Qué políticas proponen las pymes para quitar trabas, dinamizar su actividad y crear empleos

CÓRDOBA.– Stock de Proyectos Reprimidos (SPR) es el concepto registrado por un grupo de empresarios pymes; se refiere a todas las iniciativas que tienen y que no concretan por diferentes motivos. El Movimiento Nacional Pyme (Monapy) recorre el país con un anteproyecto de ley con diferentes propuestas que, de concretarse –dicen sus impulsores– generarían dos millones de empleos en un año. Esperan presentar la iniciativa en el Congreso en las próximas semanas.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (la clasificación incluye una facturación máxima anual de $7000 millones en el sector industria y minería y, por número de empleados, desde cinco a 655) representan 61% del empleo registrado total del país y generan, según datos oficiales, 42% del producto bruto interno (PBI). Hace años que desde el sector plantean que necesitan mejores herramientas y programas de financiamiento, además de leyes laborales y esquemas tributarios más adecuados. Por supuesto que el primer escalón –como pasa con cualquier actividad económica– es una macroeconomía ordenada.

“¿Cuántas veces escuchamos que hay miles de millones de dólares para las pymes? Los números muestran que por cada peso que facturamos hay cinco centavos en préstamos, no existe”, dice a la nacion Alejandro Bestani, presidente de Alimentos Inca, responsable Pyme de Copal y titular del Monapy. Agrega que en 40 años se dictaron unas cinco leyes para el sector y “ninguna anuló la anterior”, por lo que terminó habiendo “una maraña”.

La propuesta del Monapy es una norma “superadora” que reemplace a esas leyes y que cree la Agencia Federal Pyme en la órbita del Ministerio de Economía, con “autarquía operativa y financiera”. Bestani subraya que no hay que sumar “ni un peso ni un empleado” al presupuesto actual, sino “redireccionar” los recursos. Para los 3000 empresarios que participaron de la elaboración del proyecto, hay una “invisibilidad permanente” en el “diseño de las políticas económicas”.

La economista de la consultora Abeceb, Belén Rubio, plantea que el mundo pyme requiere de una serie de cuestiones para potenciar su crecimiento sustentable. Enumera que es el primer segmento afectado por la “falta de profundidad financiera” existente. “Al no tener acceso a otros mercados o al no ser parte de una multinacional, requieren de financiamiento y tanto en términos bancarios como de documentos, ese mercado es muy chico”, describe.

La simplificación burocrática es otro ítem que menciona entre los significativos; aclara que no necesariamente se trata de hacer una estructura tributaria diferenciada, sino de crear un “esquema de incentivos” que dinamicen al sector.

Matías Sturt, economista jefe de Inveq, enfatiza que la estabilidad macro es más relevante para las pymes que para el resto de las empresas, porque “no tienen espalda financiera, no tienen estructura para navegar en aguas turbulentas”. Cree que en algunos casos es necesario impulsar a las pymes con determinadas medidas, pero advierte que muchas veces “hay buenas intenciones que terminan teniendo el resultado contrario”.

Grafica con el caso de Ganancias; una pyme paga 25%, pero si gana más paga 35%, lo que genera “un techo” para su crecimiento. “Hay un sesgo hacia el sector en mucha legislación que era para impulsarlas, pero terminó poniéndoles un límite. Hay que corregirlas”, agrega.

La propuesta del Monapy es la de un tratamiento impositivo especial para las empresas encuadradas como pequeñas y medianas. Por ejemplo, establecería que no paguen el impuesto al cheque ni retenciones; en el caso de Ganancias impulsan que la alícuota sea de 20% y plantean que las que realicen inversiones productivas tengan derecho a computarlas como “pago a cuenta” de la carga, aplicando la tasa de 10% sobre el valor de las inversiones y sin superar el 2% del promedio de ingresos netos. Para los saldos a favor el texto establece “compensación automática y devolución”.

Además, pide que se instruya a la AFIP a tener procedimientos que simplifiquen la determinación y el ingreso de los impuestos y la puesta en marcha de una ventanilla única. Además, impulsa un acuerdo fiscal para que las provincias reduzcan Ingresos Brutos para llegar a 2024 con una alícuota del 1%, sin distinción de actividad.

