Desde el año pasado, el campo padece el impacto de la abrupta caída del precio internacional de sus productos. Son las reglas del mercado, es cierto. Por lo tanto, este hecho no debería provocar reclamo alguno, de no ser porque la política económica que este gobierno llevó adelante se dedicó a degradar hasta límites insostenibles la competitividad del sector más dinámico del país: a través de una presión impositiva récord, una inflación desbocada y un déficit en infraestructura que agrava las consecuencias de la situación macroeconómica.
El campo no fue el único perjudicado por la caída del precio de las commodities. El sector petrolero también se vio fuertemente afectado por esta coyuntura explosiva. Frente a este mismo problema, uno podría esperar una respuesta similar. Sin embargo, las reacciones de las autoridades fueron diametralmente opuestas.
A la caída del precio internacional del petróleo, el Gobierno respondió en octubre y diciembre de 2014 con una baja de derechos de exportación del crudo, y llevó la alícuota de 37 a 1%. A eso sumó los casi 3 dólares de subsidio por barril, mientras que las provincias petroleras decidieron bajar las regalías a quienes produzcan más. Todas son medidas que buscan darle aire a un sector que, al igual que el campo, padecía las consecuencias de las retenciones más altas de la economía.
No sólo bajaron los precios de los principales granos. Desde junio pasado, el precio internacional de la carne cayó 21%; el del algodón, 27%; el del azúcar, 17%; el del té, 8%; el de aceite de girasol, 16%, y el de la lana, 10 por ciento.
La Sociedad Rural Argentina le reclama al Gobierno una eliminación de las retenciones para el campo. Urge poner un freno decisivo a la crisis productiva para evitar que miles de familias pierdan su trabajo y para poder salir del estancamiento de la producción agropecuaria, fuente de empleo en todas las provincias del país y responsable del 60% de las exportaciones argentinas.
El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina
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