Precios Justos: el Gobierno relanza el programa con 50.000 productos que solo podrán aumentar 3,2% mensual hasta junio

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezará mañana con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el relanzamiento de Precios Justos, el acuerdo con supermercados y empresas de consumo masivo que comenzó a regir en noviembre pasado y continuará hasta el 30 de junio con cambios. En la primera edición, el énfasis estaba puesto en la canasta de cerca de 2000 productos de primera necesidad que quedaban congelados por cuatro meses, al mismo tiempo que cerca de 30.000 se actualizaban al 4% mensual. Ahora, el foco está en el sendero de aumentos de la mayoría, que correrá al 3,2% en promedio e incluirá a 15 rubros.

“Hay que comprender que lo fuerte es la pauta del 3,2% porque la canasta [congelada] es ínfima. No existe un congelamiento por cinco meses. El ministro dijo y fue claro en que no tiene sentido pisar la manguera”, afirmaron fuentes de Gobieno sobre este tramo del acuerdo que arrancó ayer 1 de febrero, si bien el primer entendimiento regía hasta el 28 de este mes.

Concretamente, habrá 49.832 productos de 482 empresas de 15 rubros (consumo masivo, calzado, celulares, venta directa, hogar y construcción, indumentaria, útiles, insumos difundidos, pequeños electrodomésticos, chacinados, textiles bicicletas, medicamentos, combustibles y motos) que podrán tener incrementos de hasta un 3,2% mensual.

En cuanto a los 2000 productos de consumo masivo congelados, las canastas se renovarán con algunos productos que ingresarán en lugar de otros, mientras que los que quedan tendrán aumentos. Los 2000 artículos no van a ser los mismos durante cinco meses, sino que rotarán cada 60 o 90 días. En cuanto a los que salen ahora del congelamiento fuentes oficiales dijeron que podrían tener incrementos del 9%.

“No habría manera de ampliar Precios Justos hasta junio si las empresas no creyeran en la pauta de aumento mensual del 3,2%. El programa es un eslabón de una cadena que incluye el orden fiscal y la acumulación de reservas como pilares y el trabajo mancomunado entre las distintas secretarías, la AFIP y el Banco Central. Una empresa internacional que tiene que elevar los parámetros del acuerdo a la casa matriz del exterior no recibe un sí si el empresario ve que no hay argumentos para que sea posible. La pauta no es voluntarista”, aseguraron.

Según la Secretaría de Comercio, el abastecimiento de los productos de consumo masivo en general está en un nivel de cumplimiento que va del 70% al 80%, mientras que en los productos con precios congelados cae a un 65%. En este sentido, entienden que puede haber un desplazamiento de la demanda de los comercios de cercanía a los supermercados para conseguir mejor precio.

En enero, la secretaría hizo 2784 inspecciones y se labraron 320 actas por incumplimientos. Las fuentes remarcaron que el control solo está a cargo del Gobierno, es decir, de la secretaría y los municipios, y aclararon que los sindicatos, como el de camioneros, pueden informar irregularidades, al igual que las empresas, pero que no tienen potestad para controlar el funcionamiento del programa.

“El Estado no delega el control en nadie. No tiene acuerdos con ninguna agrupación para que fiscalice. Sí se puede compartir información y pueden entrar a depósitos, pero no a controlar sin invitación. Los acuerdos con las compañías son voluntarios”, esgrimieron desde el Gobierno.

Nueva herramienta

En esta línea, el control físico en esta nueva etapa de Precios Justos quedaría relegado a un segundo plano, porque la Secretaría de Comercio estrenará una nueva herramienta digital. Además de la aplicación mediante la cual los consumidores pueden denunciar incumplimientos, Tombolini contará con un software desarrollado por Arsat y Amazon que procesará datos que informan los supermercados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) y los que las empresas publican en sus plataformas de e-commerce.

“Si a alguien le molestan los controles presenciales serán post mortem. Seguirán existiendo, pero ex post. Este es el último grito de la moda. Con esto estamos un paso adelante del sector privado y vamos a poder determinar quién incumple si se echan la culpa entre fabricantes y supermercados”, señalaron.

El software -que no tiene nombre- releva 3.670.617 ítems (el número es mayor a los casi 50.000 porque un mismo producto puede tener distintos precios en distintos supermercados) y puede ver grados de cumplimiento por cadena y por cadena y marca y listar productos con desvíos de precios (que aumentan más que un 3,2% respecto del mes anterior o más que el precio establecido si el producto es parte de la canasta congelada).

“Esta herramienta es con usuario y clave, y la información se podrá compartir con municipios, mientras que a los supermercados se les mandará un informe con desvíos diarios. Si la situación se mantiene y, no se trata de un error, se procederá a una fiscalización”, explicaron.

Esto para consumo masivo. Para el resto de los sectores se creó un historial de precios que irán nutriendo con información de las webs de marcas.

“Hay un equipo de 15 personas separado por sectores que monitorearán los acuerdos entrando a las webs de Converse, Easy o pinturerías Alba, por ejemplo. Es una herramienta que irá creciendo con el tiempo barriendo toda la información. El relevamiento que toma datos del SEPA discrimina hasta comercio con dirección mientras que el historial de precios toma la información que las empresas voluntariamente publican en la web”, detallaron.

En cuanto al adelantamiento de la reedición de Precios Justos, resaltaron que tuvo que ver con el cumplimiento de las metas de déficit fiscal y acumulación de reservas, ya que “se dieron las condiciones para homogeneizar plazos y pautas”.

“La contraparte de la participación para las empresas es la posibilidad de prever el flujo de insumos para atender los acuerdos de precios. El que vende va a tener una ecuación razonable y, si no cumple, se lo multará y se suspenderán los términos del acuerdo”, cerraron.

Cabe recordar que el entendimiento con las marcas de indumentaria también vencía el 28 de febrero, al igual que Precios Justos.

En cuanto a los celulares, el congelamiento que pesaba sobre 72 modelos regía hasta el 15 de marzo, mismo mes hasta el cual las empresas productoras de insumos industriales básicos se habían comprometido a no modificar sus precios por encima del 3,9% en promedio respecto del mes de diciembre.

Por otro lado, distintas marcas de zapatillas habían efectuado un descuento en sus precios del 20% en diciembre y se habían comprometido a un sendero de aumentos de hasta el 3% para los meses de enero, febrero, marzo y abril.

En cuanto a la industria textil que provee a las marcas, se había acordado un congelamiento por 60 días, que venció en diciembre, y para los meses de enero, febrero y marzo se iban a adecuar a la variación del tipo de cambio oficial.