Hogares y centros de día para personas con discapacidad denuncian que están al borde de la quiebra: “Si esto no cambia, en dos meses vamos a desaparecer”
Por el retraso en el pago de las prestaciones y la desactualización de los aranceles que fija el Estado, muchas instituciones tuvieron que recortar horas de terapia, reducir el personal y bajar la calidad de la alimentación; unas 200 mil personas con discapacidad se ven afectadas
LA NACION
“La discapacidad está en emergencia. Las organizaciones nos endeudamos para seguir funcionando. Con los aranceles actuales, hay que elegir qué pagar: sueldos, cargas sociales, servicios, alimentación, impuestos, seguros, alquileres y más: 200 mil personas con discapacidad pueden quedarse sin prestaciones”.
Así, alarmante y contundente, es el mensaje que en los últimos días hicieron circular hogares, centros de día y centros educativos terapéuticos, entre otras instituciones para personas con discapacidad, en WhatsApp y otras redes sociales. “Los transportistas ya tuvieron que retener tareas. Nosotros deberemos elegir entre suspender servicios o cerrar. Necesitamos actualización de aranceles por inflación”, continúa el mensaje.
La semana pasada, en reclamo de una actualización del monto que cobran por los traslados, unos 30.000 choferes de personas con discapacidad dejaron de prestar ese servicio esencial para que puedan acceder a sus terapias y tratamientos, afirmando que con lo que perciben no pueden afrontar el fuerte aumento de los combustibles. Su reclamo llegó a distintos medios de comunicación, sin embargo, otra problemática permaneció mucho más invisibilizada: la situación crítica que atraviesan los hogares y centros donde personas con discapacidad de todo el país viven o asisten de forma cotidiana.
Allí reciben servicios de todo tipo: desde alimentación hasta terapias, rehabilitación y talleres laborales. A causa del retraso en el pago de las prestaciones y la desactualización de los aranceles (en 2023 se aumentaron un 82,5%) que por resolución fija el Estado, no sólo están haciendo recortes de todo tipo, sino que muchas corren el riesgo de cerrar.
“El Estado desarrolló una ley apoyada en el derecho internacional donde te regula como organización, te inspecciona, te dice cuántos profesionales o metros cuadrados tenés que tener, y todo eso está muy bien. Pero es el mismo Estado el que saca en un nomenclador, de manera unilateral, el valor de la prestación de ese servicio de asistencia. Es decir, te dice cómo trabajar y te dice cómo te va a pagar”, explica Fermín Murall, presidente de Fundación Nosotros y de la Federación Argentina de Organizaciones sin fines de lucro de y para Personas con Discapacidad (Fededis).
Y sigue: “Ahí está el gran problema histórico, que en esta situación de desmadre económico e inflacionario se agudiza. Durante 2023, el aumento efectivo de los aranceles hasta octubre (que fue lo último que cobró el sector) fue del 57,5%, y a diciembre llegó a un mentiroso 82,5%, porque hay un 15% que salió en el boletín oficial y nunca pagaron”. Eso en un contexto de inflación interanual del 200% y donde los aumentos de salarios del sector, por paritarias, rondaron el 140%: “Las organizaciones tienen que cerrar o incumplir”.
Por su parte, Karina Guerschberg, directora general de Senderos del Sembrador (cuenta con un centro de día en Vicente López al que asisten 28 personas adultas con discapacidades múltiples), aclara: “Actualmente operamos con un retraso de pagos de 90 días como mínimo. La brecha entre los aumentos de aranceles y los incrementos en los costos operativos es insostenible. Sin una adecuación urgente y significativo en el nomenclador, nos enfrentamos a la posibilidad real de no poder cubrir los sueldos, la alimentación y los insumos necesarios para mantener los servicios”.
En otras palabras, no sólo los aranceles están desactualizados, sino que las prestaciones se pagan con tres meses de demora: hoy las organizaciones están cobrando lo correspondiente a octubre de 2023. “Eso hace inviable el servicio. Los centros de día, hogares y centros educativos terapéuticos tienen un edificio y una estructura muy compleja con múltiples habilitaciones y una planta de personal obligatoria de alta calificación. En un dispositivo chiquito, como el nuestro, pagamos entre 12 y 14 millones de pesos entre sueldos, gastos generales, servicios, cargas sociales, seguros, alimentación. Hoy fui al mayorista y volví llorando porque gasté solo en proteínas la cuota de un pibe: 350 mil pesos. ¿Cómo voy a hacer para darles de comer el mes que viene?”, se pregunta Guerschberg.
“No podemos pagar los aumentos”
Los instituciones para personas con discapacidad son prestadoras de servicios garantizados por la ley 24901, que financian las obras sociales nacionales, el PAMI e Incluir Salud. Al costo de esas prestaciones los fija el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, un organismo que preside la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) e integran diferentes organismos e instituciones del sector público como el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud o el Ministerio de Salud, así como instituciones sin fines de lucro.
Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), que integran unas 80 organizaciones, aclara: “Acá los valores no se ajustan como en el mercado, muchas instituciones son asociaciones de padres que organizaron servicios de atención para sus hijos y el arancel lo fija el Estado Nacional: ya venía desactualizado y este año se desactualizó más de un 100%. Esto hace que no se pueda cubrir con las obligaciones como el pago de las paritarias. Las instituciones están hablando con los empleados para decirles: ‘No podemos pagar estos aumentos’ y esto genera un malestar enorme”.
Guerschberg, suma: “Esta situación tiene un impacto directo en la continuidad de la atención en el corto plazo. Más de 200.000 personas con discapacidad están bajo cobertura prestacional y hay unos 150.000 trabajadores vinculados a su atención”. Con respecto a la situación del centro que dirige, asegura: “Nosotros todavía no cerramos porque siempre tuvimos un poquito de ahorro: tres meses guardados de sueldos para no dejar de pagarle a la gente. En este momento, tenemos para un mes: si no hay aumento de aranceles y no se actualizan los pagos más rápido, en marzo no puedo pagar sueldos”.
La directora de Senderos explica que en un hogar se necesitan, por ejemplo, tres turnos de enfermería las 24 horas: “El 80% del costo de estos lugares es sueldos y cargas sociales. Si no hay una respuesta significativa, con una recomposición por encima del 100% del arancel que continúe acompañando la inflación y si no se acorta la cadena de pago, en tres meses estas instituciones empiezan a desaparecer”.
“Se hacen recortes de todo tipo”
Para poder mantenerse a flote, las instituciones hacen recortes de todo tipo. Las que alquilan, deben meses de alquiler; otras tuvieron que reducir su personal; recortar salidas o terapias consideradas “no esenciales”; o “bajar la calidad de la alimentación”: por ejemplo, reducir la cantidad de veces que se consume carne. Todo repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad y su familias.
“Lo más crítico es el tema de la alimentación. Lo que hicimos fue pedir ayuda a la comunidad: donaciones de alimentos que nos permitan ir sufragando la falta que se tiene de los más caro”, explica Beatriz Pérez, coordinadora técnica en la Obra Don Orione, organización a cargo de 12 cottolengos en todo el país, donde viven unos 1300 jóvenes y adultos con discapacidad. “La mayoría no tiene familia o no tiene una que pueda hacerse cargo, lo que hace que la única forma en que reciban alimento, vivienda y atención, sea en la institución”, cuenta. “Si tienen pensión no contributiva, tienen Incluir Salud, y si es de otra pensión derivada de un familiar, tienen la obra social que corresponda o Pami. Pero la mayoría tiene Incluir Salud”.
Los retrasos de pagos de Incluir Salud (cuyos beneficiarios son unas 500 mil personas con discapacidad de todo el país que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesitan del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos), son especialmente alarmantes.
En Senderos del Sembrador, la situación es similar: “Tuvimos que pedirle a las familias alimentos para suplementar como yerba, té, café, porque no se llega, y estoy hablando de un centro que está en Vicente López, donde las familias pueden colaborar a diferencia de lo que pasa en zonas muy desfavorecidas. Recortamos salidas, actividades extras. No hay mucho para recortar y te endeudas, pedís una tarjeta de crédito para comprar comida o alguna cosa no se paga”, Guerschberg.
En el caso de Fundación Nosotros, también se tuvo que recurrir a la comunidad. Tiene dos centros de día y un hogar en Acassuso; una sede educativa de inserción laboral, formación y capacitación en Tigre, y un gran centro de rehabilitación a través de la naturaleza en Escobar. Asisten de forma directa a 300 personas e indirecta, mediante evaluación, orientaciones y derivaciones a familias, de unas 1000.
“Hay mucha incertidumbre”
Ramos subraya que “hay mucha angustia e incertidumbre en las familias respecto a qué va a pasar en los servicios de atención. Hay instituciones que no dan ingresos porque no saben qué va a pasar. Estamos esperanzados con que revierta pronto”.
Hace pocos días, el nombramiento del abogado Diego Spagnuolo al frente de la Andis generó expectativa entre las organizaciones y muchas esperan “en la cola” ser recibidas por las nuevas autoridades. LA NACION se comunicó con ANDIS para esta nota, pero no obtuvo respuesta.
“Senderos es miembro el Caidis. Presentamos varias notas solicitando que nos reciban. Esta semana recibieron a los transportistas y un representante de profesionales independientes, íbamos a ser recibidos mañana y lo cambiaron para el viernes”, explica Guerschberg.
Por su parte, Murall concluye: “Lo que pedimos es un aumento del 120% inmediato de lo que se va a cobrar, que es noviembre y se cobrará recién en febrero; establecer un mecanismo con cláusula de ajuste automática del nomenclador y que los pagos no sean a tres meses, porque el sistema hoy es perverso”.
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