La Justicia investiga una denuncia de Julio Alak por supuestos empleados fantasma en el municipalidad de La Plata

LA PLATA.- La justicia penal pedirá informes y documentación para avanzar con una denuncia por defraudación a la administración de la municipalidad de La Plata impulsada por el intendente Julio Alak.

El titular de la Unidad Funcional de Investigaciones N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, tomará medidas tras recibir en el inicio de la semana una denuncia penal por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Según la denuncia que ingresó en la UFI 16, con una auditoría realizada en el comienzo de la actual gestión, se corroboró el pago de sueldos a personas detenidas por delitos como homicidio, abuso, robo y uso de armas de guerra que cobraron como empleados municipales hasta diciembre de 2023.

También se detectó la presunta contratación de cerca de un centenar de agentes con antecedentes penales y el municipio solicitó que se oficie al Registro de Reincidencia para corroborar dicha información.

Por otro lado, siempre según la denuncia, se supo que más de un centenar de personas cobraron sueldos en 2023 sin los correspondientes decretos para formalizar las relaciones laborales. En uno de los casos, incluso, quien recibía el salario no estaba al tanto de su vinculación con el municipio y se enteró mientras realizaba otro trámite, sostiene la presentación judicial de Alak.

En la denuncia también se remarcó que buena parte de los ingresos a la planta de trabajadores gestionados en el segundo semestre del 2023 se realizaron sin la documentación suficiente para la constitución de sus correspondientes legajos y que los sueldos también se liquidaron sin este documento público.

Se denunció incluso que el municipio siguió pagando el salario de una persona fallecida en 2021. Ese sueldo se cobró hasta diciembre de 2023, dos años después de su muerte, aún sin figurar en la lista de asistencia que firmaban los empleados.

Finalmente, se detectó el caso de un funcionario público que había renunciado el 1º de marzo de 2023 y siguió cobrando hasta diciembre del mismo año, informó la nueva gestión, y el de un asesor que se encontraba en una situación similar: a pesar de haber renunciado en diciembre de 2021, se le continuó pagando hasta diciembre de 2023.

“Es un caso escandalosamente grave, linda no solo con irregularidades administrativas muy significativas, sino con el delito penal”, dijo Alak, y agregó: “Hay un número importante de personas que cobraban el sueldo sin ir a trabajar, se trata de miles, casi se aproxima a la mitad de la planta”.

El exintendente Julio Garro no respondió a LA NACION sobre las presuntas irregularidades que según Alak habría sucedido en su gestión y que ahora investiga la justicia penal. “No va a responder calumnias”, dijeron en su entorno.