El BID despejó el camino para la creación del fondo de las PPP

El Gobierno consiguió despejar el último obstáculo que le quedaba para la creación del fideicomiso que financiará los proyectos de infraestructura licitados bajo el modo de participación pública-privada (PPP). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) validó anteanoche el marco de integridad con el cual se regirán los bancos que prestarán financiamiento a las empresas contratistas, un requisito necesario para cubrirse del "riesgo reputacional" por posibles casos de corrupción.

Así lo confirmó el Ministerio de Transporte , que será el dueño del fideicomiso, aunque luego estará administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que preside Francisco Cabrera . La cartera que conduce Guillermo Dietrich también informó que el fondo permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año, de 1200 millones de dólares, aunque el monto apalancado final todavía no está confirmado.

El fideicomiso estaría constituido la semana que viene y recién ahí llegarán los préstamos de los bancos, que luego se canalizarán a las empresas que necesiten financiamiento. Según había adelantado el Gobierno, las entidades que participarán serían bancos internacionales, sin necesidad de que aporten créditos las entidades públicas como los bancos Nación, Provincia o Ciudad.

Dependiendo de las empresas que pidan un préstamo se repartirá en partes igual el monto total recaudado por el fondo estatal. Hay consorcios, como el compuesto por la compañía internacional China Construction America (CCA) y la argentina Green, a cargo de 540 kilómetros de la ruta 5 que une Buenos Aires y La Pampa, que posiblemente no haga uso del préstamo y consiga financiamiento por su parte.

La idea de crear un instrumento financiero que sirva como vehículo de intermediación surgió luego de que se desatara el escándalo de corrupción de los cuadernos, que golpeó de lleno el financiamiento no solo de los proyectos PPP, sino de toda la obra pública . El sector está golpeado además por las altas tasas de interés que encarecen el costo de los préstamos.

"Nos reenviaron recién las opiniones oficiales de los dos estudios de abogados expertos en integridad, que el BID contrató para la asistencia técnica que nos brindaron. Ambas opiniones califican a nuestro marco como al nivel de las mejores prácticas internacionales en la materia, que es lo que necesitaban los bancos para fondear el fideicomiso. Esto es un hecho inédito en América Latina y fue completado en tiempo récord", indicaron en Transporte.

Entre las exigencias que figuran en el marco de integridad está la obligación de las empresas de presentar una declaración jurada en la que certifiquen que no tienen entre sus accionistas y directores empresarios con procesamiento confirmado por la Cámara Federal, condenados por corrupción o arrepentidos.

"Los marcos de integridad permiten a los inversores mitigar sus riesgos si demuestran que tuvieron una diligencia en asegurar que había controles. De esa manera podrían evitar o reducir potenciales sanciones o multas de la SEC -Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos- o del Departamento de Justicia. Esto agrega un marco de controles robusto que les da más garantías a los bancos que canalizan la inversión", explicó Juan Cruz Díaz, director de la consultora internacional Cefeidas Group.

Las 13 empresas que obtuvieron las adjudicaciones de los seis corredores viales se hicieron cargo a comienzo de agosto de la operación y mantenimiento de las rutas y autopistas -bacheo, iluminación, señalización, limpieza, corte de pasto- y ya perciben ingresos por lo recaudado con los peajes. Sin embargo todavía faltan que comiencen las obras grandes -como construcción de nuevos carriles y la transformación de rutas a autopistas-, que debería iniciar entre este mes y enero, según figura en los contratos.

La inversión total estimada para la ejecución de obras en 3300 kilómetros es de US$8000 millones en total: US$6000 millones durante los primeros cuatro años y más de US$2000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento. El Gobierno comienza a pagarles a las empresas a partir de los dos años, con títulos de inversión pública.

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