El Gobierno confirmó que habrá un incremento adicional de tarifas para comercios

La secretaria de Energía, Flavia Royón, lideró ayer la conferencia de prensa donde se buscó dar más detalles sobre el aumento de tarifas de gas y electricidad, el corazón del ajuste fiscal que llevará adelante el ministro de Economía, Sergio Massa. Durante la conferencia, resumió que el aumento promedio entre servicios de electricidad y gas para los usuarios que perderán los subsidios será de $1200. Además, habrá un incremento adicional para los comercios, que no había sido anunciado previamente.

La Secretaría de Energía no precisó cuánto será el incremento de gas y electricidad para los comercios, pero indicó que se le aplicará el mismo procedimiento que a los usuarios residenciales que pierden los subsidios. Es decir, a partir del 31 de agosto se les quitará un 20% de los subsidios. Tampoco confirmaron a cuántos comercios alcanza la medida.

En cuanto a los consumos comunitarios (los que están inscriptos como consorcios, por ejemplo), el Gobierno tampoco detalló de cuánto será la suba.

Luego de una hora de exposición y preguntas de la prensa, la impresión inicial es que hay más dudas que certezas. A su vez, al realizar una segmentación por ingresos, por consumo y por región, cada hogar tendrá un incremento distinto, que será difícil de calcular o generalizar. A pesar de las imprecisiones, la Secretaría de Energía buscó enfatizar que se ahorrarán $47.500 millones en subsidios en lo que resta del año, sin explicar cómo se llega a esa estimación.

El Gobierno, a su vez, quiere implementar la nueva política tarifaria a partir de 31 de agosto. Sin embargo, todavía se está procesando la base de datos que se formó con la puesta en vigencia del formulario para pedir los subsidios.

En concreto, el Gobierno confirmó una segmentación en tres niveles. Para un primer segmento de la población con mayores ingresos no habrá más subsidios a partir de 2023. Para llegar a pagar la tarifa plena, se aplicarán tres aumentos. El primero regirá con el consumo de a partir del 31 de agosto (impactará en las boletas a fines de septiembre), donde se quitará un 20% del subsidio. Por ejemplo, un usuario de Edesur que consume 300 kwh por mes pasará de pagar $1467 sin impuestos a $2285 en septiembre, lo que implica un aumento de 55%. En gas, el incremento promedio sería de $400 el mes próximo.

Estos usuarios que comenzarán a pagar la tarifa plena tendrán luego dos incrementos más con los consumos de a partir del 31 de octubre y del 31 diciembre, respectivamente, que serán mayores, ya que se quitará un porcentaje mayor del subsidio (el 80% restante).

Para los hogares que pertenecen al nivel 2 y que, por lo tanto, son beneficiarios de tarifa social, no habrá más aumentos de gas y electricidad en el corto plazo.

Finalmente, los usuarios de ingresos medios, que pertenecen al nivel 3, mantendrán el subsidio siempre y cuando no superen un tope de consumo de gas y electricidad, porque pagarán la tarifa plena sobre el excedente. En cuanto al servicio eléctrico, el tope de consumo son 400 kwh por mes, o de 550 kwh mensuales para las localidades que no cuenten con gas natural por red (en particular, las provincias del norte).

En gas, el tope tendrá una variación según la región y la época del año, ya que mientras en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo de gas residencial promedio en invierno es de 141 m3, en Santa Cruz o Tierra del Fuego, la demanda es de casi 700 m3.

Para los hogares del AMBA, el tope promedio anual para una categoría R2 (residencial 2) serán entre 403 y 508 m3. La Subsecretaría de Hidrocarburos indicó que cada distribuidora luego informará el tope mensual, ya que será distinto en verano que en invierno, por los diferentes niveles de consumo.

La Secretaría de Energía no tiene una estimación final sobre cuántos usuarios totales de electricidad hay en el país. Proyecciones privadas señalan que podría haber 15 millones de hogares, de las cuales solo 9 millones se anotaron en la declaración jurada. El Gobierno, a su vez, dijo que 4 millones de usuarios no se registraron, pero todavía falta saber qué ocurre con los 2 millones restantes que no están en el sistema.

Además, se está analizando si entre aquellos 4 millones de usuarios que no se inscribieron en la declaración jurada hay hogares de ingresos bajos, que podrían ser alcanzados con los aumentos correspondientes a los usuarios de mayor poder adquisitivo.

La cartera de Energía, por lo tanto, todavía tiene que procesar la base de datos que reunió con la información que recolectó de las declaraciones juradas. Una vez procesada, se le enviará a cada ente regulador provincial los datos para que, a su vez, elaboren los cuadros tarifarios y se los manden a las distribuidoras de electricidad. Estas empresas, por su parte, deberán cruzar los datos con sus bases de usuarios y aplicar los incrementos. Se trata de un proceso muy complejo y los tiempos son muy justos. En la Secretaría de Energía admitieron que su implementación dependerá del nivel de modernización de cada distribuidora.

