Discapacidad: luces de alarma
En vez de seguir despilfarrando dineros públicos en cuestiones no vitales, el Estado debería garantizar la atención de los más vulnerables
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Más de 50 organizaciones no gubernamentales (ONG) y federaciones que brindan servicios para personas con discapacidad se reunieron en el Congreso con diputados nacionales para entregar un petitorio referido a los retrasos que, desde mayo último, vienen afectando los pagos de las obras sociales a sus prestadores de servicios, y a la ausencia de un nomenclador que se rija por la inflación. En la ciudad de Buenos Aires, la carpa blanca y el acampe en Plaza de Mayo de días atrás, pusieron también sobre el tapete el malestar ante un proyecto de decreto de necesidad y urgencia que fija, además, cambios en el fondo de asistencia a la discapacidad que dispondría el Gobierno. Con plazos de entre 120 y 160 días para cobrar, algo ya naturalizado pero que en un contexto de alta inflación se vuelve insostenible, se afecta la educación, la salud y el transporte, entre otras cuestiones que son imprescindibles para la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad.
No podemos permitir que se sigan financiando empresas inviables como Aerolíneas Argentinas, entre tantos otros gastos superfluos, y pretender que el ajuste castigue a quienes no tienen otra forma de transitar su día a día si no es con ayuda
Hasta aquí, el mecanismo de integración establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informa a la AFIP los totales liquidados asignados a cada obra social y, luego, la AFIP acopia de la cuenta recaudadora los recursos necesarios para cubrir las erogaciones. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, intentó justificar los retrasos en inconvenientes administrativos y afirmó que ya se estaría regularizando la situación. “En agosto –sostuvo–, hemos dado un incremento del 25% en los valores arancelarios, lo que consolida a septiembre un incremento del 69%, por encima de la inflación”. Si no se paga en tiempo y forma, los incrementos se evaporan. Los recortes en estas partidas fueron desmentidos por el Gobierno. La realidad es que personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, junto con sus familias, se ven obligadas a sortear innumerables dificultades ante las demoras o faltas de pago a terapeutas y profesionales que trabajan con vocación, profesionalismo y convicción.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Argentina, obliga a garantizar las prestaciones para su bienestar e inclusión. Lógica preocupación despierta un borrador de proyecto de ley que prevé liberar la obligatoriedad que pesa sobre las obras sociales para cubrir las prestaciones de discapacidad trasladándola a la Andis. Contempla para ello la creación de un Fondo Nacional para la Cobertura de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad con aportes del Tesoro Nacional. El rechazo al proyecto en Change.org continúa sumando firmas.
La propia CGT, con gremios que administran mayoritariamente las casi 300 obras sociales de todo el país, presiona para que el Estado cargue con el costo de traslados y educación de personas con discapacidad. Con vidas de por sí muy difíciles, las trabas burocráticas que deben sortear esas personas son muchas y suma demasiada angustia pensar que sus necesidades pueden no cubrirse y peligrar sus derechos adquiridos.
Por su parte, la defensora de la Niñez, Marisa Graham, evalúa denunciar a Sergio Massa por la falta del dinero para garantizar programas como el creado por la ley Brisa, que asiste a hijos de víctimas de femicidio.
Ante el despilfarro de recursos públicos, considerar que los ajustes deben caer sobre prestaciones esenciales es seguir desviando el foco sobre la necesidad de reformas estructurales y recortes racionales.
El Estado debe garantizar la debida atención para los más vulnerables. No podemos permitir que se sigan financiando empresas inviables como Aerolíneas Argentinas y tantas otras deficitarias y, al mismo tiempo, pretender que el ajuste castigue a quienes no tienen otra forma de transitar su día a día si no es con ayuda.
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