Los familiares de los rehenes israelíes buscan justicia en La Haya

Centenares de familiares israelíes de víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre último presentaron la semana pasada una demanda por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los líderes de la organización terrorista en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en Holanda.

La demanda busca que la justicia internacional persiga y castigue con cárcel efectiva a quienes planificaron y llevaron adelante la peor masacre de judíos desde el Holocausto, que actualmente se esconden en Gaza en túneles bajo tierra o se encuentran refugiados en países amigos, como lo son las teocracias del Golfo Pérsico.

El proceso para la presentación de la denuncia, que acaba de concretarse en la Corte Penal Internacional, comenzó en realidad en octubre último. Familiares de las víctimas llevan meses juntando las pruebas de los delitos cometidos en la incursión que dejó 1200 personas asesinadas y más de 3300 heridos, en lo que es considerado el ataque terrorista más sangriento ocurrido a nivel mundial en términos de muertos por habitante.

Apenas concretado el ataque, los familiares de las víctimas formaron una ONG llamada The Hostage and Missing Families Forum (Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas) y comenzaron con la recolección de pruebas que terminó en un informe de más de mil páginas. Allí se detallan las centenares de ejecuciones sumarias, la violencia sexual contra mujeres y adolescentes, las matanzas de familias enteras incineradas en sus hogares y un sinnúmero de brutales violaciones a los derechos humanos perpetradas por Hamas.

Para constatar muchos de estos crímenes aberrantes, los familiares no tuvieron más que recurrir a la captura de los videos filmados por los propios terroristas que fueron inicialmente subidos a las redes, como muestra de lo que consideraban una victoriosa hazaña.

Cuando Hamas reparó que esos videos podían perjudicarlos en la opinión pública internacional, fueron rápidamente eliminados de sus redes. No solo eso, sino que iniciaron un proceso de negación de sus crímenes y acusaron a Israel de fabricar la evidencia que ellos mismos habían producido.

En su búsqueda por presentar el caso más contundente posible, los familiares de las víctimas reunieron también la información sobre los más de 200 rehenes tomados por Hamas, incluyendo ancianos y niños, así como un bebé de 8 meses de edad, hijo de una familia argentino-israelí, que sigue desaparecido.

“Secuestrar niños es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad,” dijo esta semana en Israel Ofri Bibas-Levy, tía de Kfir Bibas, que acaba de cumplir su primer año de vida en cautiverio en los túneles de Hamas. Yarden, Shiri, Ariel y Kfir Bibas son una familia que ha sido secuestrada por Hamas y esta semana sus familiares liberaron un video encontrado por el ejército israelí en el que se ve el momento en que Hamas ejecuta el rapto.

Desde la semana última, toda esa información ha sido puesta a disposición de la fiscalía de la CPI y está en manos del fiscal general Karim Khan, un jurista de alto prestigio que visitó Israel en diciembre y caminó entre los escombros quemados del kibutz Be’eri donde 130 personas, entre ellos varios niños y un bebé, fueron masacrados.

“Para las familias ha sido esencial estar aquí en La Haya y participar de este proceso,” dijo a LA NACION, la doctora Shelly Aviv Yeini, quien lideró la iniciativa legal en La Haya. “En un proceso legal de este tipo es muy importante mantener a las víctimas dentro de la causa y que sus voces sean protagónicas.”

La doctora Aviv Yeini está acompañada en el proceso judicial por el doctor Yuval Sasson, socio del estudio jurídico israelí Meitar, por el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, y el estudio jurídico global Sullivan & Cromwell.

Entre las más de 100 personas que acompañaron a los letrados a La Haya, se encuentran personas como Aviram Meir, tío de Almog Meir Jan, un chico de 21 años que fue secuestrado cuando participaba de la rave Supernova en el desierto israelí, cercano a Gaza, donde más de 240 jóvenes fueron asesinados. Almog lleva 141 días bajo tierra, sin acceso a supervisión por organismos especializados tales como la Cruz Roja.

“Vamos a asegurarnos que los cabecillas de Hamas sepan que en cualquier lugar del mundo en el que estén, estarán en riesgo de ser arrestados,” dijo Meir en un discurso frente al edificio de la ICC, donde acompañaron la presentación judicial. “Esa es la razón para estar en La Haya.”

Nufar Buchshtab, cuyo hermano Yagev sigue secuestrado, explicó que, más allá de la presentación judicial, la asociación de familiares ha trabajado de forma incesante para recordar que Hamas sigue violando los derechos humanos de cientos de personas.

“Necesitamos que el mundo sepa lo que está sucediendo,” dijo, en charla telefónica.

Otro testigo, Udi Goren, primo de Tal Haini, un hombre de 41 años que fue secuestrado y confirmado muerto en cautiverio, participa de la delegación con la esperanza de que miembros de Hamas no puedan salir más de países como Qatar donde son protegidos. “Es una forma fuerte de seguir metiendo presión para que liberen a los rehenes,” dice.

