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Ariel Lijo, el nexo entre Cristina y Milei
Javier Milei intenta aprovechar el buen momento de su programa económico para absorber a las expresiones afines a La Libertad Avanza y ocupar el centro de un espacio de derecha que consolide su aspiración de ser considerado un par entre los líderes internacionales de ese espectro. Una condición que por ahora solo reivindica él mismo. Recomendado por cualquier literatura elemental sobre el ejercicio del poder, este procedimiento de acumulación se antepone a retribuir el auxilio prestado por el Pro para que sea electo presidente.
Es lo que le reclama Mauricio Macri, sometido por Milei al riesgo de repetir la experiencia de Sergio Massa. Tal vez el dirigente que más repudie. En 2019, Massa incorporó el Frente Renovador a Unión por la Patria tras confirmar que la mayoría de sus dirigentes había emigrado hacia esa alianza sin esperar por su decisión. Quizás el trance que deba atravesar todo dirigente para terminar de serlo. Alguien le habría advertido a Cristina en 2013 que Diego Bossio la abandonaría si seguía comisionándolo para negociar con Massa que no rompa con el gobierno.Si fuese cierta, esa versión coincidiría con la de la aparente negativa de Macri a sumar a Diego Santilli a los diálogos con el oficialismo que le habría propuesto Cristian Ritondo. “Si ese va, no vuelve más”, le habría confiado el expresidente al jefe de los diputados del Pro. Las críticas de la Fundación Pensar a la falta de apego a las formas republicanas no conmueve al gobierno ni mejora la posición de Macri. El Presidente pasó de ser el único interesado en sellar un acuerdo electoral con el Pro al más remiso en lograrlo.
Esa notable metamorfosis inquieta a funcionarios del Ejecutivo. Especulan que una alianza con el Pro contribuiría a evitar ser derrotados por el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. La noticia que opacaría dramáticamente a la del triunfo general que proyectan en las elecciones de 2025. El problema es que el talante de Milei no contempla la posibilidad de ese resultado adverso. Confía, incluso, en que Axel Kicillof no podrá desdoblar las elecciones por falta de recursos logísticos y económicos.
Tal es el optimismo imperante que no se descarta aportarlos si mediara un acuerdo global con Cristina. La expresidenta negoció hace un mes que la senadora Lucía Corpacci destrabe esta semana que Ariel Lijo pueda ser designado en la Corte por el Senado. Lo hizo a cambio del fallo con el que María Servini rechazó el pedido de Ricardo Quintela para que lo habilite a competir en la interna del PJ. Es lo que aseguran fuentes calificadas en Tribunales.
El tacto de la jueza federal con competencia electoral se habría hecho notar bastante más allá de ese fallo. Privó al gobernador de La Rioja de contar con la asistencia solicitada a un estudio jurídico para su presentación. Según un rumor, ese estudio está especializado en la defensa de causas por corrupción a ex funcionarios de Cristina y Néstor Kirchner. Sobre todo en la denominada Vialidad, por la que Cristina está condenada.
Manuel García-Mansilla representaría bastante más que una contrariedad a esa incipiente concordia. A Cristina le preocuparía que llegue a la Corte y forme mayoría automática con Carlos Rosenkrantz y su presidente, Horacio Rosatti. El clima del gobierno contribuye a esas especulaciones. El malestar entre Karina Milei y Santiago Caputo por las candidaturas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no precisa ser oficializado.
Nadie sabe si el aparente interés personal de Caputo por resolver la designación de García-Mansilla está impregnado por esta tensión. Tampoco si esa pugna se refleja en la Legislatura bonaerense, donde Agustín Romo negocia ocupar la vicepresidencia Primera de la Cámara de Diputados que tiene el Pro a cambio de aprobar el presupuesto de Kicillof. Un cálculo que incluye el déficit del Tesoro para financiar las jubilaciones de privilegio en el Bapro.
Audaz al extremo, la maniobra pretendería compensar la desventaja de Caputo en ese territorio frente a Sebastián Pareja. El delegado Martín y Eduardo “Lule” Menem que asesoran a Karina en temas electorales. Romo fue impuesto por Caputo como jefe del bloque libertario. Ese trámite, sin embargo, no cobraría la velocidad descontada por el optimismo de los intendentes aliados al gobernador. El presupuesto incluye los 1100 millones de dólares de endeudamiento que debe autorizar la Legislatura por una mayoría especial de dos tercios.
