingresos Brutos”.

Según dijo el flamante reelecto al mando de la principal entidad empresaria del país, la presión tributaria global sobre el PBI pasó de 20% en 2003 a 31% el año pasado sin tener en cuenta las tasas municipales. “Es el aumento más importante en América latina en los últimos 19 años”, cuestionó. Campos dijo que la presión sobre el sector formal es del orden del 50%. “La presión tributaria en la Argentina es muy elevada”, señaló el presidente de AEA.

“Además se atenta contra la previsibilidad que requiere un sistema impositivo”, estimó Campos, que afirmó que en cuatro años, Bienes Personales fue modificado en siete oportunidades. “La previsibilidad es fundamental y no se puede alterar si se quiere tener un país en el que se generen empleos e inversiones productivas”, reclamó.

“El mensaje que el empresariado quiere darle a la dirigencia política es que la Argentina tiene que ir reduciendo gradualmente la carga tributaria para poder lograr un crecimiento sustentable”, señaló. El presidente de AEA recordó que el sector formal paga 170 impuestos y que se sigue pensando en sumar nuevos. “El consenso fiscal insta a las provincias a sumar un impuesto a la herencia. Implica sumar una nueva carga sobre un bien que ya paga impuestos, como los inmobiliarios, el automotor y bienes personales. Este es un momento para estimular la actividad productiva”, dijo.

Efecto distorsivo

“Hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo el efecto distorsivo que tiene la acumulación de impuestos de nivel nacional con los provinciales, tipo Ingresos Brutos, y las tasas municipales”, dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Copal (la entidad que nuclea a las firmas alimentarias).

“La posibilidad de un incremento de la fiscalidad provincial es algo que afectará seriamente la estructura de costos de las empresas”, dijo el directivo, que recordó que el peso de los impuestos en los alimentos llega al 38% y en las bebidas, al 47%, cifras que son coincidentes en la industria textil. “Esto no sólo encarece la producción sino que lo que genera es una competencia muy fuerte entre la economía formal y la informal. Esta competencia irregular es causa de múltiples problemas para la formalización de la economía, condición necesaria para un desarrollo sostenible”, afirmó.

“Apelamos a la reflexión para que el incremento de la presión fiscal no termine conjugándose contra este proceso de reactivación y del mejoramiento del consumo. Esta posibilidad es claramente una preocupación”, dijo Funes.

“La Argentina tiene actualmente una enorme presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que termina desalentando la inversión y la generación de empleo, por lo que considero que la creación de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes es algo negativo”, afirmó Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) a LA NACION. “Ciertamente el déficit fiscal debe corregirse, pero no incrementando la carga sobre el contribuyente cumplidor. El desequilibro de las cuentas públicas debe reducirse con un firme combate a la evasión, que además de quitarle recursos al fisco constituye una flagrante injusticia para quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones y reduciendo el excesivo gasto público, en aquellas partidas que se demuestren ineficientes o superfluas”.

“Para alcanzar las mejoras que todos ansiamos en materia económica y social necesitamos que el nivel de actividad crezca, que se generen puestos de trabajo de calidad, que se ganen nuevos mercados en el exterior. Y esto no lo vamos a conseguir si seguimos incrementando la carga impositiva”, cerró Grinman.