El formulario para modificar la situación patrimonial sigue habilitado y cada mes habrá un nuevo corte para procesar la información. Fuentes oficiales indicaron que los cambios realizados impactarán en la facturación de los usuarios en promedio a los 60 días, pero dependerá de cada distribuidora.

En el servicio de agua, la titular de Aysa, Malena Galmarini, confirmó que resta un aumento de tarifas de 10% para todos los usuarios con las boletas de octubre. Luego, a partir de noviembre, se quitará el subsidio utilizando una segmentación geográfica. Actualmente, los usuarios de agua en el AMBA pagan solo un 36% del costo del servicio.

Las zonas residenciales se dividirán en alta, media y baja. La zona “alta” dejará de recibir subsidios a partir de noviembre. Si esa factura promedio en octubre era de $841, el incremento será de $1258 (150%). En el caso de la “media”, una factura promedio mensual en octubre de $754, recibirá subas de $376 en noviembre; $377, en enero; y $376 en marzo. La zona “baja”, con un promedio de factura mensual de $707, recibirá alzas de $264 en noviembre; $265 en enero; y $265 en marzo. Este es el único sector que mantendrá, según la información oficial, un 15% de subsidio en la factura final después del tercer mes de 2023.

La representación en el anuncio fue variopinta. Royón, que todavía no está oficialmente designada porque no salió su nombramiento en el Boletín Oficial, estuvo acompañada por el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal -un alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner-; y por el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti -cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur-. Por el Frente Renovador dieron el presente la titular de Aysa, Malena Galmarini; y la subsecretaria de Planificación Estratégica, Cecilia Garibotti, un cuadro técnico de ese espacio. También estuvo Raúl Rigo, secretario de Hacienda.

“Esta segmentación ha sido pensada con una distribución basada en justicia social y equidad”, planteó Royón, quien hizo énfasis en la necesidad de que se empiece a trazar un “consumo responsable” de estos recursos. “Estamos pensando en tarifas justas y responsables, necesitamos que la población acompañe”, señaló. Además, indicó que este plan contribuirá a la idea de un Estado “eficiente y ordenado”, y adelantó: “Esta es la primera etapa. Se van a poner límites de consumo en energía eléctrica y gas. Vamos a trabajar a lo largo de los meses en medidas e iniciativas que acompañen a la población”.

La funcionaria que llegó desde Salta para sumarse al Ejecutivo nacional enfatizó -como se sabía- que los usuarios serán divididos en tres niveles: el 1, donde estarán los sectores de altos ingresos; el 2, de menores ingresos; y el 3, de ingresos medios. Con respecto al primer grupo, que perderá el aporte Estatal sobre la tarifa, indicó que se decidió quitar 20% del subsidio en el primer tramo y el 80% restante en dos etapas iguales, durante los siguientes dos bimestres. Esto regirá a partir de septiembre y para enero se pagará la tarifa plena.

Convencida de que “los costos en energía eléctrica van a tender a bajar”, Royón recordó que se fijará un tope máximo de consumo para el gas y la energía eléctrica, y aclaró cómo se aplicará la tarifa completa en caso de superar estos montos. “No es que si uno se pasa, pierde todo. Sino que en razón a la progresividad sobre el incremental al tope, se va a hacer la quita del subsidio. El tope de energía eléctrica es de 400 kWh, cuando uno consume 450 no es que pierde [el subsidio] sobre los 450, sino sobre los 50 incrementales”, determinó.

“Queremos que los subsidios lleguen a las familias que más lo necesitan”, dijo.

Como es usual en la línea discursiva que emana del gobierno nacional, hizo un fuerte reparo en el contexto internacional signado por la guerra en Ucrania, que imprimió un fuerte aumento en los valores de la energía. “La Argentina no es ajena a esta realidad. Europa está en un racionamiento energético, [allá] hay aumento de precios entre cuatro y diez veces. Este cambio golpea a nuestro país, que no es ajeno”, justificó Royón.

Además, puntualizó que hubo un crecimiento en la demanda de 3,1% con respecto al año anterior y de 7% con respecto a 2019. “Esto ha ocasionado que el país haya tenido que gastar 3600 millones de dólares más para garantizar el abastecimiento y funcionar con normalidad, es el costo que la guerra ha tenido”, detalló.

Sin embargo, remarcó que en la Argentina “no hubo restricciones en este invierno a la industria”, que “no faltó el gas” y que se tomaron “decisiones estratégicas” en ese sentido, dentro de las que mencionó la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. “Este complejo tiene la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento y exportar energía”, dijo sobre la obra.

En tanto, Bernal dijo hoy que la quita de subsidios en el consumo de gas se hará “en tres etapas” que serán en septiembre, noviembre y enero con “aumentos progresivos”.

“El servicio público de gas por redes tiene una particularidad climática regional que creo oportuna dar a conocer para entender luego lo que va a hacer la explicación de topes de consumo que se han fijado. Los umbrales más bajos que hay se dan en la provincia de Tucumán y los más altos, en la provincia de Tierra del Fuego”, dijo Bernal.

