Recortes en las políticas contra la trata de personas: “Las únicas perjudicadas son las víctimas”

En los primeros tres meses de este año, el Gobierno nacional prácticamente no ejecutó el presupuesto asignado para rescatar y acompañar a víctimas de trata de personas, según reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al que accedió LA NACION.

El dato pone en foco el desamparo de cientos de mujeres, niñas y niños, muchos provenientes de hogares pobres, que todos los días son captados por redes de delincuentes que los explotan sexualmente y, en menor medida, laboralmente.

Esta semana se conoció que hubo despidos en el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas, luego de que este pasara de la Jefatura de Gabinete al ala del Ministerio de Seguridad de la Nación. LA NACION consultó sobre los mismos y no obtuvo respuestas. Los despidos fueron confirmados por Gustavo Vera, exdirector de ese comité, que fue reemplazado por Verónica Toller quien está al frente del Observatorio de la Vulnerabilidad en la Universidad Austral. Vera aseguró que desde diciembre se rescataron 342 víctimas de trata y estas no tuvieron asistencia alguna.

De acuerdo con el informe de Acij, en 2023, las actividades de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, tenía un presupuesto de 650 mil millones de pesos y en el primer trimestre de 2023, se ejecutaron 437 mil millones. En cambio, en el primer trimestre de 2024, se subejecutó la partida, lo que ajustado por inflación implicó un recorte del 94,5%.

“Siempre pasa lo mismo, cuando hay un cambio de gestión, las únicas perjudicadas son las verdaderas víctimas. No se las cuida, no se tiene en cuenta lo que han pasado y la vulnerabilidad en la que aún están”, afirma a LA NACION Alika Kinan, quien sabe lo que dice porque a sus 18 fue captada por una red de trata en Ushuaia. Recién 16 años después fue rescatada gracias a una investigación judicial. Alika se capacitó y hoy dirige el Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata de Personas de la Universidad Nacional de San Martín y lidera una fundación de ayuda.

Cuenta que en 2012, gracias a las políticas que combatían la trata de personas, no solo fue liberada, sino que su testimonio sirvió para poner tras las rejas a su proxeneta y logró un fallo histórico: en 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego reconoció la responsabilidad civil de la Municipalidad de Ushuaia como participe necesaria en la existencia de la red. En ese momento, explica, no existian politicas de asistencia a víctimas. Desde su pedido de acceso a la Justicia, asistencia psicológica, vivienda y protección, comenzaron a discutirse esos reclamos como derechos y obligaciones por parte del Estado.

Es que apenas Alika había llegado a esa ciudad se activó un protocolo muy particular. El objetivo de Alika era trabajar en un boliche cuyos dueños le habían prometido una paga en dólares, dinero que le enviaría a su hermana pequeña, su única familia, a quien había dejado al cuidado de una amiga en su Córdoba natal. Sus supuestos empleadores primero la llevaron a la comisaría, donde le tomaron las huellas dactilares, con la excusa que debían comprobar que no tenía antecedentes.

Luego fueron con ella a la Municipalidad, para que le hicieran una libreta sanitaria; luego a un laboratorio privado, donde le sacaron sangre y le hicieron un exudado vaginal; y por último, en un hospital le firmaron la libreta. Sí, todos sabían todo. Y eso lo sabría ella, esa primera noche de 1996, cuando los hombres que encontró en cada punto de ese entramado, la violaron.

La subejecución y las políticas

Para entender de qué se habla cuando se habla de trata de personas, un informe elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) indica que, a noviembre de 2023, el 72% de las sentencias relacionadas con esa temática fueron por hechos de explotación sexual y un 25,9%, por explotación laboral.

Por otra parte, en la línea 145, a la que se puede llamar de manera anónima en caso de ser testigos o tener sospechas de un caso de trata, se recibieron en 2023 unas 1853 denuncias. De ellas, 1135 se derivaron al fuero federal u ordinario y en 485, intervinieron las fuerzas de seguridad ante las consideradas urgentes. Aún no hay datos de este año.

El programa, además de coordinar tareas de rescate de las víctimas, también realiza un acompañamiento, las ubica en hoteles refugio, ya que muchas no tienen vivienda y son parte de causas judiciales, como querellantes o testigos; así como se les asignan profesionales en trabajo social y psicólogos para su contención.

