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El asesinato de Nisman: el mejor homenaje, la verdad
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LA NACION
Con razón se ha dicho que Alberto Nisman fue la víctima 86 del atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994. Su muerte ocurrió el 18 de enero de 2015, unos veinte años después del ataque terrorista que sigue sin resolverse en la Justicia. Cuatro días antes de su muerte, Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller, Héctor Timerman , entre otros, como responsables de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a las personas investigadas por la voladura de la AMIA .
Pedía, en su denuncia, que se los investigara por el delito de encubrimiento agravado, estorbo al desarrollo del proceso penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo esto era de una inusitada gravedad debido a que se trataba de un encubrimiento del acto terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, declarado crimen de lesa humanidad. Uno de los soportes de la denuncia del fiscal era la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral , que dispuso en noviembre de 2006 la captura internacional de varios ciudadanos iraníes.
El magistrado entendía que había prueba suficiente sobre la existencia de un delito de homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido por odio racial o religioso.
La lista incluyó, entre otros, a Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (presidente de Irán entre 1989 y 1997), Alí Fallahijan (ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997), Alí Akbar Velayati (ministro de Asuntos Exteriores de Irán entre 1981 y 1997) y Mohsen Rabbani (consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires entre 1994 y 1998).
Ahmad Vahidi, ministro de Defensa de Irán cuando Timerman negoció el memorándum de entendimiento, era parte de la trama que el recordado periodista José Eliaschev anticipó valientemente en 2011, destapando así la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió el país, en 1992 contra la embajada de Israel y en 1994 contra la AMIA.
En enero de 2013, los cancilleres de la Argentina y de Irán firmaron el "memorándum de entendimiento sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA". El texto habría sido revisado solo por Cristina Kirchner y Carlos Zannini , entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia. En la cancillería argentina el proyecto de tratado omitió los canales habituales, ya que no intervinieron la Dirección de Consejería Legal, la Dirección de Tratados ni la Dirección África del Norte y Medio Oriente.
En vergonzosa consonancia con los intereses iraníes, el punto séptimo del memorándum preveía que con la sola firma de ambos cancilleres este podía ser remitido a Interpol a los fines del levantamiento de las circulares rojas que pesaban sobre las personas a quienes se buscaba por el atentado. No obstante no haber sido nunca aprobado por el gobierno de Irán, el acuerdo cumplió su fin y fue comunicado a Interpol: Timerman y el canciller iraní, Alí A. Salehi, remitieron una nota conjunta a Interpol, en la que informaban sobre lo acordado. Antes de que el Congreso argentino sancionara, el 27 de febrero de 2013, la ley por la cual se aprobó el memorándum, los efectos de este se habían consumado.
El sigiloso derrotero de hechos vinculados con el mencionado memorándum, culminados a espaldas de la sociedad, constituían el eje de la denuncia que Nisman presentó contra la entonces presidenta de la Nación y otros acusados de encubrimiento, cuatro días antes de morir. Al horror de la muerte de 85 víctimas inocentes se sumaría la de quien denodadamente intentó que se esclareciera la oscura trama de un documento que cercenaba la investigación del atentado de 1994. Las multitudinarias marchas públicas que siguieron a la muerte del fiscal inquietaron al gobierno denunciado.
Cristina Kirchner tildó de golpistas a los funcionarios judiciales que participaron de las marchas y se atrevió a sostener que se advertía una partidización del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios consideró la velada amenaza como "un vulgar, no por eso menos peligroso, intento de presión y condicionamiento". El 26 de febrero de 2015, el juez federal Daniel Rafecas, en una decisión tan veloz como vergonzosa, desestimó la denuncia presentada por Nisman, al sostener inexplicablemente que no estaban dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal. Poco después, el gobierno kirchnerista inició una feroz campaña de desprestigio de la figura del fallecido fiscal, que culminó con una intervención del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , quien lo acusó de "trucho y sinvergüenza".
En diciembre de 2017, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, confirmaron parcialmente el procesamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio contra los imputados, incluida la expresidenta, por encubrimiento agravado en el caso de la voladura de la AMIA.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, rechazó el 8 de marzo de 2018 los recursos interpuestos contra la mencionada decisión de la Sala II. En otras palabras, después de valorar la prueba agregada al proceso, la decisión sobre la sospecha referida a la responsabilidad criminal fue avalada en tres instancias y por los seis jueces intervinientes.
Aquella decisión de la Sala II aclaró que el objeto de la investigación no es el Tratado que aprueba el memorándum, sino lo denunciado por Nisman. El esclarecimiento supone saber si funcionarios y otras personas desarrollaron un plan criminal antes, durante y después de la firma de ese documento. Este lleva a presumir negociaciones clandestinas entre representantes formales del Poder Ejecutivo local y extranjeros, así como el montaje de una suerte de aparato paralelo de comunicación entre quienes oficiaban como portadores de mensajes de prófugos y encubridores a fin de evitar la acción de la Justicia argentina. Cualquier discusión debería comenzar con un examen sobre ese punto.
La oportunidad de la política para rendir en su momento cuentas sobre lo acontecido fue deliberadamente desperdiciada. El desafuero de Cristina Kirchner, pedido por el juez Bonadio, que la mayoría de los senadores decidió eludir, constituía una circunstancia apropiada para que la sociedad escuchara el debate aún pendiente sobre las responsabilidades políticas vinculadas con la denuncia y el fallecimiento de Nisman. Una red de complicidades evitó la sesión convocada para el último 20 de noviembre con el fin de debatir si la expresidenta, procesada por encubrimiento, debía perder sus fueros. La discusión tenía mucho mayor alcance que su eventual prisión preventiva. Se trataba de dar respuesta a un encubrimiento cuya atrocidad espanta y nos compromete como sociedad toda.
No obstante la meditada sentencia de la Sala II, que desarrolla fundadamente las razones para sospechar que hubo un plan tendiente a evitar que la Justicia argentina actuara en la determinación de las responsabilidades de relevantes ciudadanos iraníes en el atentado de la AMIA, todavía se pretende hacer creer que estamos ante una trama armada para afectar a Cristina Kirchner y varios de sus colaboradores.
El mejor homenaje a la memoria del fiscal Nisman consiste en seguir reclamando que los hechos tengan una respuesta judicial definitiva. Su muerte transitó por un derrotero similar al del atentado que investigaba. En diciembre de 2017, el juez Julián Ercolini entendió que había sido asesinado y procesó a las personas sospechadas de cometer el crimen. Meses después, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en este caso integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, confirmó que se trató de un homicidio y no de un suicidio, como en su momento se intentó hacer creer.
Resulta doloroso reconocer que gente encaramada al poder pudo haber orquestado una tan siniestra como condenable maniobra delictiva para evitar que se descubriera la verdad sobre el mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país. Pero más todavía lo es que a Nisman lo hayan asesinado luego de denunciar precisamente a personas que ejercían, casi de forma hegemónica, un poder que ahora se cuestiona abiertamente.
El único camino posible para reparar, aunque sea parcialmente, esta profunda herida en nuestra sociedad es tomar distancia de las maniobras de distracción que se urdieron alrededor del crimen del fiscal Nisman. Dilucidar todas las aristas de este magnicidio comporta un compromiso de la Argentina con el fiscal asesinado, consigo misma y con el mundo.