Sturt es más partidario de reglas generales claras que “dejen actuar a las fuerzas del mercado” y que no generen un “desincentivo”. Sí cree que en el área tributaria se requiere una “simplificación”, para que a las pymes les sea más fácil cumplir.

Para la elaboración del proyecto, el Monapy trabajo con la Fundación Pymes, que hizo encuestas en todo el país. Bestani subraya que se hicieron “simulaciones” dice que “está comprobado” que se pueden “crear 2 millones de empleos genuinos”. Califica las sugerencias como “audaces y polémicas”, pero sostiene que son el “único camino para crear trabajo”.

“Hace cuatro décadas que estamos estancados en el desempleo y la pobreza –añade–. En el camino en que se insiste no aparecen respuestas; hay que probar otro. Llevamos dos años relevando ideas y proyectos”.

El consultor Jonatan Loidi advierte que el concepto “pyme” es muy abarcativo y que incluye realidades diferentes, desde empresas que no pueden acceder a insumos por falta de dólares, a las que tienen problemas de tipo comercial o financiero. El factor más transversal que detecta es el vinculado al capital humano. “A todas les cuesta conseguir gente; en los estratos más bajos compiten con los planes sociales, y en el nivel medio y alto hay un bache de calificación y, además, exigencias de salarios que las empresas no pueden pagar”, dice.

Lucas Dapena, del Ieral Salta, coincide en que hay que contemplar las diferencias que incluye el concepto: “Una pyme de 50 empleados en una provincia ya cuenta con los contactos necesarios para moverse y solucionar problemas, mientras que una de 10 o 15 no tiene estructura y, en general, se mueve en la informalidad para vivir”. A su entender, podría avanzarse un régimen de fomento que contemple los problemas logísticos y de tamaño de mercado que afrontan las empresas del interior. “Son restricciones naturales que deben ser tenidas en cuenta por la normativa impositiva y laboral; hay que simplificar los esquemas para que la relación costo-beneficio de la formalidad les convenga”, apunta.

Rubio está de acuerdo con ese análisis: “Una relación no clara con un proveedor o un empleado puede significar la vida o la muerte; por eso hay un alto nivel de informalidad, esa característica es siempre más manifiesta en firmas con menor cantidad de empleados”

En el Monapy entiende que debe haber un régimen simplificado de registro de relaciones laborales, con contratos que no puedan disolverse sin preaviso de 10 días por las partes, cuando el vínculo es de menos de un año y de 30 días si es de mayor plazo. Para casos de despido, propone una indemnización equivalente a medio mes de sueldo por cada año de servicio o más de tres meses (sobre la base de la mejor remuneración mensual del último año). Propone, además, un régimen de conciliación obligatoria federal y que las empresas que tomen nuevos trabajadores no paguen contribuciones laborales por cinco años; transcurrido ese plazo, el beneficio sería de 50% siempre y cuando haya crecido 30% el plantel.

Sturt –que asesora a Elisa Carrió en materia económica– indica que en el proyecto que presentó la Coalición Cívica en el Congreso para reducir la presión impositiva contemplaron la eliminación de la doble indemnización (terminaría en julio) y también la necesidad de elevar de 10 a 20 el número de empleados para exigir que haya delegado sindical.

Otro aspecto en el que indica que hay que avanzar es en la “descentralización” de la discusión de los convenios colectivos de trabajo y en darles asistencia técnica para exportar. “Hay que correr la mirada de la tasa diferencial y el subsidio, que a veces terminan haciendo que no quieran crecer para no perderlos y focalizarse en facilitar el desarrollo autónomo”, resume.

NÚMEROS CLAVES

• Hay 1.633.631micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro MiPyME, según el dato oficial de febrero de 2022

• En estas empresas está el 61% del empleo asalariado registrado y el 49% de la masa salarial

• 80,8% de las pymes está en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

• Hay 1 pyme cada 1000 habitantes

• Se crea 1 pyme por cada 2300 habitantes (en Brasil, 1 cada 347 y en Chile, 1 cada 124)

Fuente: Sepyme y Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)