Brasil pedirá la extradición de 65 prófugos por el asalto en Brasilia que huyeron a la Argentina y solicitan asilo político
La Policía Federal busca a condenados o imputados por el intento de golpe de enero de 2023, días después de la asunción de Lula; Eduardo Bolsonaro viajó a Buenos Aires la semana pasada para abogar por su refugio
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O Globo
BRASILIA.- La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves un megaoperativo para capturar a 208 personas condenadas o investigadas por participar en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, consideradas prófugas. La lista incluye a 65 imputados que huyeron a la Argentina y que ahora serán objeto de un pedido de extradición. Un informe de la fuerza publicado el jueves contabilizó 49 arrestos en 18 estados y el Distrito Federal e indicó que 159 aún eran buscados.
Las órdenes fueron emitidas por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator de las investigaciones sobre los actos golpistas en Brasilia. Las personas buscadas en la operación “incumplieron las medidas cautelares judiciales”, con el objetivo “de eludir la aplicación del derecho penal”. Se trata de casos como la retirada de tobilleras electrónicas, el cambio de domicilio sin comunicación y la no comparecencia ante el tribunal.
El gobierno brasileño solicitará la extradición de prófugos que ingresaron a la Argentina, según información de la columnista de O Globo Bela Megale. La Policía Federal mapeó el paradero de los imputados y enviará los datos al STF, responsable de emitir la orden de extradición. En consecuencia, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), vinculado al Ministerio de Justicia, emitirá la solicitud de extradición.
La PF tiene información de que algunos de los prófugos solicitaron refugio al gobierno de Javier Milei, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, y que algunos no pasaron por las barreras migratorias al cruzar las fronteras. Los nombres de los prófugos que no fueron encontrados también se incluirán en la base de datos de órdenes de arresto nacional. Con esto, sus nombres serán públicos y cualquiera que localice a los prófugos podrá llamar a la policía para arrestarlos.
Las investigaciones indican que los brasileños podrían haber ingresado a la Argentina incluso en los baúles de los vehículos, según el sitio G1. Otros huyeron a pie por el puente fronterizo o por el río Paraná. Todas las filtraciones se produjeron en 2024, tras la asunción de Milei.
El mes pasado, un informe del portal Uol reveló que los condenados e investigados por los hechos golpistas rompieron las tobilleras electrónicas que portaban según las órdenes del STF y huyeron a Argentina o Uruguay. Luego, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, pidió que los prófugos sean incluidos en la notificación roja de Interpol.
La semana pasada, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro –hijo del expresidente- viajó a Buenos Aires para participar de un acto organizado por La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde pidió asilo político para los brasileños acusados de intentar un golpe de Estado contra Lula Da Silva una semana después de su asunción.
Los detenidos
La mayoría de los prófugos fueron detenidos el jueves en los estados de San Pablo (17) y Minas Gerais (7) y en Brasilia (7). El abogado Helmar de Souza, que defiende a Dirce Rogério, una de las detenidas, afirma que su cliente recibió una oferta para huir del país. Souza dice, sin embargo, que él la convenció de no aceptar la oferta y quedarse en Brasil. Ahora, el abogado dice que apelará la pena de prisión.
“Luego de la condena, varias personas que también fueron condenadas comenzaron a sugerir que una posible fuga a Argentina o Uruguay traería la posibilidad de asilo político. Sin embargo, al hablar con ella, le informé que tal actitud tendría consecuencias terribles”, dijo.
Otro capturado ayer es el vidriero Givair Batista Souza, de 50 años, residente en Sumaré, en el interior de San Pablo, quien ya tiene una condena por robo. En enero de 2023, abordó un autobús rumbo a Brasilia que salió de Campinas. Su defensa negó, junto con el STF, que la intención del vidriero fuera dar un golpe de Estado.
La PF también arrestó a la pastora Sandra María Menezes Chaves, de 49 años, quien fue sentenciada a 13 años en febrero. La paulista y abuela de tres nietos fue arrestada dentro del Senado y deberá pagar una indemnización. La defensa ha afirmado, en el proceso, que la pastora se manifestaba pacíficamente y no cometió los delitos que se le imputan. También fue arrestada ayer la profesora jubilada Iraci Megumi Nagoshi, de 71 años, residente en São Caetano do Sul, en São Paulo.
Por Patrik Camporez y Paolla Serra
O Globo
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