Para el gobierno, el reto de proteger a sus antiguos enemigos

BOGOTÁ.- Terminado el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Juan Manuel Santos afrontará el reto de dar protección a sus antiguos enemigos, consciente de que un error en ese frente pondría en la cuerda floja los acuerdos que se negociaron desde 2012.

La principal preocupación es que alguno de los jefes guerrilleros sea blanco de un ataque cuando los representantes del grupo empiecen a actuar en la actividad política legal.

El abogado Eduardo Montealegre, que hasta hace poco fue fiscal general, considera que uno de los grandes problemas del posconflicto puede ser una "guerra sucia" de sectores de extrema derecha. Y sus temores tienen serios antecedentes: en los años 80 y 90, un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (UP), prácticamente fue aniquilado por ataques de grupos paramilitares que no aceptaron los primeros acercamientos entre el Estado y las FARC.

El primer proceso de paz con las FARC fue encabezado por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El diálogo avanzó hasta una tregua bilateral y la conformación de un partido político, la UP, en el cual tenían representación los desmovilizados de las FARC.

Pero las negociaciones se rompieron por acusaciones mutuas de incumplimiento de la tregua y por los ataques paramilitares contra la UP, que en poco tiempo perdió asesinados a unos 5000 miembros, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.

Uno de los dirigentes de la UP que llegó entonces al Congreso fue Luciano Marín, que en medio del exterminio de su partido volvió a la clandestinidad con el alias de Iván Márquez, y en el actual proceso de paz fue el jefe del equipo negociador de las FARC.

Santos afirma que eso no ocurrirá esta vez porque el país cambió y hay más tolerancia.

"La posibilidad de que eso se repita es prácticamente nula. No somos inmunes a algún evento que pueda perturbar el desarrollo normal, pero la capacidad del Estado hoy y el ambiente en general alrededor de este proceso es muy diferente al que teníamos en el momento en que sucedió lo de la UP", dijo el presidente.

Los miembros armados de las FARC, entre 7000 y 8000, se concentrarán tras la firma de la paz en 27 sectores específicos durante máximo medio año, tiempo durante el cual prepararán su reincorporación a la vida legal y entregarán las armas, bajo supervisión de la ONU. En esos lugares serán protegidos por unos 12.000 militares y policías. Cuando esas zonas dejen de funcionar, los jefes de las FARC dispondrán de esquemas especiales de seguridad.

A pesar del mal recuerdo que dejó el caso de la UP, el Estado colombiano tiene una amplia experiencia en procesos de reincorporación de grupos armados a la vida legal.

Desde comienzos de los años 90 hasta ahora, ya son cerca de 58.000 ex integrantes de estos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, los que entregaron sus armas.

Apenas un puñado de jefes de esos grupos sigue vigente en la vida pública, mientras que de la inmensa mayoría se desconoce el camino que tomó.

Para el catedrático de ciencias políticas de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo, los jefes de las FARC no tendrán una tarea fácil en la vida política por la impopularidad que siempre tuvieron a nivel nacional. "En Colombia había condescendencia y simpatía por el Movimiento 19 de Abril [M-19], pero ese movimiento como colectividad desapareció y con las FARC sería peor. Si el M-19 desapareció, un partido político que surja de las FARC tendría menos esperanza de vida", ejemplificó.