Itay Regev, liberado tras 54 días de cautiverio advirtió en La Haya sobre la permanente amenaza de abusos sexuales a las mujeres secuestradas. “Estamos aquí para hablar por aquellas mujeres que sufren abusos sexuales a diario,” dijo.

Tras el ataque de Hamas, numerosos especialistas en violencia de género realizaron denuncias ante las Naciones Unidas por las decenas de mujeres y adolescentes abusadas sexualmente y luego masacradas. Organismos especializados de Naciones Unidas tardaron varias semanas en comenzar a investigar y solo lo hicieron por presión de grupos de protesta que ganaron lugar en la opinión pública.

En charla telefónica, la doctora Aviv Yeini explicó que el juicio en La Haya tiene un objetivo de corto plazo que es denunciar crímenes de lesa humanidad para generar presión que conduzca a la liberación de los 136 rehenes que siguen desaparecidos. Y uno de largo plazo, que es brindar justicia a los miles de familiares, para que puedan proseguir con sus vidas sabiendo que sus victimarios están presos.

“Esperamos que suceda algo muy pronto porque tenemos gente en Gaza y esto es urgente,” dijo Aviv Yeini, quien explicó que en el caso de que la CPI condene a miembros de Hamas, los propios Estados miembros de la CPI estarían en condiciones de ejecutar los arrestos dispuestos, pero también existiría la posibilidad de librar alertas rojas internacionales para detener personas buscadas y proceder a su extradición.

Para evitar confusiones, es importante destacar que la Corte Penal Internacional es una corte que se encuentra en La Haya pero que nada tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es un organismo dependiente de Naciones Unidas y que también tiene sede en esa ciudad holandesa.

La distinción es importante dado que ambas se encuentran actualmente dirimiendo cuestiones relativas al conflicto entre Israel y Hamas, pero son totalmente independientes una de la otra.

Por iniciativa de Sudáfrica, Israel está siendo acusado en la CIJ del crimen de genocidio por la guerra que libra en Gaza. La CIJ es un organismo que forma parte de Naciones Unidas y que tiene jurisdicción en conflictos entre Estados. Puede emitir opiniones y decidir sobre conflictos en la medida que los países den su consenso para ello. Ese fue el caso de Israel, que aceptó enfrentar las imputaciones de genocidio impulsadas por Sudáfrica por haber sido firmante de la Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas.

Tras una deliberación de sus jueces, la CJI se expidió el 26 de enero último, pidiendo que Israel extreme medidas para evitar las condiciones que llevarían a un posible genocidio, pero no acusó al país de ese crimen ni exigió un cese el fuego en la guerra, lo que transformó su declaración en mayormente simbólica.

La CPI, donde los familiares israelíes buscan justicia por sus muertos, es un organismo diseñado para ejercer jurisdicción cuando los Estados que deberían actuar ante un crimen están incapacitados para hacerlo o son reacios a proceder con una investigación y enjuiciamiento.

Este es el caso de Hamas, que no solo no se investigaría a sí mismo sino que además ha dicho en varias oportunidades posteriores al ataque que no se arrepiente de sus acciones y que está dispuesto a repetirlas las veces que lo considere procedente.

Para poner en contexto la magnitud del ataque perpetrado por Hamas, el prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) basado en Washington, dijo que la matanza es el tercer ataque más mortífero en el mundo desde que mantienen estadísticas en el año 1970.

La primera involucra a los 2996 víctimas del ataque a las torres gemelas del 11 de Septiembre de 2001. La segunda es la matanza de Tikrit en Iraq en la que murieron 1700 personas, y la tercera son los 1200 muertos en el sur de Israel en octubre pasado. A esto se le suman los más de 200 rehenes inicialmente capturados por Hamas.

En términos de muertos por habitante, la masacre del 7 de octubre es por lejos la más importante del mundo. Para equiparar el impacto que tuvo la masacre en Israel, deberían haber muerto 43.000 norteamericanos en el ataque a las torres gemelas, 15 veces más de los que murieron o casi la totalidad de los muertos norteamericanos durante los veinte años que duró la guerra de Vietnam.

Existe en Israel un consenso absoluto de que el ataque de Hamas ha sido el mayor trauma sufrido por el país desde su creación en el año 1948, lo que provocó una decidida respuesta de las Fuerzas de Defensa Israelí en la que hasta el momento han muerto 29.000 gazatíes, según el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas.

“Una organización terrorista como Hamas no es solo un problema para el Estado de Israel. Es un tema para el mundo entero y es vital que la comunidad internacional se involucre y que el mundo ejerza presión para que cesen estos crímenes,” dijo Gal Gilboa Dalal en La Haya. Su hermano menor Guy fue secuestrado durante el festival Nova y sigue desaparecido en Gaza.