La guerra de México contra la comida chatarra podría sentar precedentes

CIUDAD DE MÉXICO—Una iniciativa de México para imponer impuestos especiales a la llamada comida chatarra y las bebidas azucaradas representa un desafío para algunas de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo, sobre todo a medida que la lucha contra el azúcar amenaza con expandirse hacia otros mercados importantes.

La cámara baja del Congreso mexicano aprobó la semana pasada un proyecto de ley que busca imponer un impuesto de 5% sobre la comida empacada de altas calorías, incluyendo alimentos populares como la mantequilla de maní y los cereales edulcorados. El impuesto se suma a otro gravamen propuesto de un peso mexicano (ocho centavos de dólar) por litro a los refrescos con azúcar que también fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Estos dos impuestos presentan un importante desafío para algunas de las firmas más conocidas del mundo, como Coca-Cola Co., Kellogg Co. y el gigante suizo Nestlé S.A. México es el mayor consumidor per cápita de productos de Coca-Cola del mundo y América Latina es la región más rentable de la empresa después de Europa, según la compañía.

El presidente ejecutivo de Coca-Cola, Muhtar Kent, se mostró tan preocupado por el proyecto de ley que llamó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en las últimas semanas, según personas al tanto de la situación.

Videgaray le dijo a Kent que México decidirá según sus propios intereses, según esas fuentes.

"Un impuesto sobre las bebidas no es efectivo para combatir un problema tan complejo como la obesidad", indicó Coca-Cola en un comunicado el viernes. "Para cambiar los comportamientos de forma efectiva, debemos asegurarnos de que la gente entienda que cuando se trata del peso todas las calorías cuentan, más allá de la fuente, y que eso incluye también nuestras bebidas calóricas".

México es el noveno mercado de alimentos procesados. El año pasado, fue el tercer mercado por ingresos para el fabricante de snacks y bebidas PepsiCo, sólo detrás de Estados Unidos y Rusia, contribuyendo con 6% de sus ingresos anuales, según la empresa. América Latina en conjunto representa 15,8% de las ventas totales de Mondelez, el fabricante estadounidense de marcas como Oreo y Cadbury.

Se prevé que el Senado mexicano apruebe ambas medidas como parte de una reforma tributaria más amplia en las próximas semanas. El impuesto podría afectar el consumo, al menos inicialmente, en México, pero es poco probable que impacte mucho en las ventas globales de las grandes multinacionales, indicaron analistas. La pregunta real es si los legisladores mexicanos seguirán aumentando los impuestos sobre la comida chatarra y las bebidas gaseosas una vez que sean aplicadas y si otros países seguirán el ejemplo.

La directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), Lorena Cerdán, indicó que las decenas de empresas que representa están preocupadas por el precedente que establece en otros países el impuesto a la comida chatarra en México.

Si la iniciativa se extiende a otras partes de América Latina y del mundo, podría comenzar a parecerse a la lucha contra el ta-baco que libran gobiernos de todo el mundo, con impuestos cada vez más altos a los cigarrillos en nombre de la salud pública.

"Este es un proyecto de ley emblemático que podría tener un impacto importante en la epidemia de obesidad y diabetes", manifestó Kelly Henning, que encabeza los programas de salud pública de Bloomberg Philanthropies. El grupo, que donó US$10 millones a varios grupos mexicanos, afirmó que el éxito en México podría allanar el camino para políticas similares en otros países en desarrollo.

El viernes, muchas empresas mexicanas rechazaron el impuesto porque creen que perjudicaría las inversiones cuando la economía nacional lucha por crecer. Asimismo, grupos empresariales y sindicales compraron páginas enteras en los diarios para mostrar su oposición.

Siete de cada 10 adultos en México y un tercio de los niños tienen sobrepeso o son obesos, según datos del gobierno.