La muerte de dos carabineros presiona al gobierno de Gabriel Boric para endurecer su plan de seguridad

SANTIAGO, Chile.- El asesinato de la sargento Rita Olivares el pasado domingo en la ciudad de Quilpué, a 130 kilómetros de Santiago y en medio de un procedimiento policial, generó consternación en Chile y provocó la reacción inmediata del gobierno de Gabriel Boric, que advirtió que endurecerá su respuesta ante una nueva oleada de hechos de sangre que han afectado a la fuerza policial.

“Vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable. Ya hay algunos detenidos, pero no vamos a descansar hasta que haya justicia”, dijo el jefe de Estado en tono enfático, y consciente que está en el punto de mira de la ciudadanía por los últimos acontecimientos ligados a un aumento de la delincuencia y de la sensación de inseguridad.

Justamente, y en menos de 15 días, dos carabineros fallecieron durante sus labores de vigilancia, lo que generó un gran impacto mediático por las circunstancias y las historias que han acompañado a las víctimas. Mientras la carabinera asesinada por un disparo en la cabeza llevaba 21 años de servicio y sólo le restaban nueve meses para su retiro -además de dejar dos hijos-, el pasado 14 de marzo el cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, falleció en Concepción luego de ser atropellado por un ciudadano venezolano que intentó evitar un control en el Barrio Estación de dicha ciudad.

“Pareciera que no hemos terminado de secarnos las lágrimas desde que despedimos a Alex unos días atrás en Cañete. Y nos duele, porque nuestras mujeres chilenas son esforzadas, valientes y sacrificadas, pero ser una mujer carabinera es aún más”, lamentó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien de igual modo agradeció el disposición de La Moneda con la institución. “Tenemos absolutamente el respaldo del Gobierno”, añadió la autoridad policial.

Críticas

Sin embargo, desde la oposición y de grupos afines a la extrema derecha, el hecho generó profundas críticas a Boric y a su gabinete, sobre todo por los cuestionamientos a la institución que realizó el gobernante en su época de parlamentario.

Por ello, desde la bancada de diputados del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), emplazaron a Boric para que ofreciera disculpas a Carabineros por no haber “condenado” las agresiones que hubo en contra de integrantes de la institución policial durante el estallido social de octubre de 2019.

“Resulta bastante preocupante que quienes contribuyeron a dicha enemistad contra Carabineros hoy ostenten cargos de primera línea en la administración de gobierno, sin mostrar arrepentimiento alguno por sus conductas pasadas”, indicó el bloque en un comunicado.

“Las querellas y mensajes por Twitter no sirven. El Presidente tiene que dejar de indultar delincuentes y apoyar expresamente a los carabineros para que puedan usar sus armas de servicio para defenderse”, agregó el jefe de la Bancada Republicana, Benjamín Moreno quien añadió que “si el Presidente y su Gobierno siguen haciendo lo mismo, seguirán matando a nuestros carabineros”.

Para Mauricio Morales, doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Talca, el gran problema de Boric tiene que ver, justamente, con la credibilidad de su promesa de aplicar mano dura.

“Hay que recordar que el grupo que representa Boric, conformado por el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, señaló en su momento que era necesario refundar carabineros, tanto así que en la nueva propuesta constitucional -que el gobierno apoyó con particular entusiasmo- no se incluyó a Carabineros como una institución autónoma, sino que se refería a las policías como una institución general. Además, los resultados que ha mostrado el presidente Boric en materia de seguridad pública no son convincentes para la ciudadanía”, puntualizó el académico a LA NACION.

Agenda

Los dardos llegan justo en el momento en que la actual administración intenta implementar una agenda de seguridad liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá y con los parlamentarios en plena discusión de otros proyectos vinculados con esa área.

Así, y como medida de presión, los legisladores suspendieron semana distrital (la instancia en que los representantes priorizan las visitas a los distritos en que fueron elegidos) para avanzar exclusivamente en la agenda legislativa vinculada a seguridad y estar abocados los próximos días a despachar siete proyectos legislativos. Entre ellos la “Ley Retamal” que busca garantizar la legítima defensa de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad; y también la “Ley Naín” que tiene por objetivo agravar las sanciones por delitos cometidos contra las policías.

“Le queremos señalar al Gobierno que nosotros no vamos a legislar ningún proyecto más, si es que no se pone urgencia a los proyectos de seguridad ciudadana y se despachen del Parlamento”, manifestó el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.

Para Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública UDP, el escenario desfavorable a nivel legislativo de igual manera podría empoderar a La Moneda.

“Pese a no haber sido elegido para controlar este tipo de temas, el gobierno de Gabriel Boric ha intentado reaccionar lo más rápido posible acelerando la tramitación de los proyectos de ley. Y si bien estos acontecimientos afectan a la agenda de seguridad y sitúan el tema en primer lugar, el presidente tiene una oportunidad para comenzar a dialogar con la oposición”, señaló.

“Boric nunca ha sido partidario que más armas sean la solución, por lo que creo que ahora enfrentará una gran presión y tendrá que sopesar en cómo demostrar liderazgo y cómo ceder a la presión entre sus propias convicciones”, cerró Espinoza.

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