Por cada necesidad, un ministerio
El kirchnerismo revisionó hasta las frases de sus propios líderes para adaptarlas a su voracidad de vivir del Estado, usufructuando los dineros públicos en su exclusivo beneficio privado
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Cuando Eva Perón pronunció su famosa frase “cuando hay una necesidad, existe un derecho”, acuñó un célebre epítome de justicia social, según ella la entendía. Sin embargo, jamás hubiera imaginado que, 71 años después de su fallecimiento, la Argentina sería un país en decadencia, asolado por la pobreza, el hambre infantil, la deserción escolar y el narcotráfico, luego de décadas de gobiernos que repitieron esa consigna, invocando su nombre y amparándose en su imagen.
La frase ha suscitado debates respecto de la definición de derechos y del rol del Estado para satisfacerlos. Ante al drama actual, no tiene sentido responder al kirchnerismo, pues está claro que ha sido una muletilla de militancia –relato– para hacer crecer el Estado y agrandar sus “cajas” sin pretensiones académicas.
La ciudadanía ha descubierto que la justicia social ya no tiene por objetivo hacer prósperos a los obreros, felices a las familias y privilegiados a los niños, sino dar bienestar a los empleados estatales, quienes “materializan las políticas públicas” a cualquier costo y en su propio y exclusivo beneficio privado
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en un foro sobre Derecho y Populismo en la Universidad de Chile, explicó, con sentido común, que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad en un mundo de escasez. Fue por ello acusado de neoliberal y atacado por quienes han canjeado la justicia social por privilegios corporativos que ahora pretenden retener a toda costa.
El juez se refería a aquellos derechos que implican prestaciones del Estado, financiadas con recursos públicos. Pues hay otros derechos, también comprendidos en la frase de Eva Perón, que afectan relaciones entre particulares sin involucrar al erario público, como las relaciones laborales, los contratos de alquiler y la salud privada.
En esos casos, aunque no impliquen gastos, se producen “descalabros” si se crean derechos ignorando los incentivos humanos. La litigiosidad laboral ha causado el nivel más bajo de empleo regular que se recuerde; las leyes de alquileres, la desaparición de oferentes de viviendas y las que establecen prestaciones obligatorias a las prepagas (sobre todo, en discapacidades) las han “fundido” como financiadoras del sistema de salud, afectando también a médicos, sanatorios y laboratorios.
Si donde hay una necesidad existe un derecho, nadie explicó por cual ventanilla atiende la justicia social y cómo se saca turno, pues en los ministerios difícilmente contesten y, en las empresas, menos
Para los pensadores liberales, la frase debería ser reformulada pues –dirán– si hay una necesidad se formará un mercado para satisfacerla. Eva Perón les respondería que el Estado debe llegar donde el mercado se ausenta, a cualquier costo. El kirchnerismo, en cambio, atemorizado por la “motosierra” de Javier Milei, ha reescrito el apotegma de su jefa espiritual para defender sus cargos y privilegios, adoptando el lema “por cada necesidad, un ministerio”.
El control del Estado, de sus reparticiones y de sus cajas expande un mercado de intercambios, de retribuciones, de esferas de poder y de dinero, como las ferias más mundanas. Por eso la proclama de Eva Perón resultó útil para dar sustento ético al crecimiento del sector estatal “a cualquier costo” ocurrido en la Argentina, invocando necesidades que jamás fueron satisfechas, salvo para los nuevos funcionarios. Basta contrastar la realidad del país con los alambicados nombres que designan secretarías, subsecretarías y direcciones como profesiones de fe justicialistas.
Es lógico que los “descamisados” de salón arríen la bandera de una justicia social inexistente, mancillada por la corrupción y deshilachada por una inflación galopante. Prefieren dar batallas más concretas para preservar sus adicionales, pasajes, viáticos, horas extras, licencias, estabilidad y promoción por antigüedad, jamás por mérito.
La ciudadanía ha descubierto que la justicia social ya no tiene por objetivo hacer prósperos a los obreros, felices a las familias y privilegiados a los niños, sino dar bienestar a los empleados estatales, quienes, según puede leerse, “materializan las políticas públicas”. Sin ellos (y según ellos) no habría control de medicamentos y no se emitirían documentos de identidad, ni partidas de nacimiento. No funcionarían los hospitales, ni las escuelas, ni los tribunales. El país carecería de defensa, de seguridad y de justicia sin la intervención de los 3.500.000 agentes estatales que hoy cobran de billeteras oficiales en Nación, provincias y municipios.