Alika sabe que el día después del rescate no terminan los desafíos para las víctimas, ya que no tienen trabajo, muchas no tienen una casa a dónde volver y las cicatrices de los abusos no se van de un día para el otro. Desde su experiencia con su Fundación, que da contención y ayuda a las mujeres que pudieron ser rescatadas de las redes de trata, y sus capacitaciones y charlas en prevención de ese delito, indica que es necesario que se dé una reestructuración de las políticas públicas, pero que el Estado, en esa tarea, no debe dejar a las víctimas a su suerte. Y es por eso indica que es crítica de la gestión anterior y ve la necesidad de que la actual realice cambios que contemple desde el día uno las necesidades de las víctimas.

—¿Cuál es la situación de las víctimas de trata hoy ante esta política de recortes en el Estado?

—Entiendo que se quieran hacer recortes en el Estado, pero no se puede dejar desamparadas a las víctimas y tampoco echar a personas sin analizar caso por caso como si fueran la bolsa de trabajo de la Cámpora porque seguramente habrá ñoquis, pero también mucha gente idónea. El otro día me llamaron unas chicas contándome que les estaban dando una capacitación laboral y eso se cortó. Yo lo lamento muchísimo. Y la verdad es que las cosas se hacen mal hace años. No soy parte de ningún espacio político y agradezco la libertad para opinar sobre este tema del que sé mucho. Hay mucho por mejorar. Por ejemplo, los refugios nacionales en Buenos Aires, que son dos, son un desastre. Las chicas se van de ahí porque están en condiciones deplorables, no les hacen hacer actividades y tampoco tienen condiciones dignas para quedarse mientras se recuperan. Además, se usan muchas veces para personas en situación de calle o mujeres que pasan por violencia de género. Esta situación merece ser investigada por el gobierno actual. Gustavo Vera desvirtuó el funcionamiento del Comite Ejecutivo de Lucha contra la Trata, recepcionando denuncias y haciendo las listas de víctimas que recibirían o no los pocos subsidios existentes, convirtiendo en rehenes a las propias víctimas. Se comparte un presupuesto acotado con otras áreas y eso no está bien. Son temáticas diferentes y se desvirtúa la lucha contra la trata.

—¿Qué está dejando de hacer el Estado?

—No digo que no hay que mejorar el trabajo del Estado, porque la gestión de Vera cometió muchos errores, pero no pueden mandar personas a ocupar cargos si no tienen el expertise y no saben lo delicado de esta temática. Pero tienen que sentarse con las chicas, con gente que se capacitó en estos temas. Tienen que sentarse y escuchar a quienes sufrieron la trata y aprender en tiempo récord. Pero hace cuatro meses tendrían que haberlo hecho, no cuando está todo estallado, los ministerios tomados, gente en la calle sin laburo, nunca se tendría que haber llegado a esto.

—¿Qué opinás de que el Comité ahora dependa del Ministerio de Seguridad?

—Eso es un error, porque se van a dedicar a hacer política criminal, no van a generar políticas ni de restitución de derechos, ni de acompañamiento, no se va a contener a las víctimas. Por eso la Ley de trata indica que el Comité debe depender de la Jefatura de Gabinete para crear políticas públicas acordes. A una víctima le tenés que dar contención, no revictimizarla al pedirle que te cuente lo que pasó como si fuera una delincuente. Por otra parte, se hacen decomisos en los prostíbulos, se decomisa el dinero y las propiedades y eso por ley debe ir a las víctimas. Ahora se está cuestionando que el Estado ayude a los testigos, quieren poner una empresa que se haga cargo de darles refugio. Pero si esa persona está colaborando en una causa, claro que tiene que venir la asistencia desde el Estado.

—¿Qué pasa si no se asiste a una víctima de trata después de que es rescatada?

—Pasa que vuelven a la situación de explotación porque no tienen forma de subsistir. La Justicia después no las localiza, porque se van de los refugios, porque tienen que vivir con lo usado, o prestado, y merecen una vida mejor. Como sociedad estamos en deuda con las víctimas de trata porque las han explotado delante de la mirada de todos nosotros, de nuestros maridos, hermanos, padres e hijos que las explotaron sexualmente, no es solo el proxenetismo, también el consumo de prostitución tiene mucho que ver con la trata.

Dónde denunciar

• Línea 145. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las víctimas damnificadas por el delito de trata de personas. Brinda orientación y recibe denuncias anónimas de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas.
• Ministerio Público Fiscal. La red de fiscalías federales pueden tomar este tipo de denuncias.
• Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Queda en Perú 545, 2° Piso, CABA. Se puede llamar al 11.3754.2921 o al 11.3754.2922 o al 4342-6021.

MAS INFORMACIÓN

• Fundación Alika Kinan https://www.alikakinanfundacion.com/