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El dilema de los Precios Justos y la apuesta del Gobierno a sumar más controles
Fuentes oficiales contaron cómo se movieron los precios dentro del programa lanzado por Sergio Massa; la AFIP suma un monitoreo fiscal y una percepción de IVA al mundo de los alimentos; hoy se conoce el IPC de enero
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LA NACIONFrancisco Jueguen
El número de inflación volverá a abrir debates esotéricos en la Argentina. Se acusará desde el oficialismo y la oposición al Ministerio de Economía de no hacer nada o lo suficiente ante la “bomba” que engendra o frente a los malignos formadores de precios. El Palacio de Hacienda defenderá sus criaturas -las que se ven- como los acuerdos de precios y los mayores controles, a pesar de que en el equipo económico saben que no sirven de nada sin variables macroeconómicas estables.
Fuentes oficiales ya comenzaron el blindaje ante el salto en los precios. En la Secretaría de Comercio afirman que el programa Precios Justos, lanzado por Sergio Massa, se cumplió, pese a que reconocen algunos desvíos. En el trimestre de noviembre, diciembre y enero, el sendero de 4% mensual pautado con empresas debería haber acumulado un 12,6%, según un ejercicio con canastas de 2000 productos de supermercados y de alimentos. La primera, dicen los números del sistema informático oficial, muestra un acumulado trimestral de aumentos de 12,7%; mientras que la segunda, 13,4%.
Si esos desvíos nacidos -según la letra oficial- de la rotación de congelados en la primera versión a no congelados en el relanzamiento del programa (varios de esos productos vieron subas del 9%) y de los incumplimientos se corrigieran, esas canastas en febrero (cuando la nueva pauta de aumentos bajó a 3,2%) deberían ser ahora de 3,8% y 3,9%. En cambio, sin correcciones, los saltos serían mayores, de 4,5% para la canasta de supermercado y de 4,7%, para la de alimentos.
La primera conclusión que se desprendería de este trabajo es que la inflación no tiene que ver con las medidas oficiales en las góndolas tomadas por el equipo de Massa, que serían “exitosas”, según el relato oficial, sino con lo que no se puede controlar: los frescos (carne, fruta, verduras, entre otros). Es el mismo argumento que años atrás utilizó Matías Kulfas con sus Precios Máximos nacidos en pandemia y que duraron más allá de la cuarentena eterna. Entonces, el desfasaje -con todos los precios supuestamente “congelados”- fue significativo. La inflación de las góndolas daba 22,8% (superior a las autorizaciones decretadas por Paula Español), mientras que la de los frescos 57,1%. El IPC marcó ese 2020 36,1%.
Massa anunció ayer un acuerdo para contener el precio de la carne (un fresco), particularmente de siete cortes (que ya estaban congelados y que ahora se sumarán hasta fines de junio con una pauta de aumento de 3,2). En Comercio aseguran que de las 5000 toneladas mensuales que se destinaban a ese acuerdo solo se estaban volcando entre 2500 y 3000 (un incumplimiento que no corregían) y que ahora se sumarían 18.000 mensuales. En la Argentina, se consumen 182.000 toneladas mensuales de carne, según los cálculos oficiales, pero de esos cortes específicos serían 60.000 toneladas.
El argumento, pese a proteger las acciones del Gobierno, diluye sin querer uno de los leit motiv del kirchnerismo más duro: que la culpa de la inflación es de las empresas. En este caso, según el Gobierno, Precios Justos prácticamente se cumplió. Los Precios Justos incluyen a la industria de alimentos y consumo masivo, y a los grandes supermercados a quienes atacan en el Instituto Patria para intentar saltarse la responsabilidad del Estado en el avance de la inflación en las últimas décadas.
Un segundo punto que vuelve a resaltar el IPC que se conoce hoy es que con marcar referencias en las góndolas, congelar precios o establecer pautas no alcanza. Muchos economistas incluso dirán que no sirve de nada, que es un show. Massa lo sabe. La aclaración al cierre del anuncio de la carne de que seguirá tomando medidas macro y microeconómicas indica que entiende que lo que quizás no es atractivo para el argentino de a pie -el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas- es un discurso que debe vender a los mercados y al FMI. Se requiere orden fiscal, acumulación de reservas y defender la deuda soberana, reiteró ayer. Se esperan medidas, entre otras, para apuntalar las reservas. Un Repo de un banco con una tasa a un dígito para el Tesoro. Deuda en dólares, otro dardo al Patria.
Un último punto abre las dudas sobre el sostenimiento que puede tener el programa Precios Justos, más allá de su impacto. Massa apostó a sumar 17 sectores a sus senderos de precios, el último hasta junio con aumentos mensuales de 3,2%. A cambio, les prometió a esas empresas acceso garantizado a los dólares subsidiados para importar (son divisas que el Banco Central compró caras al sojero y vende baratas a las empresas de alimentos y consumo con el objetivo de controlar precios). Sin embargo, el Central no para de perder reservas y las empresas se quejan de que las SIRA (permisos de importación) no tienen fluidez y que el crecimiento de sus deudas comerciales para sostener la producción no para. Para colmo, la aceleración de la inflación tensiona aún más los acuerdos con pautas de aumentos menores a futuro.
En Comercio les retrucan que, según sus datos, no existen problemas con los insumos y hablan de estrategias de cobertura. La realidad se verá en los próximos datos del PBI. La industria y la construcción ya muestran una desaceleración. La sequía, que afecta a casi el 50% del territorio nacional, le agrega incertidumbre al sostenimiento de acuerdos.
Mientras tanto, el Gobierno ajusta los controles sobre las empresas. A la extensión de los pedidos de información a las empresas que se conoció la semana pasada, el Gobierno sumó la resolución general 53/29 de AFIP. En este caso, la agencia tributaria decidió implementar un régimen de percepción del IVA aplicable (3% del monto neto) a operaciones de venta de productos alimenticios para consumo (excepto carnes, frutas y hortalizas, los frescos), bebidas, artículos de higiene personal y limpieza para ajustar la vigilancia sobre las empresas distribuidoras y el cumplimiento fiscal de comercios mayoristas y minoristas. Además, se creará una Matriz de Riesgo de Indicadores Fiscales.
“Dicha herramienta permitirá un mayor control de las transacciones concertadas o perfeccionadas, así como las posibilidades de evasión y la información verificada”, dicen los considerandos. ¿El objetivo final? Controlar de manera “sistémica, instantánea y permanente” las declaraciones juradas presentadas por contribuyentes y responsables.
Además, contaron en AFIP, se crea un registro (comercios minoristas y mayoristas) de no alcanzados por el presente régimen de percepción. Quedarán afuera los monotributistas. “Se busca evitar que los grupos de empresas realicen maniobras elusivas del pago de IVA cuando hacen operaciones de compras de servicios entre las empresas del mismo grupo para equilibrar el IVA. Vamos a empezar a revisar esas declaraciones”, anticiparon en la AFIP.
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