Alejandro Einstoss: “El gran desafío del Gobierno es terminar de estructurar un plan de estabilización”

Alejandro Einstoss es economista y está especializado en energía y servicios públicos hace más de 30 años. A fines de 2020 publicó el libro Precios, Tarifas y Subsidios a la Energía.

–¿Por qué el tema energético genera tanto debate en el país?

–En la Argentina el sector energético está hace más de 20 años en agenda, básicamente por dos razones: una es que ahoga las cuentas públicas a causa de una matriz de subsidios infinanciable; la otra es la pésima política de precios, que derivó en una escasa inversión, se comió la infraestructura y terminó en una calidad de servicios calamitosa.

–El Gobierno aumentó fuerte las tarifas para los usuarios de ingresos altos, comercios e industrias, pero no tocó los precios de los hogares de ingresos medios y bajos. ¿Qué tan distorsiva es esta brecha entre lo que se paga?

–El Gobierno mostró un cambio de rumbo respecto de lo que había anunciado en las audiencias públicas. El secretario de Energía dijo que habría una reducción en tres pasos de los subsidios, en febrero, marzo y abril, lo que implicaba en principio la desaparición del nivel 3 [usuarios de ingresos medios] de la segmentación. Quedaban dos segmentos, un sector de la población que pagaba tarifa plena y un sector de la población que iba a tener alguna suerte de subsidios. Se da marcha atrás con esa idea. Uno podría elucubrar distintas razones. La primera, el miedo a la judicialización de este tema, que es real. La segunda, la necesidad de cumplir con el acuerdo con el Fondo, donde el Gobierno se comprometió a un aumento de 200% promedio de la tarifa eléctrica en febrero. Y quizás la tercera razón, la más importante, es que todavía no está estructurado el mecanismo de tarifa social o de focalización de subsidios. Me parece que el Gobierno se está metiendo en un problema al intentar hacer una tarifa social demasiado perfecta, que identifica bien los parámetros para focalizar los subsidios, pero que tiene problemas de gestión, de implementación, de factibilidad.

–Los parámetros son nivel de ingreso familiar y el lugar geográfico donde reside el usuario.

–Sí, no es solo el nivel de ingreso del titular del medidor, sino de todo el grupo conviviente. Eso ya plantea una dificultad grande, la de saber cuál es el nivel de ingreso de las familias en la Argentina, que tiene más de 50% de la economía en negro.

–El gobierno anterior también intentó segmentar por nivel de ingreso familiar, pero no fue muy eficiente, según criticó la actual gestión.

–Exacto. Después hablaron de una canasta básica energética por zona bioclimática. Uno diría que es razonable, pero la implementación de eso también es dificultosa porque si lo llevan al extremo, van a terminar con una tarifa distinta por cada familia, por cada usuario en las distintas regiones de la Argentina. Finalmente, van a tener que clasificar a esos usuarios por decil de ingreso, identificar los vulnerables, determinar el umbral a partir del cual se va a subsidiar y, en el excedente, aplicar el subsidio. Es muy complejo y va a contramano de lo que hace el mundo en relación a la tarifa social.

–¿Qué es lo que se hace?

–En general, todas las políticas de tarifa social tienen un talón de Aquiles, que es la determinación del universo al cual se tiene que asistir. La Argentina está atravesando una coyuntura macro y social importante, entonces no tendría que inventar la rueda en un programa que puede ser perfecto, pero que no cumple con las tres características que tienen todos los planes de focalización en la región, ser factibles, fáciles y transparentes. Esas características las tenía el plan de tarifa social federal, que aplicó la Argentina en 2016, y que se dio marcha atrás en parte en el pacto fiscal de 2017, cuando se transfirió la tarifa social eléctrica a las provincias.

–¿Cómo era?

–Se identificaba a los usuarios de tarifa social a través de ingresos, pero había determinados atributos sociales que hacían que directamente fueran pasibles de acceder al beneficio. Por ejemplo, los jubilados del haber mínimo, quienes cobran planes sociales o seguros de desempleo, quienes trabajan en casa de familia, etcétera. Esos usuarios, si tenían el medidor a su nombre y estaban incluidos en las bases de la Anses, eran beneficiarios directos de la tarifa social. Sistemas similares se aplican en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, España y hasta en el Reino Unido.

–¿Se puede subsidiar transfiriendo dinero a los beneficiarios de tarifa social para que cubran el servicio?

–La transferencia directa con una tarjeta o con un bono es en economía lo que diríamos la primera mejor opción. No hay duda de que es lo más eficiente y lo menos distorsivo. La Argentina aplica un mecanismo parecido con la garrafa social. En la tarifa eléctrica, la Argentina tiene 15 millones de hogares. El Gobierno reconoció que el 50% de la población es pobre. Si el 20% o 30% de esa población utiliza esa transferencia para ir al supermercado a comprar harina, yerba o aceite, eso desfinanciaría el sistema y sería muy complejo dar marcha atrás en la asignación de esos fondos, porque generaría una suerte de derecho adquirido, y, al mismo tiempo, el Gobierno tendría que seguir subsidiando el sistema eléctrico, porque tiene que seguir funcionando. La mejor forma de asignar los subsidios y de focalizarlos es a través de descuentos directos en la factura, como se está haciendo hoy. El tema es cómo se identifica y se acota la cantidad de familias a las cuales se les aplica el subsidio.

