“Enorme incertidumbre”: historiadores alertan sobre la crisis en el sistema científico y universitario

Mediante un comunicado, la comisión directiva de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (Asaih) expresó su “profunda preocupación ante los anuncios y resoluciones del gobierno nacional sobre las restricciones presupuestarias”. Si el Gobierno mantiene la decisión de prorrogar en 2024 el presupesto del año pasado, se afectaría “el normal desempeño del sistema científico nacional y de las universidades nacionales”.

La asociación, creada en 2011 y que actualmente preside la doctora en Historia, investigadora y profesora Beatriz Bragoni, está integrada por reconocidos historiadores, autores y docentes como José Emilio Burucúa, Noemí Goldman, Hilda Sabato, Pablo Buchbinder, Adrián Gorelik, Martín Castro, Camila Perochena, Lila Caimari, Hugo Vezzeti, Flavia Fiorucci, Marcela Ternavasio, Magdalena Candiotti, Inés Pérez y Mirta Lobato. Son socios honorarios Carlos Sempat Assadourian, Natalio Botana, Roberto Cortés Conde, Reyna Pastor y José Carlos Chiaramonte

Ezequiel Gallo y Tulio Halperin Donghi, ya fallecidos, fueron socios honorarios, y Eduardo Sacheri, profesor de historia además de escritor, es adherente de Asaih, que tiene como objetivos promover, difundir y fomentar la investigación en historia; estimular el interés público respecto de temas atinentes a la conservación del patrimonio histórico, la organización de archivos y museos históricos, y la difusión del conocimiento histórico; colaborar en el fortalecimiento de la enseñanza media y superior en historia, y vincular a quienes investigan en historia en la Argentina con entidades académicas e individuos, en el país y en el extranjero, entre otros.

“La decisión oficial de replicar el presupuesto 2023, y someterlo a revisión parcial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, no solo atenta contra la estabilidad de grupos de investigación consolidados y en formación, las trayectorias científicas y el ingreso de jóvenes investigadores y becarios al sistema, sino que gravita también en el sostenimiento de carreras de pregrado y posgrado de universidades públicas y privadas, y en la caída drástica de los salarios del personal científico y universitario en todas las categorías”, se alerta en el comunicado.

También se denuncia “la reducción de presupuesto de las instituciones científicas (las específicas de las universidades, el Conicet, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica) o su licuación a partir de un contexto inflacionario”, que pone en riesgo “el desarrollo de los proyectos de investigación en curso y futuros, afecta las condiciones laborales de los investigadores que necesitan dedicar sus vidas profesionales de manera completa y no parcial a la actividad científica (ante un probable proceso de precarización laboral) de modo de garantizar la rigurosidad y calidad de los procedimientos específicos de cada una de las disciplinas, la consecución de los programas y la difusión de los correspondientes resultados”.

“Asimismo, la reciente decisión del Directorio del Conicet de posponer la publicación de resultados de becas y promociones atenta contra los derechos adquiridos del personal involucrado, y la regular selección de jóvenes graduados en todas las áreas de conocimiento y en particular de las Humanidades y Ciencias Sociales -prosigue-. Igualmente preocupante es la inestabilidad laboral del personal administrativo que resulta indispensable para un adecuado funcionamiento institucional”.

“Cada disciplina, cada ciencia, contribuye en su especificidad a la producción de conocimiento científico, ya sea este de aplicación en el corto o mediano plazo, o en la creación de bases sólidas provenientes de la investigación básica para adelantos futuros cuya concreción pueda todavía no ser visualizada. El aporte de las Humanidades, las Ciencias Sociales y de la Historia, en particular, resulta fundamental no solamente en la comprensión de nuestro pasado sino también en la construcción de conceptos para interpretar el presente, las formas en que nos pensamos como comunidad y los procesos de decisión democráticos, cuestiones especialmente centrales en la coyuntura actual. Por todo esto, instamos a las autoridades a reconsiderar las medidas implementadas en beneficio de la continuidad y sustentabilidad de nuestras instituciones científicas y universitarias”, concluye.

“El reciente comunicado del Directorio del Conicet informó la postergación del anuncio de los resultados de las convocatorias anuales de becas y promociones de investigadores producto, a la vez, de la ausencia de definiciones sobre el presupuesto nacional 2024 -dice Bragoni a LA NACION-. Esto ha generado enorme incertidumbre y protestas en la comunidad científica. Asimismo las medidas implementadas con el personal administrativo, cesantías no siempre justificadas por la labor desarrollada y revisión de contratos de personal con años de experiencia, impactan de lleno en el funcionamiento institucional. A los problemas presupuestarios que impiden el funcionamiento normal de los organismos e instituciones se suman fuertes cuestionamientos recientes al papel y ‘utilidad’ de las ciencias sociales y humanidades”.

El científico Daniel Salamone, que preside el directorio del Conicet, había sugerido que los científicos e investigadores argentinos podrían “autofinanciarse” o ser apoyados por fondos de inversión. También estimó que las ciencias sociales no eran “prioritarias”.

La Mesa Directiva de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dio a conocer un comunicado en el que se expresa en contra del desfinanciamiento y la reducción del Conicet y solicita al Gobierno “medidas urgentes” para revertir la situación. También la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina expresó su preocupación por el alcance de estas iniciativas; la Asociación Civil Argentina de Historia Económica, que preside el historiador Julio Djenderedjian, difundió una declaración que comienza así: “Replicar el presupuesto 2023 para el corriente año 2024 significa lisa y llanamente desfinanciar y empobrecer a los organismos de investigación y a las universidades nacionales, toda vez que, en un contexto de inflación mensual de más del 20%, los bienes y servicios más básicos para realizar sus objetivos se volverán en poco tiempo inalcanzables”.

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