Es hora de darle otra mirada al conflicto mapuche

En recientes expresiones públicas, la exministra de seguridad Sabina Frederic se ha referido al conflicto mapuche que desde hace unos años se desarrolla en Bariloche. Sus palabras revelan, probablemente sin que la exministra lo perciba, la razón de la profunda ineficacia del ministerio que tuvo a su cargo para abordar la crisis desatada por las usurpaciones en el sur del país.

Sus dichos son la evidencia de una postura que desconoce lo que necesitan y pretenden las comunidades indígenas de la Argentina. Se trata de una perspectiva empapada de ideología victimista, con relatos de “genocidios” y una visión esencialmente metafórica del pasado, que menosprecia el presente de la verdadera comunidad mapuche: la que está integrada a la sociedad de nuestro país, que trabaja y sueña con evolucionar, con vivir en paz, como la mayoría de los argentinos. Me refiero a seres humanos que no son primariamente “mapuches” sino personas, como cualquiera de nosotros. Ya es hora de dejar de considerarlos víctimas perennes y comenzar a tratarlos como ciudadanos. Quizás sea esa la mejor manera de integrarlos a una sociedad que, constitucionalmente, no reconoce prerrogativas de sangre. En tal caso, que historia no sea sinónimo de destino.

Es sorprendente que la exministra de Seguridad sostenga que quienes han defendido la convivencia pacífica en Bariloche a través de una simple marcha sean “pobladores criollos y residentes extranjeros, ligados a los servicios turísticos, que se identifican con narrativas racistas que esgrime la derecha extrema”. Con vocablos propios de una visión sesgada, habla de “la expansión de intereses rentistas” y condena a quienes poseen propiedades por el solo hecho de tenerlas. Afirma que en Bariloche y sus alrededores coexisten “magnates extranjeros y nacionales, a quienes se los exime del cumplimiento de la ley”, sin explicación ni denuncia concreta.

Es paradójico que provea justificaciones para quienes, a cara cubierta, han perpetrado abusos rapaces, generado desalojos violentos, destrozado propiedades, escuelas y hoteles, han provocado daños físicos y amenazas: delincuentes comunes que pretenden acceder a la posesión de tierras de manera ilícita, amparandose en una supuesta identidad primigenia atravesada por lo sagrado y auto adjudicándose el derecho a una propiedad sin antecedentes, sin posesión previa ni actual. La ley aparece como una barrera de la que hay que liberarse y quienes la invocan son considerados racistas. En su discurso victimista asegura que Bariloche “es una de las ciudades argentinas donde la opulencia se concentra y la desigualdad se hace más ostensible” y resalta la ausencia de servicios básicos en algunos barrios. ¿Querrá decir Frederic que la falta de esos servicios elementales no se debe a la ineficiente gestión de la clase política nacional y provincial de la que ella forma parte y que ese muestrario de fracasos y decepciones es responsabilidad de quienes invierten, dan trabajo y servicios en Bariloche?

¿Recuerda Frederic que cuando era ministra de Seguridad ese grupo de violentos encapuchados autodesignados “comunidad Lafken Winkul Mapu” incendiaron cabañas, atacaron a vecinos, realizaron hechos delictivos y usurparon varias hectáreas del emblemático Parque Nacional Nahuel Huapi? Un hecho que dio lugar a una marcha pacífica de ciudadanos locales que creen en la convivencia y que el Ministerio a su cargo respondió con una denuncia penal contra sus organizadores por “la posible comisión de delitos” en la que podrían incurrir. ¿Olvida la exministra que apenas unos días después el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, fue retenido en un control que realizaba la policía de Río Negro por trasladar a una familia hasta el sitio donde se producía la toma de tierras en Villa Mascardi?

Consecuencia de ese credo humanitario, que refleja una visión fosilizada de las comunidades indígenas, el conflicto en el sur ha escalado y quizás sea momento de reflexionar acerca de lo que significa ser parte de una comunidad indígena en el siglo XXI.

Es cierto que la reforma de nuestra Constitución del año 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocuparon. La pregunta es si esto es suficiente para que sus miembros salgan de la más profunda pobreza, el primer deseo de todas las personas que se encuentran en ese estado. Sucede que muchos dirigentes políticos están convencidos de que es incompatible conservar la cultura indígena y acceder a los beneficios de la modernidad. El uso difundido de teléfonos inteligentes en todos los integrantes de las comunidades demuestra que tal incompatibilidad es falsa y que ambas cosas, afortunadamente, pueden coexistir espontáneamente.

Ocurre que los miembros de las comunidades indígenas no son piezas móviles de museo. Son personas, igual que usted y que yo –con apenas diferencias de matices–, que desean salir de la marginalidad, contar con servicios básicos, desarrollar actividades exitosas, capacitarse para poder obtener trabajos mejor pagados, que sus hijos puedan acceder a la universidad, desplegar sus talentos, progresar. Incluso quieren ser propietarios, como cualquiera.

Quizá sea momento de repensar si la “propiedad comunitaria” ha sido un vehículo para alcanzar un bienestar o ha resultado un instrumento para apaciguar los reclamos y perpetuar su condición de “vulnerabilidad con título comunitario” y de verdaderas víctimas de punteros políticos. Me refiero a la necesidad de no quedar presos de nuestras viejas certezas y estar preparados para cambiarlas.

Hay pruebas irrefutables en varios países del mundo de que el desarrollo económico no impide conservar la enorme riqueza cultural de las comunidades indígenas. Y ese desarrollo haría de ellos personas que no necesitan invocar malas suertes colectivas para conseguir dádivas ni ayudas. Se derrumbaría la excusa para mantener enormes estructuras burocráticas con monumentales gastos, puestos acomodaticios, con sus secretarios, sus conferencias, sus mesas de diálogo, sus pasajes, y muchos, muchos viáticos para difundir programas y planes que en nada han contribuido a sacarlos de la indigencia, a capacitarlos para dejar de ser “personas especiales” y convertirlos en ciudadanos comunes, como usted y yo.

Director ejecutivo de Fundación Naturaleza para el Futuro