Un desesperado blanqueo en tiempo de descuento

Cuando faltan solo siete meses para la finalización del período presidencial, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley para un blanqueo de activos no declarados, tanto en el país como en el exterior. Lo ha denominado con el exculpatorio y eufemístico nombre “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado”. De aprobarse y sancionarse, sería el sexto blanqueo en los últimos 40 años, a solo dos años del último, registrado bajo la gestión de Alberto Fernández y orientado a generar dinero para la construcción.

Cada vez que se ha recurrido a un blanqueo impositivo ha primado la angustia fiscal sobre las consideraciones morales que despierta esta medida. Se constituye en un premio para quienes evadieron y, por lo tanto, una burla para los que cumplieron. Cuando los blanqueos se repiten, finalmente se hacen previsibles y alientan el incumplimiento impositivo. La presunción siempre confirmada de que habrá un blanqueo próximo induce a no pagar los impuestos en término y la elevada inflación agrega un motivo más para actuar de esta forma.

Lo razonable sería asumir que después de tantos blanqueos no queda un monto significativo de activos no declarados. Sin embargo, la expectativa del ministro Massa se apoya en el reciente acuerdo de cooperación automática con el gobierno de los Estados Unidos. En ese país están depositados la mayor parte de los activos financieros de residentes argentinos que hasta ahora suponían estar protegidos por la ley y el secreto bancario y que solo se cedería información ante requerimientos judiciales.

Aún no está claro hasta dónde se flexibilizará ese comportamiento ni cuánta adhesión tendrá el blanqueo. Debe considerarse que quienes lo hagan en general procederán por miedo a ser reconocidos por la AFIP, con onerosas consecuencias pecuniarias y judiciales. La clarificación del alcance del acuerdo de información con los Estados Unidos será determinante de los montos blanqueados. También podrá incidir negativamente la obligación de repatriar un porcentaje de las tenencias externas. El blanqueo más exitoso fue el de 2016, que no exigió ninguna repatriación.

El texto del proyecto de ley menciona exhaustivamente todas las variantes posibles de activos fijos y financieros que comprende el blanqueo, Desde inmuebles y acciones hasta criptomonedas. La conversión a pesos de los valores en moneda extranjera lo serán al tipo de cambio oficial. Mientras haya cepo y brecha cambiaria esto atenuará la incidencia de las pesadas alícuotas por pagar. Quienes blanqueen no serán perseguidos por las leyes penal tributaria o cambiaria ni por el Código Aduanero. Lo declarado estará eximido de los impuestos a las ganancias, bienes personales e IVA. Se advierte un esfuerzo por evitar la utilización del blanqueo para acciones indebidas. Por ejemplo, evitar formas de simular la propiedad por terceras personas. Se preocupa también por evitar el lavado de dinero al señalar que no se podrán blanquear los fondos o activos ubicados en países calificados de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con el propósito de evitar acusaciones de favoritismo, el proyecto se extiende en detalle sobre quiénes no pueden hacer uso del blanqueo. La lista abarca, entre otros, a los funcionarios públicos y sus familiares, al igual que a los condenados judicialmente.

La iniciativa crea la figura del colaborador. Es una denominación más noble de la que elegiría la calle para el oficio de que se trata. Colaborador puede ser cualquier persona que, conociendo la existencia de un activo no declarado por otra persona, lo denuncia a la AFIP. Recibirá una compensación monetaria y tendrá inmunidad, confidencialidad y protección. Si la información fuera falsa, será penalizado. No podrán actuar como colaboradores los abogados y contadores del denunciado, aunque esto difícilmente evite una triangulación a través de un tercero.

El objetivo de este blanqueo, como el de los anteriores, es fiscal. La alícuota recibida por el Estado se establece entre el 2,5% y el 15% del capital blanqueado, dependiendo del tiempo transcurrido entre la sanción de la ley y la concreción del blanqueo. Queda así clara la urgencia por fondos de este gobierno, que enfrenta un mayúsculo problema de déficit y que, jugando en tiempo de descuento, teme un descalabro antes de la pitada final. A juzgar por la recaudación de blanqueos anteriores, poco podrá lograrse con este en comparación con la magnitud del déficit fiscal y menos aún con las enormes deudas del Tesoro y del Banco Central.