Algunas lecciones de la crisis chilena

Tras cuatro semanas de multitudinarias manifestaciones que día a día se repitieron en Santiago y otras ciudades del país, el acuerdo para una convención constituyente que reemplace la carta magna actual –impuesta durante la dictadura de Pinochet y democratizada en algunos aspectos medulares durante la transición política—parece haber abierto por fin un período de relativa calma.

La nueva etapa que se abre para Chile –tanto en lo político como en lo económico y lo social—traerá un período de incertidumbre que tendrá efectos indeseados, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de introducir correcciones a las gruesas y abundantes distorsiones que el modelo de economía de mercado fue acumulando en los últimos años en Chile.

¿Qué cabe esperar ahora?

Una economía menos dinámica: La incertidumbre que abre el nuevo proceso constitucional –que se inicia en abril del 2020 y debe concluir, si todo sale bien, hacia principios del 2022— causará una ralentización en las inversiones y frustrará cualquier esperanza de recuperación del dinamismo de la economía en el corto y mediano plazo. Esto, obviamente, no es bueno. Pero tampoco es tan malo como puede parecer a primera vista. Los negocios en Chile estaban demasiado acostumbrados a navegar en una zona de confort y relativo bajo riesgo. El poder de lobby ha sido muy fuerte en Chile como para mantener muchas reformas a raya. La rentabilidad del sistema financiero chileno, por ejemplo, está claramente por encima del promedio de la OCDE, medido como rentabilidad sobre activos. Como indicador de estabilidad y fortaleza del sistema esto es bueno, pero para algunos analistas es un indicador de falta de competencia. La incertidumbre que se abre puede dejar en evidencia la baja competitividad de muchos grupos económicos dominantes y abrir espacio para actores dispuestos a asumir riesgos. Es decir, a arriesgarse al mercado y no a buscar la zona de confort que se produce cuando una economía "pro mercado" es en realidad una economía "pro negocios".

Reevaluación del rol del Estado: El eje de las protestas que han sacudido a Chile ha estado puesto en gran medida en la percepción que el rol del Estado ha sido no solo deficiente, sino también dañino para la sociedad en los últimos años. En resumen, no ha estado a la altura que una verdadera economía de mercado demanda. Si se incorporaron –correctamente-- mecanismos de mercado para asignar precios a muchos servicios regulados, el Estado falló a la hora de supervisar la calidad de esos servicios o de actuar como actor de ese mercado cuando las condiciones cambiaron. Las empresas privadas son muy activas a la hora de renegociar contratos cuando las condiciones de mercado cambian, ¿por qué no lo hace el Estado cuando es contraparte en un servicio regulado en el que los precios se determinaron por mecanismos de mercado? En este sentido siempre ha habido un lobby –legítimo, pero no por eso equitativo—para bloquear cualquier negociación aduciendo la importancia de la estabilidad contractual. Es interesante que esto no suceda cuando se trata de negociaciones entre privados. La principal minera privada de Chile, BHP, anunció a fines de octubre que había renegociado el contrato de suministro de electricidad firmado a mediados de esta década, cuando la falta de suministro eléctrico llevó los precios de la electricidad en Chile a las nubes. Con esa renegociación, BHP pudo bajar sus contratos de suministro de más de US$100 por megavatio/hora a poco más de US$30. Sí, tuvo que pagar una indemnización de más de US$700 millones a su proveedor original, AES Gener, pero bajó sustantivamente sus costos de compra aprovechando una nueva realidad de mercado en la que las energías renovables, entre otros factores, hicieron caer los precios de la electricidad drásticamente. El Estado chileno, aprovechando esta misma situación de mercado, estableció a fines de octubre un mecanismo para anular las alzas de las tarifas de electricidad para los ciudadanos que entraban en vigor en estos meses al prorratear la baja de precios que debían registrarse en un par de años más. Pero esta actitud proactiva del Estado se dio a raíz de las protestas ciudadanas, no porque fuera una política pública de representar, como agentes del mercado, a los consumidores de servicios regulados.

El fin de los economistas: Siendo Chile el país modelo por antonomasia de las bondades de la ortodoxia económica, la crisis actual es un ejemplo viviente de los límites de esa ortodoxia, algo que por cierto se viene señalando desde hace algún tiempo. Los equilibrios macroeconómicos son fundamentales para el bienestar de la sociedad y el crecimiento de la economía. Pero cuando la teoría económica pretende definir la realidad y no al revés, estamos en problemas. En los últimos 30 años, Chile ha tenido ministros de hacienda y de economía brillantes, que han sabido lidiar con las sutilezas de la ortodoxia económica, pero a los que les faltó más flexibilidad a la hora de enfrentar los problemas reales de la ciudadanía. Cierto, no es una tarea fácil. Pero el nuevo ministro de Hacienda del presidente Sebastián Piñera, nombrado después del estallido de la crisis, ha demostrado que se puede ser realista sin caer en la irresponsabilidad fiscal. La receta básica es flexibilidad y conciencia de que el costo de avanzar hacia una sociedad más justa debe, y puede, ser distribuido de forma más equitativa. El modelo de economía de mercado en Chile ha debido ser puesto bajo serio riesgo con esta crisis para que los agentes del mercado acepten que la ortodoxia económica es menos ortodoxa de lo que sostenían. Este fenómeno no es solamente aplicable a Chile. En los últimos meses han aparecido numerosos comentarios y estudios sobre los excesos de los economistas en la definición de políticas públicas en años recientes. Uno de los más interesantes es el de Binyamin Appelbaum, actual miembro del Comité editorial de The New York Times y ex corresponsal en Washington del periódico, cubriendo la Reserva Federal. Appelbaum publicó en septiembre un libro titulado "La Hora de los Economistas: Falsos profetas, libre mercado y la fractura de la sociedad". En una columna publicada en agosto resume la tesis del libro, en la que señala que el ciclo de los economistas en la política comenzó en los 70, consolidaron su poder en los 80 con las reformas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y han comenzado su declive con el malestar social que se ha venido acumulado tras la crisis financiera del 2009. Menciona un comentario del presidente de la Reserva Federal a principios de los año 50 –cuando la Fed está conformada por hombres de negocios— que le hizo a un visitante que tenía algunos economistas en el edificio porque eran inteligentes y hacían las preguntas correctas, pero que los mantenía en el sótano porque no eran conscientes de sus propias limitaciones.

Este exceso de visión economicista ha estado detrás de la dramática revuelta que hemos vivido en Chile el último mes. Ojalá que la libertad económica en Chile sobreviva a esta crisis y resucite con nuevo vigor. Chile ya ha tenido suficiente de buenos negocios. Ahora necesita más mercado y, paradójicamente, más Estado. Esto incluye una participación más activa donde el mercado no ha funcionado, como en la salud, la educación y las pensiones, como un papel más enérgico para hacer que el mercado –no los negocios de los influyentes-- funcione y beneficie a toda la sociedad.

Periodista y Director del Consejo Consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

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