Encabezados por Jorge Ferraresi, los intendentes estimaban que Kicillof tendría disponibles en 72 horas los 100 millones de dólares necesarios para costear el desdoblamiento y autonomizarse de Cristina y La Cámpora. Un plan emancipador que no evaluó los contratiempos de manera adecuada. Como los 200 pliegos enviados por Kicillof al Senado con designaciones en el Poder Judicial. Tal vez por sugestión, el intendente de Avellaneda percibe la influencia de Cristina en su estancamiento. El Pro, la UCR y los libertarios blue no votarán el endeudamiento si el Ejecutivo no los retira y los adecua a los acuerdos celebrados con Martín Mena, el ministro de Justicia del gobernador. Pero hombre de confianza de Cristina en temas judiciales. Sobre todo por algunos detalles. No tanto porque entre los pliegos no esté el ascenso del juez civil y comercial Pablo Bocaccia, su elegido para ascender a la Cámara Civil y Comercial de Lanús y Avellaneda. También por el azuzamiento a las diferencias entre Julio Alak, Andrés Watson y Juan José Mussi. Los intendentes de La Plata, Florencio Varela y Berazategui son aliados para machacar al gobernador con una idea fija. Para ser candidato a presidente precisa romper con la tutela de Cristina.
A los tres, sin embargo, los dividiría el juzgado de Garantías N°8 de Berazategui. Con el aval de Mussi, Watson le pidió a Kicillof que esa vacante la cubra Natalia Bruzzone. Secretaria en el juzgado de Garantías N°8 de Quilmes. Pero sobre todo su cuñada. Alak impulsa a Juan Martínez Garmendia, cuyo pliego Kicillof envió al Senado. Juan Manuel es el hijo de Marcela Garmendia. La jueza de Garantías N°5 de la Plata que investiga la denuncia de Alak contra Julio Garro, su antecesor.
Alak cuestiona las ordenanzas que por unanimidad el Concejo Deliberante le aprobó a Garro para habilitar la construcción de barrios cerrados. La precariedad de la regulación que rige en ese negocio multimillonario pone bajo sospecha a esos permisos. Quienes aseguran conocer la causa, insisten en que Pablo Bruera utilizó un mecanismo similar antes de ser relevado por Garro como intendente. Pero también Alak hasta ser sustituído por Bruera.
La de Alak denunciándose a sí mismo, sin embargo, no sería la única paradoja de este caso. Martínez Garmendía es concejal del Pro en La Plata desde 2021 y votó varias de las excepciones propuestas por Garro al Concejo Deliberante. A su madre, la jueza Garmendia, no le parecería razón suficiente para apartarse de la investigación. Los maliciosos de siempre creen que a Cristina le sobran argumentos que amparan a Mena.
Podría asegurar que trata de resarcir a Alak. En el supuesto que sea verdad que el intendente de La Plata se acercó a Kicillof por despecho. Mena lo sucedió en el Ministerio de Justicia y habría echado a funcionarios de su confianza. Ferraresi y sus aliados ven peligrar la supresión de las PASO. Parte de la ingeniería que sostiene la hipótesis del desdoblamiento. Si no las hubiera, las elecciones provinciales podrían realizarse en agosto. No hay razón aparente, por ahora, para pensar que el kirchnerismo avale esa iniciativa en el Congreso. Le impediría a Cristina desafiar a una competencia electoral a los disidentes que respaldaron a Quintela. Hasta el fallo de Servini, la instancia en que auto reivindicados aliados de Kicillof ahondaron sus diálogos con Lisandro Catalán. El número dos de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete. Ese sector masculla bronca por lo que descuenta, el acuerdo de Milei con Cristina que refrendaría el pliego de Lijo. García- Mansilla abre una duda importante sobre su ejecución.
El Gobierno amenaza designar a ambos con un DNU que Cristina haría rechazar en el Senado. Milei pasaría entonces a depender de Victoria Villarruel. La vicepresidente es la única facultada para convocar a sesiones. ¿Elegiría hacer manifiesto su rechazo a Lijo habilitando una sesión contra el supuesto DNU? La carga en su contra de las últimas horas demostraría que la desconfianza y la paranoia son dos elementos indispensables en la construcción del ascenso al poder.
Ese tránsito resbaladizo habría hecho optar por la prudencia al titular del juzgado Federal N° 4. En un gesto infrecuente, anunció que retendría la denuncia del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica y el legislador porteño Hernán Reyes, contra Sergio Massa y un grupo de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández por el supuesto delito de contrabando y subfacturación con la importación de 490 aviones privados.
La denuncia recayó en el juez en lo penal y económico N°9, Javier López Biscayart, pero fue reclamada por Lijo. El 21 de noviembre, Lijo rechazó la recusación en su contra de la Coalición Cívica. Pero omitió referirse al motivo esgrimido por los legisladores para impugnarlo: el vínculo que podría unirlo a dos funcionarias de la Aduana sospechadas de presunta complicidad con esa maniobra. Lijo no respondió si los hijos de Andrea Muñoz trabajan en su despacho. Ni si el esposo de Andrea Ludovico, Alejandro Lucano, podría ser socio de Alfredo “Freddy” Lijo, su hermano.
