Francisco Macri, procesado por contrabando agravado

Francisco Macri, su hijo Mauricio y la firma Peugeot-Citroën recibieron ayer un revés judicial que pone a los empresarios al borde de un juicio oral por cargos castigados con prisión y a la compañía en una difícil situación que podría determinar la prohibición para importar vehículos.

La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Francisco Macri, que habitualmente usa el nombre de Franco, por el delito de contrabando agravado que prevé penas de 2 a 10 años de prisión. En cuanto a su hijo Mauricio, el tribunal revocó la falta de mérito dictada en primera instancia y dejó abierta la posibilidad de que hubiera participado en la maniobra. Tanto es así que la fiscal Gabriela Ruiz Morales, en quien fue delegada la investigación, pedirá el procesamiento del presidente de Boca Juniors, según dijeron a La Nación fuentes judiciales.

Ante el fallo, Jorge Aguado, vicepresidente y vocero de Socma, señaló a La Nación : "Estamos tranquilos, porque todas las operaciones que realizó Sevel las hizo con autorización de la Aduana".

Al referirse a que se dejó sin efecto la "falta de mérito" que benefició a Mauricio Macri, Aguado relativizó la medida al señalar que "la Cámara extendió la falta de mérito a todos los directivos de la empresa".

La causa contra Macri se inició en 1997 a partir de la observación de las exportaciones por parte de Sevel Argentina de kits de automotores a Uruguay, a empresas de la compañía, las que a su vez armaban los vehículos y los reingresaban en la Argentina.

De este modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Además, según el fallo, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.

La investigación se centró en exportaciones realizadas en 1993 y, tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controlada por el grupo Sevel, según dijeron fuentes judiciales a La Nación .

Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro asciende a unos 7.000.000 de pesos.

El tribunal, integrado por los jueces CarlosPizzateli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, puso el acento en que Sevel declaraba que las exportaciones eran definitivas y no temporarias, con lo que se hacía acreedor a reintegros y evitaba el pago de multas por alterar el equilibrio de la balanza comercial.

Los procesamientos habían sido dictados en primera instancia por el suspendido juez Guillermo Tiscornia. Su sucesor, Carlos Liporace, el 3 de julio último decretó el procesamiento de Peugeot-Citroën Argentina, sucesora de Sevel, y la embargó hasta la suma de 36.000.000 de pesos.

Como es posible aplicar sanciones a las personas jurídicas, porque el régimen aduanero establece su responsabilidad en el delito de contrabando, la firma de capitales franceses heredó el problema de Sevel, y este fallo complica su su situación, dijeron las fuentes.

Sus abogados apelaron el procesamiento ante la Cámara y aún está pendiente de resolución. Su confirmación podría poner en problemas a la compañía, porque las normas le impedirían exportar e importar teniendo un procesamiento firme, según las fuentes judiciales.

Los jueces concluyeron que Sevel y las las empresas uruguayas forman un mismo grupo económico y que actuaron para simular exportaciones definitivas, para no sólo recibir el reintegro del Estado, sino también generar un saldo ficticio en su balanza comercial.

Los jueces -según el fallo- estimaron que los responsables de Sevel "conocían de antemano que las piezas que se exportaban regresarían formando parte de automóviles completos".

El fallo confirmó el procesamiento de Doménico Ferraris, ex director general de Sevel Argentina, presidente del directorio de Sevel Uruguay y presidente del directorio de Drago SA. La resolución confirmó la falta de mérito dictada en favor del ex director Jorge Blanco Villegas, aunque ordenó que se profundice la investigación sobre sus acciones.