La Argentina y el FMI

Por encima de lo que pueda sugerir el Fondo Monetario Internacional (FMI), el equilibrio fiscal debería ser el eje de cualquier plan económico, no solo como reaseguro para el pago de una deuda que debe ser reestructurada, sino también para la salud de nuestro propio país.

El acuerdo con el organismo financiero, al que debería arribarse antes de marzo para no caer en un default, seguramente levantará críticas locales, como lo insinúa la reciente carta de Cristina Kirchner, en la que se distancia del tema. Mientras tanto, se anunció el pago del vencimiento de diciembre y que una misión viajará este sábado a Washington para cerrar las bases del acuerdo.

Contar con un programa económico es elemental si se pretende comenzar a salir del pozo en el que estamos. Mucho más cuando la Argentina enfrenta problemas estructurales, que demandan cambios profundos, y no meramente coyunturales. La magnitud de los desequilibrios macroeconómicos no se podrá corregir con tratamientos menores, sino solo con cirugías mayores. Debemos reconocer que serán dolorosas, aunque mucho peor y más extendida será la alternativa de no encarar y seguir postergando esas reformas.

Tanto el presidente Alberto Fernández como otros funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner, han dicho en arengas de campaña que no cederán a los requerimientos de ajuste del FMI. En otras palabras, que no habrá programa económico consensuado con ese organismo si no se respetan las condiciones que pretende imponer el Gobierno. Se verá cuánto se flexibilizan ambas partes para la firma. También será interesante saber hasta qué punto aceptará el FMI incumplimientos si hubiera desvíos.

No han trascendido los lineamientos del programa que pueda haber empezado a tratarse en las reuniones que ha venido teniendo el ministro Martín Guzmán con el FMI, pero ¿cuáles deberían ser los puntos centrales de un plan económico para revertir la decadencia y pasar a transitar a un círculo virtuoso de fuerte inversión y crecimiento?

• La inversión privada debería incrementarse del 15% actual a niveles no inferiores al 25% del PBI. Para que eso sea posible, se requerirán una reducción de la presión impositiva, un cambio en las reglas laborales, estabilidad monetaria, reducción de la tasa de interés y plena confianza en que esas condiciones no se alterarán en el futuro. Si esto se lograra, habría un piso de crecimiento del 7% anual y en cuatro años el sector privado podría generar 3,5 millones de empleos productivos. Esto le daría factibilidad a una reforma del Estado, al hacer posible la transferencia al sector privado del excedente de empleo público y, además, absorber la incorporación de jóvenes al mercado laboral y reducir la informalidad y el desempleo.
• La reducción de impuestos, comenzando por los distorsivos, exigirá una imperiosa disminución del gasto público. Quienes alegan que esto constituiría un “ajuste salvaje” omiten que el crecimiento descontrolado del gasto entre 2003 y 2015, llevado del 30% al 46% del PBI, configuró un “desajuste salvaje”. Por su magnitud e improductividad no pudo ser cubierto por un asfixiante aumento de impuestos y puso a la Argentina frente al endeudamiento, la emisión desenfrenada y el riesgo de default o hiperinflación.
• El achicamiento del Estado debe resolver cuestiones sensibles, como la desvinculación del personal de acuerdo con la ley regulatoria del empleo público nacional y acompasarse con la creación de empleo privado. En el caso de las provincias y municipios, debería postularse un acuerdo que contemple la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, devolviendo potestades tributarias a las provincias y aumentando la correspondencia fiscal. De esa forma, y poniendo límites al endeudamiento, el gobernador que opte por aumentar el gasto tendrá que enfrentar a sus gobernados con mayores impuestos. Otro importante capítulo de la reducción del gasto estatal es el de los subsidios. El programa debe establecer el curso de normalización de las tarifas de electricidad y gas, y debe postular la conversión de planes sociales en empleo productivo.
• Tanto para la conversión de planes sociales en empleo como para alentar nuevas inversiones, la reforma laboral debiera ser un capítulo relevante del programa. Además de recrear la cultura del esfuerzo y del trabajo que hizo grande a este país, deberá aumentar la productividad y reducir sustancialmente los riesgos de contratar un nuevo empleado. El cambio del régimen de despido debe ser parte de esa reforma para atraer inversión en lugar de ahuyentarla.

La recuperación del equilibrio fiscal debe ser el eje a través del cual se persiga la estabilidad, se baje el riesgo país y se eliminen cepos, controles de cambios y de precios.

El presidente Alberto Fernández anticipó que enviará al Parlamento un proyecto de ley con el programa propuesto. También se ha previsto dar participación al Consejo Económico y Social. Debe hacerse una apelación a los legisladores y a los miembros de ese Consejo para que asuman la real gravedad de la situación.

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