Para el populismo, si hay un negocio también debe haber una empresa estatal. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad en un mundo de escasez. De inclusión, no queda nada
En su estrategia defensiva, el kirchnerismo pretende confundir las funciones del Estado con sus inmensas burocracias, como si el desarrollo social fuese el edificio de ese ministerio, el trabajo surgiese de la oficina del Potenciar Trabajo y el acceso a un techo de los pasillos de la Secretaría de Vivienda. Poco importa si en cada repartición hay cien o diez mil personas; ingresadas por concurso o por parentesco, militancia o amistad; si concurren diariamente o si son ñoquis; si crean valor social o si hacen política partidaria. Según el razonamiento, cualquiera fuese el número, cualquiera sus tareas, cualquiera sus capacidades, todos son indispensables para que el Estado exista como tal. Pues si aumentan las necesidades, deben subsistir los ministerios.
Nada nuevo bajo el sol. En 1957, el yugoslavo Milovan Djilas había acuñado la expresión “la nueva clase” en una obra que conmovió al mundo, denunciando las élites que ocupaban los cargos en el bloque soviético. En 1979, el mexicano Octavio Paz escribió El ogro filantrópico, referido al estatismo como cáncer amenazante en su país y a la nueva clase surgida de la burocracia, con su secuela de privilegios y corrupción.
En tiempos de Eva Perón nadie hubiese imaginado que las necesidades se irían ampliando a múltiples actividades económicas, bien ajenas a los derechos del niño, del trabajador y de la vejez. Y que, en lugar de ministerios, serían entes autárquicos y sociedades las que expandirían el poder de los funcionarios para darles existencia. Para el populismo, si hay un negocio, también debe haber una empresa estatal.
Y así hemos llegado al momento actual, con una panoplia de 33 reductos con formas societarias que emplean a 90.000 personas, donde se derrochan recursos de manera inmoral, pues sus déficits deben ser cubiertos con emisión monetaria, generando más pobreza y menos justicia social. Durante el primer semestre de 2023 acumularon pérdidas por 2451 millones de dólares, equivalente a 14 millones diarios. Muchas son reestatizaciones dispuestas por los Kirchner de empresas privatizadas por Menem.
No son la causa principal del déficit, como los subsidios y el régimen previsional, pero son las más insidiosas ya que, con sus estructuras de derecho privado, tienen mayor flexibilidad de contratación y ocultamiento, de discrecionalidad y artificio que las clásicas reparticiones públicas. Y, por tanto, cuentan también con más recursos para desviar en provecho de contratistas y proveedores “arreglados”, sin llamar la atención.
Como muestra, vale mencionar a Aerolíneas Argentinas, la más conocida de todas ellas por su profusa publicidad para identificarla con la soberanía nacional, que perdió 73.000 millones de pesos y aumentó su personal en 528 empleados solo durante el primer semestre del corriente año. La empresa de bandera, con 81 aviones y 11.900 empleados, exhibe una proporción de 145 de ellos por avión. En contraste, American Airlines tiene 921 aviones y 36.000 empleados, con una relación de solamente 39 por aeronave. Con razón el sindicalista Pablo Biró, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), amenazó con resistir hasta la muerte (“literalmente”) a quien quisiera reducir ese déficit, revisando los números y cuestionando privilegios. Aunque después se desdijo, no deja de agraviar a quienes viven en la miseria, que jamás han volado y que duermen en el hall de Aeroparque soñando que, algún día, allí aterrice la verdadera justicia social.
De inclusión e igualdad, nada queda. El pueblo argentino, sin saber de derecho ni de economía, advirtió que fue estafado con slogans durante 20 años y que, en lugar de mejorar su nivel de vida, ha caído en la más abyecta pobreza mientras quienes controlan ministerios y empresas públicas prosperan bien ajenos a los dolores populares. Si donde hay una necesidad existe un derecho, nadie explicó por cual ventanilla atiende la justicia social y cómo se saca turno. Pues en los ministerios no contestan y en las empresas, menos.
Sin duda, Eva Perón los hubiera echado de la Plaza, como su marido lo hizo con sus predecesores, aquel 1° de Mayo de 1974.
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