La TV del fútbol: contrato “blindado” contra la Ley de Medios y el futuro del negocio de las transmisiones

El contrato que regula el negocio del fútbol premium en la Argentina se firmó el 4 de abril de 2017. Lo rubricaron la AFA, la Superliga y las dos empresas que compraron los derechos: Fox Sports (hoy controlada por Disney) y Turner (dueña de TNT Sports). La iniciativa del legislador Oscar Parrilli (Neuquén, Frente de Todos) de estatizar el 30 por ciento de los partidos de cada fecha choca contra el punto 6 del convenio vigente. En rigor, el acuerdo está “blindado” contra la Ley de Medios, por lo que en caso de que el Poder Ejecutivo intente transmitir los partidos por la TV abierta y gratuita, las empresas pueden optar por disminuir el valor mensual que depositan en la Liga Profesional (y que les llega a los clubes) o, directamente, rescindir el contrato, con vigencia hasta 2027 (para TNT) y 2030 (para Disney).

El punto 6 del acuerdo AFA-empresas de TV habla en forma particular del artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. El convenio, incluso, tipifica un llamado “Riesgo por Ley de Medios”, esto es, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo invoque esa normativa para transmitir por la TVP los partidos por los que las dos compañías estadounidenses pagan cerca de $10 mil millones de pesos anuales a la Liga Profesional. El “riesgo de Ley de Medios” está aceptado por la Superliga, la AFA y los propios clubes de primera división. “Su ocurrencia resultará sustancialmente perjudicial, por lo que resulta esencial que todas las partes adopten en forma inmediata aquellas medidas preventivas y/o correctivas para el pleno ejercicio de los derechos y la mitigación del daño”, dice el texto del convenio, al que accedió LA NACION.

El proyecto de ley propuesto por Parrilli, y que en principio tiene el apoyo del resto del bloque de senadores del Frente de Todos (incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), se apoya justamente en el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, lo previsto por el artículo que blinda a las compañías dueñas de los derechos. Dice la iniciativa que inició su camino legislativo en la cámara alta: “Declárase de interés general el acceso a contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión del desarrollo de encuentros de fútbol de Primera División realizados en el marco de torneos organizados por la AFA, garantizándose en todo el territorio nacional el derecho a un acceso libre y gratuito mínimo a los mismos, en su calidad de bienes culturales. Dichos eventos deportivos serán considerados acontecimientos de interés general en los términos del artículo 77 de la Ley 26.522″.

En tal sentido, y siempre y cuando el proyecto promovido por el ex secretario general de la presidencia tenga fuerza de ley, las empresas están habilitadas por contrato a defender su posición en el negocio. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Por lo pronto, a los clubes les convino que esta situación se diera en 2022 y no antes de 2019. Si hubiera sido hace 3 años, habrían tenido que responder con sus propios derechos audiovisuales. Dicho de otro modo: compensar tanto a Fox como a Turner con la posibilidad de transmitir los encuentros de Copas Libertadores o Sudamericana. A cambio de nada y como resarcimiento por la concreción del llamado “Riesgo Ley de Medios”.

Como corre 2022 y no 2019, las contingencias son otras, aunque no menos nocivas para los clubes (y para los operadores de cable del interior del país, que ya tienen todo el negocio armado en base al pack fútbol). Por lo pronto, tanto Disney como Turner están “habilitadas para resolver el contrato” en cuanto entre en vigencia la ley propuesta por Parrilli. Ni la AFA ni los clubes tienen derecho alguno a reclamo. La otra posibilidad es que el contrato (cercano a $10 mil millones anuales) sea “readecuado”. “Las empresas pueden proponer una nueva contraprestación a fin de lograr restablecer la ecuación económico-financiera”, establece el convenio. Dicho de otra manera: tanto Turner como la empresa del Ratón Mickey pueden justificar una eventual merma en sus ingresos por la disminución de los abonados al pack fútbol y pagarle menos dinero a la Liga Profesional. O, lo que es lo mismo, a los clubes.

El contrato firmado establece un plazo de dos meses para negociar el nuevo valor mensual, a partir de que el gobierno implemente la estatización de las transmisiones. En ese lapso, las empresas quedan habilitadas para reducir temporalmente el precio que pagan por los derechos. Y si al cabo de las negociaciones no se arriba a un acuerdo, las dos compañías estadounidenses quedan habilitadas para rescindir el contrato. “Esta arremetida contra las empresas es insólita. Que el Congreso se aboque a discutir algo así, y que un senador del riñón de la vicepresidenta presente un proyecto como este y no se preocupe por los problemas reales es una locura. Pero así es nuestro país”, dice un experto en derecho que siguió las negociaciones del fútbol premium desde el día 1.

Del lado de las empresas recuerdan, además, que hay un antecedente judicial a su favor. Primero fue el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico quien falló a favor de Fox y Turner. Lo hizo el 4 de diciembre de 2017 y luego de una medida cautelar promovida por las empresas para resguardar los derechos de TV del fútbol premium. Para eso, el magistrado suspendió la aplicación de tres artículos de la Ley de Medios (entre los cuales estaba el 77, justamente). La decisión de Lavié Pico fue refrendada a fines de febrero de 2018 por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, por lo que las dos señales dueñas del fútbol premium pudieron seguir con el negocio del pack fútbol sin problemas. Hasta ahora.

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