Apología de la droga desde el Estado

Tres denuncias presentadas por el abogado Fernando Sarabozo, el representante de Jóvenes Republicanos Ulises Chaparro y el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff ingresaron en el fuero federal contra el intendente de Morón, Lucas Ghi (Frente de Todos), luego de que se difundió una campaña lanzada por el jefe comunal mediante la cual se incitaba al consumo de estupefacientes. Las denuncias se basan en la ley de tenencia y tráfico de drogas, que dispone una pena de prisión y multa para quien públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes.

Nueve concejales de Juntos por el Cambio, en Morón, quienes se proponen interpelar a Ghi en sesión especial, recurrieron también a la Justicia y solicitaron que la municipalidad presente toda la documentación sobre adicciones distribuida en el festival cultural gratuito del pasado fin de semana en Castelar, conocido como La Minga, así como la aclaración de si hubo limitaciones de edad para el ingreso de una asistencia estimada en 30.000 personas.

La referida campaña de “reducción de daños” frente al consumo de estupefacientes, una ordenanza aprobada por unanimidad que supuestamente amparaba una política de cuidados, no contemplaba las características de la controvertida “guía de bolsillo” de distribución masiva emanada de la Dirección de Políticas para Juventudes de la intendencia. Ante la polémica suscitada, el jefe comunal se defendió al remarcar el valor de ofrecer una alternativa al paradigma punitivista, la estigmatización y la persecución penal que, en su opinión, no han dado resultado. Asimilando extrañamente el debate al que se generó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la de educación sexual integral, Ghi insiste en que resulta auspicioso.

“Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”, se lee en los panfletos municipales. No solo eso. El sugestivo consejo incluye: “Si vas a consumir, mejor flores [de marihuana] que prensado”, recomendando que se recurra a “fuentes confiables” para proveerse de las sustancias. Con la misma lógica, pudieron haber incluido los celulares de algunos dealers o la ubicación de los kioscos de venta que abundan en el conurbano, pensarán algunos con razón. De lo que nadie puede dudar es del involucramiento del Estado en esta acción cuando expresamente se incluyen los teléfonos de contacto de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) y del SAME.

En febrero pasado, a raíz de la investigación por la mortal cocaína adulterada, se conoció información emanada de la cartera de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, que planteaba recomendaciones de “prácticas saludables” para el consumo. “Anticipate a disfrutar como te gusta. Analizá cuál va a ser tu límite. Mantené un vínculo, no te aísles. Conocé el origen de lo que consumís. Elegí un consumo cuidado”, se promovía. Está claro que con el dinero público se alienta el consumo, un buen negocio para muchos miembros del poder; el secreto detrás de la incesante expansión del narcotráfico en todo el mundo.

El aumento sostenido de las escalofriantes cifras de comercialización y consumo de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires, en Rosario y en otras tantas zonas del país no se explica si no se asumen peligrosos niveles de connivencia, cada vez menos solapada, entre funcionarios, miembros del Poder Judicial e integrantes de las fuerzas de seguridad. Cuando desde el poder se alienta esa connivencia y se recurre a instrumentos de promoción del consumo como el que nos ocupa, la preocupación de una sociedad golpeada por el narcotráfico se traduce en indignación.

Quienes ven a sus seres queridos atrapados en consumos problemáticos, muchas veces con riesgo de vida y familias destruidas, alzan sus voces para condenar que, en lugar de advertir crudamente sobre los efectos nocivos y los irreparables daños que ocasiona el consumo de sustancias adictivas, un volante que arranca con un “si salís de joda” aliente el inicio del consumo. Mucho más grave resulta aún que la incitación provenga del propio Estado, obligado a cuidar de sus ciudadanos, que perversamente los lastima y promueve la pérdida de percepción del peligro.

Con similares argumentos, desde distintos ámbitos, se alzaron numerosas voces. En tanto expertos en toxicología encontraron muy contraproducente el mensaje, Mario Negri, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich, entre muchos otros dirigentes políticos, utilizaron las redes para condenar la decisión de Ghi.

La madre del cantante Chano Charpentier, quien desde hace años lucha por salir de su adicción, denunció que el folleto busca naturalizar el consumo. Agregó que va en línea con una actitud del Gobierno que sería claramente intencional: “Nos quieren pobres, brutos y enfermos”, sostuvo monseñor Jorge Vázquez, obispo de Morón, quien también sumó su preocupación por la peligrosa ambigüedad del mensaje a los más jóvenes.

La principal estrategia de intervención de un Estado debería ser la prevención primaria y la promoción de hábitos saludables y no campañas aisladas y masivas de supuesta reducción de daños.

Se impone tomar conciencia de los terribles efectos que acarrea el consumo de drogas, acercar ejemplos, promover el debate y trabajar en el territorio. El combate contra el narcotráfico no resiste demoras ni argumentaciones falaces, mucho menos condescendencia hacia quienes desde el Estado faltan irresponsablemente a sus deberes poniendo en riesgo la vida de las personas.