El Gobierno redistribuye un subsidio y se propone que no haya obras sociales a las que considera “sellos de goma”
Un decreto modificó un criterio de asignación de fondos que había dispuesto Cristina Kirchner; según las autoridades, el mecanismo implicaba premiar la ineficiencia; con los cambios en la libre opción para afiliados también se apuntó contra un grupo de entidades; cuáles son los planes de la Superintendencia para las prepagas
LA NACION
El Gobierno dispuso cambios en la distribución de un subsidio a las obras sociales, al revertir lo establecido en 2012 por un decreto de la expresidenta Cristina Kirchner. Aquella medida, según las actuales autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, provocó distorsiones y derivó en el otorgamiento de montos millonarios a un grupo de entidades que, en algunos casos, no dan las prestaciones exigidas por el sistema.
El llamado Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) fue instituido por el decreto 1609, que en 2012 previó que un 5% de la recaudación mensual de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales se distribuyera según criterios especiales, por fuera de lo que va a cada entidad según sus afiliados. Y se especificó que a las entidades con menos de 5000 personas se les debía garantizar un monto por afiliado equivalente al ingreso promedio per cápita de todas las obras sociales. El decreto 355 desarma ese mecanismo y establece que un 3% de la recaudación se repartirá “en forma directamente proporcional al número de afiliados de cada agente”, sin importar el tamaño de la obra social.
La medida se asocia con uno de los lineamientos de la gestión de la Superintendencia, el organismo que en estos días tiene un rol protagónico, con la Secretaría de Industria y Comercio, en el conflicto con las prepagas, generado luego de que el Gobierno decidió desregular la suba de cuotas.
Al frente de esta dependencia está Gabriel Oriolo, un exdirectivo de OSDE -donde trabajó durante casi tres décadas-, y el gerente general, Claudio Stivelman, es un médico especializado en gestión de prestaciones, también con trayectoria en el sector. Una de las improntas de la gestión es que se considera inviable un sistema con casi 300 obras sociales, entre las cuales muchas son muy chicas y ni siquiera dan los servicios de salud que deberían prestar.
“El objetivo es terminar con los históricos sellos de goma que se hacen pasar por obras sociales, pero solo buscan cobrar subsidios del Estado”, dicen en el Gobierno, en referencia a la medida sobre el SUMA. Y agregan que se detectó que muchas entidades optaban por “no crecer ni ofrecer mejores prestaciones para no perder fondos que recibían únicamente por no superar los 5000 afiliados”. Y agregan: “Se le daba un premio a la ineficiencia”.
Según fuentes del área de Salud, un caso que grafica lo provocado por el decreto de 2012 es el de una obra social que, con 4400 afiliados, recibía un subsidio de $22.000 por persona, “lo que significa unas 30 veces más que lo recibido por una de más de 100.000 afiliados”.
Derivación de aportes
El Gobierno ya tuvo antes un capítulo de declaraciones contra entidades sindicales a las que se acusa de ser solo “sellos de goma” y de quedarse con recursos sin aportar a la prestación sanitaria. Ocurrió en febrero, cuando se reglamentaron los cambios al régimen de libre opción para derivar los aportes y contribuciones de empleados y empleadores. En ese entonces se anunció que los trabajadores podrían optar libremente por derivar los aportes a una prepaga, sin tener que pasar por una obra social que actúe como intermediaria quedándose con una comisión, algo que pasa desde hace décadas.
Por ahora, sin embargo, ese anuncio no tuvo un correlato en los hechos. Las empresas de medicina privada no están obligadas a estar en el sistema de captación directa de los aportes, sino que eso es opcional. En la práctica casi no hubo interés por adherir a ese mecanismo y continúan vigentes los contratos de tercerización entre prepagas y obras sociales, muchas de las cuales son consideradas por las autoridades como “sellos de goma” que suman costos al sector.
Según señalan en algunas entidades, entre las razones de la escasa adhesión están la falta de claridad sobre los precios que podrían cobrar y la imposibilidad que tendrían, al ser actores directos del sistema de seguridad social, de conocer el estado de salud de quienes pidan afiliarse y de sus grupos familiares. De acuerdo con la regulación actual, las prepagas no pueden rechazar a alguien que pide contratar un plan y tiene la necesidad inmediata de determinados tratamientos, pero sí están autorizadas a cobrar sobrecuotas, que, según el caso, suelen hacer inviable la afiliación. Si no fuera así, dicen los directivos, se rompería la lógica del sector y terminaría perjudicándose al conjunto de afiliados.
