Por qué es el paro del 9 de mayo
La medida de fuerza convocada por la CGT, que cuenta con la adhesión de la CTA y la CTA Autónoma, se sustenta en críticas al modelo económico del Gobierno, así como el rechazo a la Ley de Bases, el Régimen Fiscal y el DNU 70/2023 que se negocian en el Senado
LA NACION
El paro nacional convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) para este jueves 9 de mayo tiene un motivo de protesta contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei, así como pedir el rechazo de sus principales esfuerzos legislativos: la Ley de Bases, el Régimen Fiscal y el DNU 70/2023, textos que dependen del Senado para su promulgación o continuidad, en el caso del decreto.
Esta medida de fuerza, que contó con la adhesión adicional de los gremios adheridos a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), impacta de lleno en el transporte público, virtualmente paralizado, y otros rubros, como bancos, vuelos y estaciones de servicio, todos los cuales se hallan cerrados.
Para justificar el paro nacional, el segundo en los cinco meses que lleva de gestión Javier Milei, un comunicado conjunto de las tres entidades sustentó la medida en que el país se encuentra en un “grave momento como país y como sociedad”, del cual responsabilizan al Gobierno, que según ellos, “en nombre de una malentendida ‘libertad de mercado’, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.
En este sentido, también acusaron a la administración de Javier Milei de buscar implementar “la quita de derechos laborales y sociales”, y dijeron que la reforma del estado laudada por el oficialismo se realiza “cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos”.
Las palabras de las tres ligas de sindicatos continúan con las críticas al modelo económico, que llamaron “una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”, algo que ejemplificaron con porcentajes: “Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales”.
Además, señalaron preocupación por “la política ambiental del gobierno que niega el cambio climático y cómo está afectando nuestros recursos y a las comunidades que dependen de ellos”, a lo que agregaron “un permanente aliento a los discursos de odio que el gobierno propone y fomenta afectan a minorías étnicas, disidencias de género, personas con discapacidad, etc”.
Los representantes sindicales también tienen un reclamo puntual hacia el Gobierno por la homologación de los convenios colectivos de trabajo, que se acuerdan entre gremios y empresarios, pero dependen de la firma del Ministerio de Economía para implementarse. En este sentido, el ministro de la cartera, Luis Caputo, sostuvo que no se autorizarán convenios por encima de la inflación, algo que generó el rechazo de este sector.
Además, la unión de sindicatos es crítica de la restitución para la denominada cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que en caso de aprobarse el nuevo régimen fiscal volverá a ser pagado por quienes tengan un salario neto de al menos $1.494.000, expresión de una remuneración bruta mensual de $1.800.000. Esta iniciativa de política fiscal es duramente recibida por los sindicatos, que oportunamente apoyaron la iniciativa llevada adelante en septiembre de 2023 por el exministro de Economía y entonces candidato presidencial, Sergio Massa.
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