Demandan al gobierno de la Ciudad por discriminación en escuelas privadas

Natacha (47 años) recorrió más de 30 colegios privados de la Ciudad en busca de una escuela común para su hijo Iñaki (9 años), que tiene autismo. "Fue recorrer el camino del infierno", confiesa. Las excusas se repetían una y otra vez: "Esta no es la escuela adecuada para el perfil de tu hijo"; "ya tenemos las vacantes de integración cubiertas"; "no contamos con el personal idóneo" o simplemente "no hay lugar". Ariadna (39 años), mamá de Benjamín (9 años) que tiene síndrome de Prader Willi, vivió la misma desesperación y recibió idénticas justificaciones cuando su hijo fue rechazado en 27 escuelas de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires. "Recibí las repuestas más disparatadas", recuerda con tristeza. Gabriela (32 años) probó suerte en 80 escuelas porteñas y en cinco de provincia, con el mismo resultado: "Ya nos ganó el tiempo. No hay escuelas que reciban a nuestro hijo Maxi", cuenta resignada.

A la discriminación y el rechazo sufridos por estas familias, se le sumó la desprotección y la falta de apoyo por parte de los organismos estatales, que tenían la obligación de velar por el derecho de sus hijos a educarse en escuelas comunes, tal como lo establecen las leyes nacionales e internacionales.

Según el relato de Natacha, cuando advirtió que ninguna escuela privada estaba dispuesta a aceptar a Iñaki debido a su condición, decidió acudir a la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) para pedir ayuda. "Ahí fue que comprendí por qué los colegios actúan tan impunemente", explica. "Para la Diegep era una situación normal y aceptable. Hasta me dejaron entrever que en realidad no era bueno mandar a un chico con discapacidad a una escuela común. Al solicitarles información de escuelas para Iñaki, me pasaron solo datos de escuelas especiales. Las autoridades no tienen claro qué es la educación inclusiva", opina.

"Estas situaciones se multiplican en todo el país y se debe a que discriminar a chicos con discapacidad en el ingreso a la educación común hoy no tiene ningún costo", explica Gabriela Santuccione, abogada y coordinadora del Grupo Artículo 24, coalición de más de 170 organizaciones sin fines de lucro de todo el país que lucha por la educación inclusiva.

Esta realidad motivó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a presentar un amparo contra el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando que "se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada". La demanda se realizó junto a la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

"Aunque el Ministerio de Educación porteño tiene entre sus funciones la de controlar, fiscalizar y sancionar a las escuelas, no adopta las medidas necesarias para asegurar el acceso de los alumnos con discapacidad a escuelas privadas comunes", explica ACIJ en su comunicado. Y agrega: "De este modo, el gobierno de la Ciudad tolera y agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva".

Consultados por este tema, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad explican: "En el caso de las escuelas de gestión privada si la vacante no fuera otorgada, se debe expresar la causa y que la misma no puede contrariar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instrumentos internacionales con jerarquía constitucional". Y agregan que, "si bien el Ministerio de Educación no tiene intervención en los procesos de inscripción de escuelas privadas, existen mecanismos institucionales para canalizar o efectuar denuncias para que el Ministerio intervenga en el marco de su competencia, preservando siempre el interés superior del estudiante".

Sin embargo, Celeste Fernández, coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ, afirma que "actualmente no existen mecanismos efectivos, rápidos e independientes a través de los cuales las personas con discapacidad y sus familias puedan denunciar los rechazos de inscripción basados en la discapacidad. Además, el gobierno de la Ciudad no impone sanciones a las escuelas comunes de gestión privada que discrecionalmente lo hacen".

"La justicia tiene la oportunidad, pero también el deber, de revertir esta situación obligando a las autoridades porteñas a ejercer su función de control y a diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela común, primera condición para el efectivo ejercicio de su derecho a la educación inclusiva", concluye la especialista en discapacidad.

"Si no incluimos a chicos con discapacidad en las escuelas de educación común, los chicos que no tienen esa condición no conocen las diferencias y cuando salen del colegio se vuelven personas intolerantes", reflexiona Natacha, madre de Iñaki y testigo en la causa.

Conocé los principales puntos que contiene la demanda de ACIJ y de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires contra el gobierno de la Ciudad.

• Se declare la ilegalidad de negar la inscripción escolar a niñas, niños y adolescentes en razón de su discapacidad, práctica llevada a cabo por las escuelas comunes de gestión privada, así como su obligación de permitir el ingreso de todas/os las/os estudiantes con discapacidad que lo soliciten.
• Se declare que es ilegal que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no controle el accionar de las escuelas comunes de gestión privada y no las sancione cuando niegan la matrícula por motivos de discapacidad.
• Se condene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar todas las medidas necesarias para que las escuelas comunes de gestión privada situadas en CABA no rechacen la inscripción escolar con fundamento en la discapacidad (un sistema formalizado de inscripción que evite la discriminación, acciones de difusión destinadas a informar a las familias sobre el derecho de la niñez con discapacidad a asistir a escuelas regulares, un procedimiento de reclamo accesible que prevea plazos acotados para resolver estos casos y sanciones para los colegios que incurran en esta práctica, entre otras).