Conflicto por otros fondos
Más allá de la derivación de recursos a los subsidios del SUMA, hay una parte de lo aportado por trabajadores y empresas dentro del sistema de seguridad social que va al llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que funciona a manera de un seguro para cubrir los gastos por las coberturas de discapacidad y de ciertos medicamentos y prácticas de alto costo. Sobre esa cuestión hay un punto que despertó un conflicto con las prepagas, previo al de la denuncia judicial hecha por la Superintendencia por supuesta cartelización en las subas de las cuotas tras la desregulación total dispuesta por el DNU 70.
Ese mismo decreto estableció la obligatoriedad de pagar, para alimentar al FSR, un aporte de 20% calculado sobre los montos de las cuotas que, en los casos en que el descuento salarial se deriva al pago de un plan de salud, se abonan en exceso de los aportes y contribuciones. Por ahora, esa parte de la cuota no está alcanzada por la contribución al FSR.
La resistencia de las prepagas al pago dispuesto por el DNU –que pesaría solo sobre los planes en los que se usan aportes salariales o del monotributo para pagar parte de las cuotas- responde a que, según los directivos, si bien acceden a compensaciones del fondo, los montos que se logran recuperar, con varios meses de rezago, son ínfimos en comparación con los costos de las prestaciones. Sostienen también que es un instrumento que se manejó en los últimos años con opacidad y privilegiando a determinadas entidades sindicales, algo que desde la actual gestión señalan que “se terminó”.
Un dato en el que coinciden sindicalistas, directivos de prepagas y autoridades es que los recursos del FSR no son suficientes para cubrir todas las exigencias que se pusieron sobre este instrumento. Por caso, las prestaciones por discapacidad, que no solo tienen que ver con la parte sanitaria, se llevan alrededor de 70% de los recursos.
Antes de la irrupción del conflicto por el aumento de las cuotas de las prepagas, circuló en el sector un proyecto de decreto para disponer la unificación del aporte al FSR en un 15% de lo recaudado. El 15% es lo que aportan las obras sociales sindicales, en tanto que las de personal de dirección contribuyen con el 20%. Esa modificación moderaría la situación para las empresas, solo en comparación con la prevista en el DNU 70 (que fija la alícuota de 20%). Más allá del porcentaje, las prepagas señalan que si tuvieran que hacer esa derivación de fondos deberían trasladar el monto implicado a las cuotas.
En el ojo de la tormenta
Lo cierto es que la conflictiva disposición sobre ese aporte quedó en suspenso, al tiempo que avanza la causa judicial iniciada por la Superintendencia por supuesta conducta cartelizada para subir las cuotas. En un primer momento la denuncia fue contra 23 prepagas y esta semana el Gobierno sumó a 14 más. El 3 de mayo, el juez Juan Rafael Stinco dio lugar a una medida cautelar y resolvió que las entidades deben moderar los incrementos de las cuotas, para que no vayan más allá de la suba promedio de precios.
Además de frenar los incrementos de aquí en adelante, la medida cautelar establece que debe recalcularse lo cobrado en lo que va de este año. Y eso deriva en la obligación de las prepagas de devolver montos que, según surge del criterio de las subas según la inflación, se cobraron de más. Las entidades apelaron la decisión y pidieron una prórroga del plazo de 5 días que inicialmente se les dio para presentar un plan de devolución de dinero a los afiliados. Ahora, la expectativa está puesta en una audiencia entre partes citada por el juez para el 27 de este mes.
Más allá de la urgencia de ese tema, en la Superintendencia trabajan en cuestiones de más largo plazo, y una de las que ponen sobre la mesa es la del Plan Médico Obligatorio (PMO), el conjunto de prestaciones que deben dar las obras sociales y las prepagas. A las exigencias establecidas originalmente se fueron sumando nuevas, a través de leyes Congreso que, según una vieja advertencia de los actores de la actividad, no previeron cómo sería el financiamiento.
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