Tras la introducción, el funcionario brindó más detalles de lo que el Gobierno bautizó “ordenamiento tarifario de subsidios con criterio federal y comprensión climática”.

“El consumo de gas por redes en los hogares ubicados en las regiones más frías duplica al de regiones templadas, pero en los casos más extremos -como la provincia de Santa Cruz comparada a la ciudad de Buenos Aires- la diferencia es de 11 veces mayor”, precisó.

Y agregó: “Este diferencial se explica centralmente por el uso de calefacción requerido para climatizar los ambientes del hogar y es determinante para conservar la salud y garantizar la supervivencia de sus integrantes”.

Así, en la presentación, Bernal destinó unos segundos para cruzar a quienes cuestionaban los métodos de segmentación. “Acá no se están climatizando las veredas o esas frases tristes que hemos escuchado los argentinos, sino que la calefacción en provincias patagónicas permite la supervivencia”, apuntó.

“La información preliminar que tenemos de presentaciones en el Registro de Acceso a Los Subsidios a la Energía (RASE) -discriminado, a su vez, por niveles de ingreso- es: nivel 1, con el aproximadamente el 3% de los usuarios totales; nivel 2, un 31% de los usuarios totales; y para el nivel 3 casi un 28% de los usuarios totales. No inscriptos, al día de la fecha, son un 38% de los usuarios totales (3,5 millones de usuarios)

Los aumentos para los niveles 1 y 3 se aplicarán gradualmente en 3 bimestres, a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre.

El nivel 1 es al que se le aplica la quita total de subsidios para todo su consumo, esto es equivalente a un aumento del 167% del precio del gas.

Para el nivel 3, contemplando las particularidades climáticas que tiene la Argentina, y a su vez adoptando a las distintas categorías y subzonas tarifarias, la decisión es subsidiar a un volumen equivalente a un 70% promedio entre umbrales mínimos y máximos para esa categoría y subzona. Lo que esté por encima, es decir, el 30%, se mantiene sin subsidio, y se va a ir a un aumento escalonado del valor pleno del gas, es decir, a un aumento del 167%.

A los usuarios del nivel 2 se les va a mantener la tarifa vigente, ahí no hay incrementos.

En el caso del agua, Galmarini detalló hoy que la quita de subsidios a usuarios no residenciales “será en dos pasos, primero se sostendrá el 40% (del subsidio), luego el 20% para llegar a marzo del 23 con el 0%”, en el segmento medio.

Galmarini señaló que “los no residenciales son 9% de los casos, pero implican un 30% de la facturación anual; y los residenciales, un total de 69%”.

La Secretaria de Energía dijo en la ronda de preguntas que “el aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de 1200 pesos” y detalló que “un hogar promedio se estima que debería consumir 250 kilovatios-hora por mes y el corte que se hizo es en 400″.

En tanto, Malena Galmarini señaló que, “en el caso del agua, en promedio el aumento entre noviembre y junio del año que viene será de 1000 pesos”.

Royón también afirmó que con la segmentación de tarifas de los servicios de energía eléctrica y de gas se estima un ahorro fiscal de $47.500 millones para 2022 y de $455.000 millones en base anualizada.

“Esto es más de lo presupuestado originalmente, cuando se arrancó el tema de la segmentación, porque se estimaba que solamente el 10% no iba a solicitar el subsidio, y hoy tenemos en energía eléctrica 4,5 millones de usuarios aún no inscriptos y 3,5 millones en materia de gas”, agregó la funcionaria durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

Según precisó Bernal, el Gobierno fijó topes a los subsidios por consumo según la categoría de los usuarios. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, rigen ocho categorías. Los 845.000 usuarios porteños de Metrogas representados en la categoría R1 tendrán un tope de volumen subsidiado de 175 metros cúbicos por año.

“Lo que hacemos es buscar un volumen fijo a ser subsidiado, no vamos a subsidiar un porcentaje del consumo, en general. Ponemos un tope y ese es el volumen fijo a subsidiar. Esto es en lugar de haber tomado consumo promedio directamente, lo cual consideramos que era más objetable, porque para tomar un consumo promedio era ver qué año se toma, si hizo frío o calor. Por eso lo que hicimos fue construir un punto medio, un promedio, que surge -para cada categoría y subzona tarifaria- del umbral mínimo y máxima de esa categoría”.

“En este caso, por ejemplo, un R2-1 tiene un volumen tope de 403 metros cúbicos por año subsidiados. Es el 70% de ese promedio anual, que surge de estar en el medio, para decirlo bien coloquialmente, entre el mínimo y máximo de esa categoría. Lo que consuma por encima –es decir, un 30%- verá el aumento”.

“Ese tope fijo lo estacionalizamos y lo adaptamos a cada subzona tarifaria y cada categoría de usuario para que el promedio sea lo más parecido entre umbrales. Se definió un volumen fijo a ser subsidiado, y no un porcentaje del consumo, independientemente de cuál sea. Ese volumen está bien representado en función de su lugar en el que reside, la estacionalidad y de cada categoría”.

Por Sofía Diamante

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