–¿Cree que van a llegar a implementar esta canasta básica energética para abril, como dijeron?

–Ojalá que puedan hacerlo. Implica un manejo de información muy grande. El antecedente que tenemos es la segmentación y el padrón, el famoso RASE, que el gobierno anterior no pudo terminar de conformar de manera correcta. El actual identificó bien esos problemas. Dice que no se controlaron los ingresos familiares. La identificación de los problemas está, lo que me llama la atención es que se redobla la apuesta y se está intentando un sistema aún más complejo. Si no se pudo manejar la información antes, ¿por qué se podría ahora? Va a ser difícil que se logre a partir del 1° de abril.

–¿Se puede cumplir con la meta de recortar en 0,5% el PBI los subsidios a la energía este año?

–El nivel de cobertura tarifaria de todo el sistema eléctrico hoy está por debajo del 50%. Con la corrección de precios que se hicieron para llevar a todos los segmentos de la demanda a costos, menos a los niveles N2 [ingresos bajos] y N3 [ingresos medios], se va a estar en un nivel de cobertura entre 75% y 80%. Eso implica un salto muy importante y creemos el Gobierno todavía está en línea para cumplir esa reducción de los subsidios, y quizás un poco más. Pero el salto de precios en algunos segmentos de la demanda es muy grande, sobre todo en los comercios chicos, que estaban pagando $8000 el megawatt hora mes (mwh/mes) y ahora van a pagar $43.000.

–¿Cómo hace ese comercio que tiene aumentos de tarifas de más de 100% en un mes, al mismo tiempo que el consumo empieza a caer?

–La corrección de precios relativos siempre es compleja y costosa. No solo en términos políticos, sino también en términos económicos y sociales. No es grato para nadie enfrentar los aumentos de tarifas. A mí me parece que es tan insustentable un esquema de subsidios generalizados con tarifas congeladas perpetuado en el tiempo, como un shock tarifario aislado, sin un plan de estabilización que lo contenga. El desafío todavía es que esta corrección de precios relativos se inserte en un plan de estabilización general, que baje la inflación. Eso es de por sí reactivante. Si uno mira las experiencias anteriores de planes de estabilización, solo bajar la inflación de los niveles actuales reactiva un poco la economía, y eso permitiría hacer un poco más tolerable la caída de las ventas. Así planteado, el aumento de las tarifas en los sectores comerciales, pymes o grandes usuarios que abastecen las distribuidoras presenta un problema. Como en todo aumento de tarifas, también enfrenta el riesgo de que se judicialice. El gran desafío del Gobierno es terminar de estructurar un plan de estabilización. Que se haya caído la ley ómnibus quizás representa una oportunidad para el Gobierno de presentar en el Congreso el presupuesto 2024. Eso permitiría explicitar determinadas pautas macroeconómicas, como el plan fiscal o la hoja de ruta para la reducción de los subsidios. Es un instrumento fundamental, que le da un marco de institucionalidad al proceso macroeconómico difícil que estamos atravesando.

–¿Por qué lo dice?

–El cómo es importante, no solamente el fondo de las cuestiones. Eso quedó en evidencia en el debate de la ley ómnibus. Las formas en que se plantean este tipo de medidas hacen parte importante de la construcción de gobernabilidad del Gobierno. Volviendo a las tarifas: es tan importante el diseño de la medida y la forma en que se hará el aumento tarifario, como el contexto macroeconómico en el que se implementa. Me parece sumamente relevante la forma y el contexto institucional que se le dé, porque es la diferencia para que sea sustentable en el tiempo o no.

–¿Por qué?

–Se puede hacer un shock tarifario que corrija las cuentas públicas y que permita llegar al 0,5% de recorte en subsidios en la energía, o más, pero que no pase como en el gobierno de Macri, que no fue sustentable en el tiempo. El problema de los subsidios se había solucionado relativamente, porque estaban en niveles manejables; la cobertura del precio del gas residencial estaba arriba del 80%. Hoy se está por debajo del 20%. Todo el esfuerzo hecho se perdió. Quizás por la forma en que se hizo esa corrección. Hay mucho dogmatismo en la discusión. Pasamos del congelamiento eterno con subsidios a todo el mundo a un Estado ausente donde todos tienen que pagar. El tema son las formas, cómo se transita ese camino.

–¿Cree que el gobierno de Javier Milei está cometiendo algunos de los errores que cometió el de Mauricio Macri?

–Todavía no lo podemos saber. Porque el gobierno de Macri llegó y conformó un equipo energético. Uno veía a un ministro con sus secretarios, subsecretarios y directores nacionales en funciones. Hoy estamos casi a 60 días de gobierno y todavía no vemos eso en la Secretaría de Energía. No están designados en su gran mayoría. Ahí tenemos una falencia, primero de gestión, porque es un tiempo valioso el que se está perdiendo, y no nos permite saber realmente qué está ocurriendo. Hay señales que van en el buen camino. Haber hecho las audiencias públicas me parece que está bien. El congelamiento de los precios de N2 y N3 me parece que es una mala señal. Hoy están pagando el 6% del costo de la energía que consumen. Un precio en pesos congelado por los próximos tres meses. El 30 de abril vamos a tener a dos de cada tres familias de la Argentina pagando precios de la energía eléctrica ridículamente bajos. Ahí habrá un problema de recomposición, porque el retraso va a ser muy grande.

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