Los ataques a la libertad de prensa en la Argentina
Un informe de Fopea exhibe un alarmante crecimiento de las agresiones e intimidaciones al periodismo desde que irrumpió la pandemia entre nosotros
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La democracia argentina no logra asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en uno de sus canales naturales como lo es el libre ejercicio del periodismo. Esta conclusión se desprende del informe “El periodismo en pandemia: desinformación, lawfare y libertad de expresión en la Argentina 2021”, que reúne datos sobre violaciones de la libertad de expresión, agresiones e intimidaciones registradas por el equipo de Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) durante 2020, es decir, ya en contexto de pandemia.
En el estudio se registraron 82 ataques a periodistas y medios de comunicación durante 2020 en todo el territorio argentino, un 41,4% por encima de los 58 hechos computados en 2019. Del total, el 52,4% fueron agresiones físicas, verbales y materiales y el 23,2% se plasmaron a través de intimidaciones. En sus 13 años de existencia, el monitoreo ya lleva relevados y denunciados un total de 1521 casos.
En el informe se destacan dos maneras de perseguir al periodismo independiente que se consolidan como prácticas desde el poder. Las causas judiciales armadas contra periodistas de investigación, por un lado, y por el otro el “ciberpatrullaje”, estrategias ambas que persiguen claramente la intención de intimidar a periodistas y voces independientes que se manifiestan en contra del poder y que se expresan en los medios tradicionales de prensa, pero también en las redes sociales. Una tercera variante plantea desacreditar las investigaciones de corrupción, asociándolas con la teoría del lawfare, promovida por muchos de los funcionarios acusados de ilícitos ante la Justicia.
El contexto de pandemia también sirvió para impulsar restricciones contra el libre ejercicio del periodismo, pues se registraron siete casos de interferencia con la excusa del requerimiento de permisos o aislamientos de periodistas.
En relación con las víctimas, 66 fueron periodistas varones, 17 mujeres, 7 empresas de medios y 8 medios en general. Los trabajadores de la televisión fueron los más agredidos, concentrando el 24% de los casos. El informe también da cuenta de quiénes son los agresores, con un 15% de los hechos ejecutados por personas de identidad desconocida –la categoría más numerosa–, seguidos por aquellos identificados como “funcionarios provinciales”, que sumaron el 13% de las denuncias.
Un caso provincial que escaló a organismos internacionales es el sufrido por parte del periodista Mario Otero, quien denunció al gobierno de San Luis por violar las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. La presentación se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la denuncia se centra en que los periodistas que no acompañan las políticas públicas del gobernador Alberto Rodríguez Saá no pueden ejercer plenamente la profesión, pues no son recibidos por los funcionarios públicos ni acceden a la información pública generada por la gestión provincial.
En la provincia de Santa Cruz despertó gran preocupación la creación de dos órganos consultivos: el Consejo Asesor de Medios Públicos y el Observatorio de Medios Provincial. Según la norma, el Consejo analizará y evaluará los informes surgidos del Observatorio. Este último órgano “deberá analizar el tratamiento de casos vinculados con temas sensibles en relación con la normativa vigente, proponer criterios básicos para los contenidos vinculados a temas sensibles para evitar que las producciones mediáticas tengan un impacto negativo en la comunidad afectada y establecer criterios y diagnósticos”. Esta ley de Santa Cruz contiene una peligrosa ambigüedad que puede ser usada para afectar la diversidad de expresiones periodísticas e interferir en las líneas editoriales, denuncia Fopea.
A nivel municipal, un hecho curioso se dio en la localidad de San Isidro, Corrientes, donde una ordenanza impulsada por la intendenta Vilma Ojeda y aprobada por el Concejo Deliberante local obliga a las emisoras de radio o responsables de espacios en las distintas emisoras a publicar los boletines municipales y establece multas para los periodistas y dueños de medios que, a juicio de las autoridades comunales, emitan “una noticia distinta o interpretativa a lo que el municipio informa oficialmente”. Fopea solicitó su derogación.
En el plano nacional, el informe alertó sobre la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica (Nodio), dado que desde la perspectiva de Fopea implica una amenaza para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en el país porque “considera que hay un serio riesgo de que esta iniciativa sea utilizada para promover una narrativa estigmatizante contra medios y periodistas críticos” y señala que “observatorios de esta naturaleza pueden ser utilizados como instrumentos de facción para señalar a medios y periodistas por sus opiniones y por sus trabajos, desencadenando una nueva forma de censura y de persecución hacia la prensa”. Fopea reafirma que la desinformación y los discursos violentos, los ejes anunciados para Nodio, se combaten con una jerarquización del periodismo profesional y una cada vez más sostenida libertad de expresión.
La libertad de expresión es el derecho humano que garantiza el poder de la palabra para expresar o difundir, buscar, recibir e impartir información u opinión sin interferencias. Está garantizada por instrumentos como las leyes de acceso a la información pública y los recursos de amparo (negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia) y está regulada por normativas para evitar abusos en el ejercicio de este derecho. La libertad de expresión ejercida profesionalmente por un periodista convierte a la información y a la opinión en un bien público que hace a la calidad de la democracia y a la dignidad humana. Y es una condición básica del Estado de Derecho.
